Hoy se cumplen cinco años de la firma de los acuerdos de paz

Un 24 de noviembre del año 2016, el entonces presidente de la República Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño firmaron los acuerdos de paz, un hecho que aplaudió el mundo, dividió a un país y desarmó a la guerrilla más poderosa del país.

Redacción Web/LN

Hoy se están cumpliendo cinco años de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en el Teatro Colón de la capital de la República. Aunque gran parte del mundo aplaudió este hecho, dividió a un país.

El acuerdo, que fue negociado en La Habana, Cuba, dentro de los puntos importantes están reformas políticas y agrarias -la propiedad de la tierra detonó el conflicto-, fórmulas contra el narcotráfico y la promesa de justicia para cientos de miles de víctimas.

Sin embargo, más de la mitad de los colombianos se opuso en un plebiscito previo a la firma, lo que obligó a ajustar el pacto y hundió al país en la polarización

Números puntuales

El acuerdo no extinguió la violencia, pero ha salvado muchas vidas. Según Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, antes de 2012, cuando comenzaron los diálogos, la tasa anual de homicidios era de 12.000 al año. “Durante el proceso de negociación, de 2013 a 2016, llegó a bajar a 9.000” homicidios, dijo a la AFP.

Sin embargo, en el punto anterior, de acuerdo con Garzón, entre enero y septiembre de 2021, los homicidios volvieron a crecer, llegando a 10.500 en este periodo de tiempo.

Hernando Gómez Buendía, director del portal Razón Pública, revela un dato más certero: cada año morían unas 3.000 personas por el conflicto y en 2017 fueron 78.

Aunque el grueso de las Farc se desmovilizó, quedaron activas disidencias y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a la ofensiva tras un intento fallido de paz.

Las Farc aceptaron la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que también le abrió la puerta a los paramilitares y agentes del Estado implicados en graves violaciones de derechos humanos. A cambio de que confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y no reincidan, podrán eludir la cárcel.

 

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