Human Rights Watch exhibió el rostro sanguinario de las protestas

La organización presentó su informe acerca de las violaciones de normas internacionales en el marco del paro nacional en Colombia. Habló de una “brutalidad policial”, entregó datos confirmados sobre el número de víctimas fatales durante las manifestaciones. También el consolidado de daños a manos de civiles.

 huila@lanacion.com.co

Human Rights Watch (HRW) aseguró que han confirmado 34 muertes en el contexto de las protestas: dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes, “de los cuales al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías”.

En al menos 15 de los casos, las víctimas civiles tenían heridas de bala en órganos vítales: 7 tenían heridas en el tórax, 6 en la cabeza y 2 en el abdomen.

En su informe presentado ayer y titulado “Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes”; precisó que “personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos”. Denunció que “los policías no parecen haber tomado acciones para prevenir o frenar estos ataques”. Y urgió por investigar los hechos y que no se queden impunes. Tanto los casos de los Policías, como personas vestidas de civil.

Durante el paro, otros 1.100 manifestantes y transeúntes han resultado heridos, nueve de estos con lesiones oculares graves, “al parecer como resultado de cartuchos de gases lacrimógenos o proyectiles de impacto cinético disparados con fusiles antidisturbios”. Y “siete de estas personas probablemente perderán la visión en un ojo”, explicó.

Procedimientos

El informe además cita que a fecha del tres de junio Mindefensa documentaba 1.200 personas detenidas por delitos presuntamente cometidos durante las protestas.

Frente a ello, aclaró que “los fiscales habían imputado a 215. La Fiscalía General de la Nación dijo a Human Rights Watch que cientos de detenidos fueron liberados luego de que un juez o fiscal determinara que sus derechos habían sido violados durante la detención o que no existían evidencias de que habían cometido un delito”.

También denunció agresiones contra la prensa  y defensores de derechos humanos. Detenciones arbitrarias en los que la policía empleó la figura de “traslado por protección”. Y dos casos de violencia sexual donde los uniformados habrían sido los responsables.

Al momento de ser construido el informe, no se conocía el paradero de 115 personas. Esclareció que de las 419 ciudadanos inicialmente declarados desaparecidos por familiares durante las protestas, la Fiscalía logró localizar a 304, muchos estaban detenidos.

Contra la Policía

Durante las protestas, también personas encapuchadas cometieron actos “graves” en contra de uniformados, infraestructura privada, bienes públicos, saqueos y riñas.

“Aunque la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica, algunos individuos cometieron actos graves de violencia, incluidas agresiones violentas contra policías y ataques a estaciones de policía con piedras y cócteles molotov, saqueos e incendios de bienes públicos y privados”, subrayó.

Se tiene el registro de que más de 1.200 policías habían sido lesionados, al menos 192 de gravedad, dos agentes habían muerto y siete seguían hospitalizados con fecha del dos de junio. Veinte fueron heridos por armas de fuego. Y una uniformada fue golpeada por varios individuos que luego la abusaron sexualmente.

Los bloqueos viales han restringido e impedido la distribución de alimentos y la circulación de ambulancias, sobre todo en los departamentos de Valle del Cauca y Cundinamarca. El documento reseña que una bebé recién nacida murió el 23 de mayo luego de que los manifestantes bloquearan la ambulancia que la trasladaba entre Cali y Buenaventura.

Aunque es un sangriento panorama, la fuerza desmedida no es defendible, aseguró. “La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”, señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas.

Por todo eso, HRW ha reiterado que el país “necesita una Policía de carácter civil que esté entrenada para responder a las manifestaciones de una manera respetuosa de los derechos humanos”.

Afirmó que el sistema disciplinario interno no ha castigado a los agentes responsables por abusos durante protestas en los años 2019 y 2020. “La Fiscalía, que adelanta investigaciones penales, tampoco ha logrado avances suficientes en sus investigaciones sobre abusos cometidos durante esas protestas”, dijo.

Human Rights Watch dejó en claro que corroboró varios videos en los que se ve a policías disparando armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, en circunstancias en las cuales no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una persona.

Parte de reforma a la Policía es de carácter “cosmético”

Human Rights Watch destacó las medidas para transformar la Policía en Colombia y también criticó duramente otras.

“Las reformas al sistema disciplinario, podrían tener un impacto positivo para prevenir y sancionar abusos policiales, si son diseñadas e implementadas adecuadamente”, dijo.

“Sin embargo, otras de las medidas anunciadas parecen ser más bien de carácter cosmético y, en general, las reformas propuestas no son suficientes para prevenir violaciones de derechos humanos y garantizar justicia por los abusos”.

Hoy el paro nacional y bloqueos en el marco del mismo cumplen 44 días.

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