El Huila se levantó ayer con un nuevo hecho de alteración del orden público que, lamentablemente, representa la gran crisis que en materia de seguridad ha vivido en este 2023 el departamento.
La incineración la noche del martes pasado de un bus afiliado a la empresa Coomotor en la vía entre Garzón y Pitalito, en el sector conocido como El Grifo, jurisdicción del municipio de Altamira, no es un hecho aislado. Se trata de una cadena de sucesos que evidencian un retroceso en la seguridad del Huila y la incapacidad –o ineficiencia—de las autoridades para contrarrestarlos.
Desde finales del año pasado y comienzos de este, la Policía, el Ejército y demás organismos de seguridad del Estado estaban alertados de la creciente amenaza que representaban las disidencias de las Farc. Poco a poco, las vertientes de este grupo ilegalmente armado, en especial las que están al mando de ‘Iván Mordisco’, han ido extendiendo sus ‘tentáculos’ en Neiva, Campoalegre, Hobo, Algeciras, Baraya, Tello, Íquira, Nátaga, La Plata y otros municipios. Esos ‘tentáculos’ han representado no sólo extorsiones sino homicidios selectivos, masacres, atentados terroristas, desplazamientos forzados, ‘carnetización’, confinamientos y reclutamiento de menores de edad, entre otros hechos delictivos.
Lo que tanto negaron se ha venido dando: en el marco de la ‘Paz total’ del gobierno de Gustavo Petro, las autoridades huilenses prácticamente se han hecho las de la ‘vista gorda’ frente al fortalecimiento de las disidencias de las Farc.
Tal como lo advertimos desde esta tribuna, era obvio que las disidencias no se iban a quedar haciendo solo extorsiones como empezaron a finales del año pasado. Hoy, además, tienen la capacidad de someter a comunidades enteras y de impartir “normas de convivencia”. En las pasadas elecciones tampoco permitieron el ingreso a sus zonas de dominio de políticos en campaña.
Y si continúan en ese plan de expansión, los atentados terroristas y demás hechos delictivos estarán a la orden del día en 2024.
