LA NACIÓN
Las precarias condiciones de hacinamiento que han venido caracterizando al ámbito penitenciario y carcelario del país, las mismas que motivaron la declaratoria de estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte Constitucional, lejos de superarse, vienen agravándose como consecuencia de la inoperancia de las entidades encargadas de brindar servicios a las personas privadas de la libertad, así como de los encargados de ejecutar las decisiones judiciales.
Lo anterior fue evidenciado en un informe reciente de la Contraloría General de la República tras efectuar varias auditorías en el primer semestre de 2017 al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- Inpec, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec, y visitas a 26 establecimientos de reclusión a nivel nacional entre los cuales se encuentran los de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata. La Contraloría preparó dicho informe con destino a la Corte Constitucional en cumplimiento de las órdenes emitidas por el Alto Tribunal a diversas entidades del sector.
El órgano de control mencionó que el Inpec tiene bajo su custodia, a 7 de junio de 2017, 115.700 personas privadas de la libertad, para lo cual cuenta a nivel nacional con 11.809 servidores públicos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, para la custodia intramural y extramural de los internos.
Señala la Contraloría General de la República en su más reciente informe de auditoría, que la Uspec en el 2016 solo ejecutó el 10% de su presupuesto de inversión, $248.046 millones que le habían sido asignados por el Gobierno para adelantar sus proyectos de inversión durante la vigencia, sumas que debieron ser constituidas como reservas de apropiación.
Como solución a su falta de operatividad, la Uspec optó por entregar a terceros la gestión contractual para adelantar las obras de construcción y adecuación de cupos a nivel nacional y mantenimiento de los establecimientos a cargo, en un contrato donde se comprometieron el 72% de las reservas presupuestales de inversión de 2016 y los recursos de los proyectos de inversión para las vigencias 2017, 2018 y 2019.
En efecto, el contrato interadministrativo de noviembre de 2016 suscrito con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-Fonade por un valor final de $426.129 millones, absorbió $149.476 millones de la vigencia 2016, lo que implicó que para el periodo evaluado, dichos recursos no tuvieran ningún resultado tangible, lo que evidenció la nula gestión para la generación o rehabilitación de nuevos cupos durante el último año.
Según se desprende del informe, otro de los procesos contractuales fundamentales para la misión de la Uspec, como es el suministro de la alimentación de los establecimientos a cargo del Inpec, también fue tercerizado para la vigencia 2017, mediante la escogencia de los proveedores a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, lo que implicó que debiera destinarse una importante porción de los recursos programados para la alimentación de la población reclusa, para cubrir costos de comisiones, operación de bolsa y Cámara de Compensación.
GESTIÓN INEFICAZ, INEFICIENTE Y ANTIECONÓMICA
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría, la Contraloría General calificó como “deficiente” la gestión y los estados contables de la Uspec, y negó por cuarto año consecutivo el fenecimiento de la cuenta a esta entidad.
Igualmente, con una calificación de control interno “ineficiente” y un total de 49 hallazgos, de los cuales nueve tienen alcance disciplinario, uno alcance fiscal y dos otras incidencias administrativas, la Contraloría concluyó que la Uspec no cumplió con los planes, programas y proyectos de inversión que se evaluaron en el proceso auditor, establecidos en el periodo 2016, reflejando una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica.
NO HAY GARANTÍAS
La Contraloría evidenció la precaria infraestructura institucional para atender las medidas de vigilancia y control que requieren los beneficios extramurales, lo que se refleja en inoportunos procesos de escogencia de contratistas para vigilancia electrónica e insuficiente pie de fuerza para ejecutar labores de custodia y vigilancia.
Para el primero de los casos, el informe de auditoría reveló que a pesar de que en el mes de diciembre de 2014 y enero 2016 la Uspec declaró urgencias manifiestas para contratar directamente el servicio de vigilancia electrónica SVE (última declaratoria que la Contraloría General de la República declaró improcedente); sólo hasta el 19 de diciembre de ese año se celebró el contrato con la Bolsa Mercantil de Colombia para adelantar el proceso de selección del contratista que prestaría el servicio requerido, y solo hasta abril de 2017 se suscribió contrato con el nuevo operador.
Asimismo, el informe señaló que conforme con las especificaciones requeridas, el nuevo operador no habilitará la totalidad de dispositivos al inicio del plazo, lo que llevaría a que un número importante de beneficiarios dejen de tener seguimiento electrónico, con los riesgos jurídicos que tal circunstancia conlleva en la función de administración de las penas y medidas de seguridad.
En lo que respecta a la capacidad institucional del Inpec para velar por el cumplimiento de las medidas, las estadísticas suministradas por la entidad arrojan que lo relacionado con libertades durante el 2016, la baja por fuga correspondió a 1.158 casos, equivale al 2.5% de los 47.232 liberados durante el 2016; de estos, el 74% (858) corresponden a evadidos con ocasión de detención domiciliaria, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica.
A lo anterior, el Inpec manifiesta que tales evasiones no son de su responsabilidad, pues para estos casos su rol no consiste en una vigilancia permanente y directa, sino que se limita exclusivamente a realizar revistas aleatorias, periódicas y esporádicas al lugar de residencia con el objeto de verificar su permanecía en la misma e informar de ello al juez conocedor de la causa.
Sin embargo la Contraloría evidenció que la comunicación a los jueces se viene haciendo de manera inoportuna, impidiendo tomar correctivos inmediatos. La auditoría registra que tres meses o más después de las visitas, el Inpec informa al juez que el privado no se encontraba en su domicilio.
Para el ente de control, de conformidad con el Decreto Número 4151 de 2011, el Inpec es responsable de la vigilancia de las personas privadas de la libertad fuera de los establecimientos de reclusión y debe garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial, de manera que no son de recibo los argumentos del Inpec.
Para el caso de las medidas de Vigilancia Electrónica, el órgano de control pudo constatar que el número de funcionarios que efectúan el monitoreo es insuficiente, respecto al volumen de alarmas que genera el sistema por personas privadas de la libertad, y más precario aún el personal disponible para verificar en campo las situaciones detectadas por el sistema, lo cual se evidencia en la supervisión del Contrato de Vigilancia Electrónica.
MÁS DEFICIENCIAS
Las visitas efectuadas por la Contraloría General detectaron también serias deficiencias en las labores de supervisión por parte de la Uspec a los contratos de mantenimiento y mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y de Aguas Residuales (PTAR), pues dichas actividades no se ejecutaron de manera continua ni en el sitio de los trabajos, afectándose con ello la calidad en la ejecución de las mismas. Las fallas encontradas en algunas de los casos, acarrearon graves consecuencias ambientales, que implicaron la apertura de procesos sancionatorios ambientales.
Frente a la infraestructura para la preparación de alimentos se detectaron deficiencias en las locaciones para la preparación y almacenamiento de insumos, y que en algunos casos, por condiciones propias de los establecimientos, el suministro de alimentación debe hacerse luego de grandes desplazamientos y en zonas no adecuadas para tal fin.
La inspección de instalaciones denotó en muchos casos falta de mantenimiento, reflejado en filtraciones de agua, instalaciones eléctricas a la vista, agrietamientos, baterías sanitarias fuera de servicio, lo cual se evidenció con mayor frecuencia en establecimientos con más de 20 años de construcción. Por el contrario, en las instalaciones puestas al servicio por debajo de dicho plazo, se evidenció subutilización de áreas de atención en salud o ascensores, bien sea por falta de personal de guardia o por falta de mantenimiento a estructuras tales como ascensores.
La Contraloría concluyó además que la atención en salud se ve afectada por falta de mantenimiento de los equipos adquiridos, insuficiente personal asistencial acorde con la población destinataria de los servicios, tardanza en el suministro de medicamentos y subutilización de la red externa, por deficiencia de personal y vehículos para remisiones.
CONTRALOR ORDENA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
Las anteriores circunstancias vislumbradas para la vigencia 2017, llevaron a que el gontralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, ordenara a partir del primero de agosto del presente año, dentro del Nuevo Enfoque del Control Fiscal, la realización de una Auditoría de Cumplimiento.
Se auditará el “suministro de bienes, prestación de servicios, infraestructura y el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Inpec para garantizar el bienestar de la población privada de la libertad”, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, durante el período comprendido del primero de enero de 2016 a junio de 2017, según reza en el informe de la Contraloría General de la República.
“El Inpec tiene bajo su custodia 115.700 internos intramural y extramural, para lo cual cuenta a nivel nacional con solo 11.809 servidores públicos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.
