El Procurador General de la Nación envió un concepto a la Corte Constitucional sobre el artículo incluido dentro de la ley estatutaria del plebiscito para la paz que contempla la participación en política de los funcionarios públicos, en el cual solicita que se prohíba a los servidores públicos promover los acuerdos de paz que se están negociando en la Habana, Cuba. Y bueno, lógicamente será la Corte Constitucional la que decida si acepta este desafuero del procurador al pretender que se prohíba a los funcionarios públicos promover un derecho fundamental como es la paz. Así la paz sea etérea, simbólica, una muletilla desgatada…no se puede negar que lo mejor que nos puede pasar es que la guerrilla de las Farc se desmovilice, entre a la vida social, al ejercicio político y contribuya realmente a construir una sociedad más justa y equitativa.
Y es que el cinismo del Procurador General no tiene límites. Él hace rato viene haciendo política con los acuerdos que se están desarrollando entre el gobierno y las Farc y no le pasa nada. Claro, lo viene haciendo de manera inversa, oponiéndose a un proceso de paz cuando él debería ser el primer abanderado de esa cruzada para que esa negociación llegue a feliz término pues, se supone, que el procurador tiene la obligación de garantizar que los derechos fundamentales que establece la Constitución sean una realidad. Y la paz, hay que repetirlo hasta la saciedad, es un derecho fundamental que nos debe garantizar el Estado. Y eso está haciendo el Gobierno Nacional con el proceso de negociación de la guerrilla, garantizar que la paz no sea sólo de papel.
¿Entonces el Procurador General sí puede hacer política contra el proceso de paz y los funcionarios públicos no pueden hacerla a favor de ella? ¡Por favor!, qué estaremos pagando con este procurador. Si en estos tiempos viviera Jorge Eliecer Gaitán, no diría ¡mamola! No. Diría ¡la chimba! Sí procurador, la chimba. Definitivamente, está claro que los que se están oponiendo al proceso de paz están desarrollando todas las formas de lucha que se traducen en “resistencia civil”, amenazas y asesinatos a líderes de derechos humanos y restitución de tierras y, ahora, ensillan al Procurador General para que le sugiera a la Corte Constitucional que le prohíba a los funcionarios promover los acuerdos de paz que se desarrollan en la Habana.
Así que no nos dejemos chantajear del procurador. Es un deber de todos los ciudadanos, eso incluye a los servidores públicos, promover la paz y oponernos a la continuidad de la guerra.