Por peculado por apropiación y falsedad responderán los hermanos Dávila y cuatro de sus empleados, beneficiarios del programa de subsidios, mediante maniobras fraudulentas. Por peculado por apropiación y falsedad responderán los hermanos Dávila y cuatro de sus empleados, beneficiarios del programa de subsidios, mediante maniobras fraudulentas. LA NACIÓN, Bogotá El Fiscal Cuarto de la Unidad Nacional Anticorrupción imputó cargos a tres miembros de la familia samaria Dávila Abondano y a cuatro empleados del grupo empresarial Daabón, por apropiarse, en forma irregular, de 2.472 millones de pesos provenientes del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). La imputación la hizo ante la Juez 26 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías contra los hermanos Alfonso, Juan Carlos y Alberto Dávila Abondano, asi como a los empleados del grupo empresarial Daabón Germán Zapata Hurtado, Luis Miguel Vergara Díazgranados, Jesús Antonio Carreño Granados y Manuel Guillermo Barrios del Ducca. Los particulares responderán por los delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo y sucesivo, en concurso con falsedad en documento privado. El fiscal señaló que con el fin de apoderarse de los dineros del Estado; sin cumplir con ningún requisito y presentando documentos falsos de terrenos no autorizados, los hermanos Dávila Abondano crearon dos empresas en las que fungieron como gerentes, arrendatarios y arrendadores para lograr la selección de los proyectos de riego y drenaje que al final era uno solo, y que fue enviado por cada una de las propuestas aprobadas. La estrategia Por medio del Grupo Dabon los tres hermanos incluyeron como arrendatarios, gerentes y funcionarios de las empresas a sus empleados, quienes son los otros cuatro imputados y que fungían como integrantes de los proyectos presentados, explicó el fiscal. Detrimento Según lo establecido durante la investigación, el detrimento patrimonial asciende a 2. 473 millones de pesos, dinero que fue devuelto en su totalidad por los hoy procesados. Al término de la audiencia los imputados no se allanaron a cargos. El fiscal del caso sostuvo que los hermanos Dávila Abondano para acceder a esos dineros parcelaron en cinco predios la finca Las Mercedes, ubicada en zona rural del municipio de Ríohacha (Guajira). Lo mismo ocurrió con la finca La Tequendama, situada en el municipio de Aracataca (Magdalena), que fue parcelada en dos predios: El Salado Uno y El Salado Dos, con el fin de aumentar sus beneficios. Igual maniobra y con el mismo propósito efectuaron en el predio La Cimarrona los Dávila Abondano. Por las irregularidades en el programa son investigados el ministro Andrés Felipe Arias Javier Enrique Romero, ex director de Desarrollo Rural; Oskar August Schoerder, ex jefe de la Oficina Jurídica ; Juan Camilo Salazar Rueda, ex viceministro y Tulia Eugenia Méndez Reyes, ex jefe de la Oficina Jurídica. También otros 12 empresarios.