En un giro sorprendente de los acontecimientos, la Procuraduría General de la Nación ha archivado la investigación sobre presuntos sobornos a concejales de Neiva durante el proceso de elección del Personera y Contralor. Este inesperado desenlace ha dejado a la opinión pública consternada y ha levantado serias interrogantes sobre la transparencia en el ámbito político local.
La investigación, que había captado la atención ciudadana por las acusaciones de corrupción que involucraban a varios concejales, llegó a su fin con el sorprendente archivo de las diligencias por parte del organismo que se supone vela por los intereses públicos y que pareciera dejó que pasara el tiempo, ocho largos años, para en iniciar la acción disciplinaria, denunciada en tiempo real.
La ciudadanía de Neiva, que confiaba en que la investigación arrojaría luz sobre las prácticas poco éticas en la elección de la Personera y el Contralor, se encuentra ahora sumida en la decepción y la incredulidad. La decisión de la Procuraduría ha provocado críticas contundentes, alegando que este archivo podría ser interpretado como un revés para la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas.
Con esta decisión del Ministerio Público la confianza en las instituciones encargadas de salvaguardar los intereses de la ciudadanía se ve ahora cuestionada, y la necesidad de reformas y medidas más estrictas para prevenir la corrupción se vuelve aún más apremiante.
El sorpresivo archivo del proceso disciplinario podría ser premonitorio en el mismo caso pero en manos de la justicia penal y que para sorpresa de la opinión pública, la misma suerte podría ocurrir este año que se viene adelantando a paso de tortuga desde hace seis años.
Este capítulo vergonzoso en la historia política local subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia. La sociedad neivana, en busca de respuestas y transparencia, se ve en la encrucijada de exigir mayores niveles de integridad y responsabilidad en sus representantes electos.
