De acuerdo con información de la Fiscalía, los bienes valorados preliminarmente en más de 800 millones de pesos fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio, en diligencias realizadas en Bogotá y Rionegro (Antioquia).
Redacción Web/LN
La Fiscalía General de la Nación avanza en otro frente investigativo relacionado con el homicidio del fiscal paraguayo, Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en Isla Barú, en Cartagena (Bolívar).
Un equipo de fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio e investigadores del CTI que trabaja en la identificación y afectación del patrimonio de los involucrados en el crimen impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre tres inmuebles y dos vehículos que pertenecerían a tres de los señalados implicados, y una persona más.
Las propiedades, estimadas preliminarmente en algo más de 800 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas simultáneamente en Bogotá y Rionegro (Antioquia).
Los elementos de prueba dan cuenta de que los activos estarían a nombre de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño; y Virgelina Hoyos Durango, madre de los hermanos Andrés y Ramón Emilio Pérez Hoyos, procesados penalmente por este crimen; quien habría prestado su nombre para ocultar algunos de los activos.
La investigación penal
En el curso del proceso penal se estableció que la señora Chacón Zúñiga, presuntamente, participó junto a su pareja y cuñado en la planeación del asesinato, y dispuso de una camioneta para asistir a las reuniones en las que se concretó la acción criminal.
Las otras dos personas aceptaron haber vigilado y seguido a la víctima antes del homicidio, y señalado la ubicación del fiscal en la playa para que los sicarios llegaran al punto exacto y le dispararan. Por estos hechos, Londoño Bedoya y Monsalve Londoño fueron condenados a 23 años y 6 meses de prisión.
Los bienes afectados quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
