Un nuevo aplazamiento se dio en la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde del municipio de Íquira, Darwin Hernán Leiva Gaitán; su secretario de Planeación, Raúl Bran Trujillo, y el contratista Isaías Díaz Ladino, investigados por presuntas irregularidades en el contrato para el mantenimiento y repotenciación de luminarias.
La decisión adoptada ayer por la Jueza Promiscua Municipal del Municipio de Aipe se originó por la ausencia de los abogados defensores de los dos funcionarios públicos y el particular.
La togada reveló que la abogada del alcalde Leiva Gaitán y el secretario de Planeación, Bran Trujillo, renunció a la defensa de los dos el viernes anterior. “La abogada en constancia radicada en el despacho el 4 de abril de 2014 manifestó que renuncia al poder conferido por Darwin Hernán Leiva Gaitán y Raúl Bran Trujillo”.
Mientras que Díaz Ladino llegó a la diligencia sin abogado que lo representara.
La ausencia de los profesionales del Derecho hizo que la jueza advirtiera a los indiciados que en la próxima diligencia, el 16 de junio de 2014, debían llegar acompañados de sus abogados defensores.
La Fiscal 12 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública imputará a Leiva Gaitán y su Secretario de Planeación el delito de peculado por apropiación; mientras que endilgará el mismo cargo al contratista, pero como interviniente.
El fiscal instructor además solicitará al Juez Cuarto Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías la medida de aseguramiento preventivo contra los tres indiciados.
La investigación contra el Alcalde, su Secretario de Planeación y el contratista inició con la denuncia instaurada por el concejal Eduardo Adolfo Garcés Andrade, quien denunció las presuntas irregularidades ante la Contraloría Departamental.
La presunta irregularidad
El fiscal encontró méritos suficientes para solicitar la imputación contra el mandatario, su Secretario y el contratista, al encontrar supuestas irregularidades en el Contrato 023 suscrito el 18 de mayo de 2012 por 15 millones de pesos para el mantenimiento y repotenciación de luminarias.
El contrato fue adjudicado a Díaz Ladino, quien es un proveedor que no garantizaba la calidad técnica para ejecutarlo y quien cobró las obras sin haber cumplido a cabalidad.
Las investigaciones permitieron a los efectivos establecer que el contrato no se habría cumplido en su totalidad. Según las investigaciones, de los 100 balastos contratados se instalaron 70, “20 no eran nuevos sino reutilizados”.
El operario confirmó que no se cambiaron los cables y muchos conectores fueron reutilizados. “Las condiciones del contrato no se cumplieron al ciento por ciento de su cabalidad y según dichas condiciones no se suministraron los materiales necesarios, ya que se cambiaron algunos defectuosos por unos reutilizados y no nuevos”, explicó la Contraloría en la audiencia pública realizada en agosto de 2012 al archivar la investigación.
“Se encuentra plenamente demostrado el cumplimiento parcial del Contrato de Suministros y Mantenimiento 023 de 2012 y el pago total soportados en el presunto cumplimiento del mismo, como lo registra en un informe, actuación que merece reproche fiscal, ya que se aparta de la buena fe que debe regentar la contratación pública”, señaló el organismo de control.
