Sería muy importante que las asociaciones de periodistas, las universidades y sus facultades de Comunicación -que forman a los futuros profesionales- promovieran jornadas de reflexión y análisis acerca de la ostensible crisis por la cual pasa el periodismo colombiano. Es indudable que, en un evidente retroceso, se ha generalizado la pérdida de independencia y confiabilidad que siempre habían sido características de nuestro periodismo. Los ciudadanos del común, que antes creían en las informaciones ofrecidas por los medios de comunicación, las reciben ahora con beneficio de inventario; no las creen fácilmente; las tienen que confirmar, según la tendencia política del medio y de los periodistas que las difunden, y ello ocurre porque el periodismo se ha politizado. La noticia ya no llega pura y simple, sino que viene aderezada, acompañada del comentario, la burla o el complemento subjetivo, en medio de la polarización existente y de los extremos en que los políticos han dividido a la ciudadanía.
A lo dicho se suma el auge de las redes sociales y de los medios alternativos, que -sin ser tampoco modelos de imparcialidad- han venido desplazando a los tradicionales.
Sin perjuicio de la libertad de pensamiento y orientación política individual, el periodismo debe estar al servicio de la verdad. Ello implica que, en el cotidiano ejercicio de la actividad periodística, se distinga claramente entre la información y la libre expresión del pensamiento. Los destinatarios de la información -que lo somos todos- debemos recibir información veraz e imparcial, como lo exige la Constitución. Los sucesos, hechos y actos objeto de la noticia deben ser presentados con objetividad, sin ser desfigurados, manipulados o tergiversados según la tendencia del informador. Otra cosa es que cada uno ejerza su derecho a la libre expresión, dejando en claro que lo hace, sin contaminar las informaciones.
Ha explicado la Corte Constitucional: “El derecho a la información es un derecho que expresa la tendencia natural del hombre hacia el conocimiento. El ser humano está abierto a la aprehensión conceptual del entorno para reflexionar y hacer juicios y raciocinios sobre la realidad. Es en virtud de esta tendencia que a toda persona se le debe la información de la verdad, como exigencia de su ser personal. El sujeto de este derecho es universal: toda persona -sin ninguna distinción- y el objeto de tal derecho es la información veraz e imparcial” (Sentencia C-488 de 1993).
Esa distinción entre la libertad de expresión y el derecho a la información resulta fundamental: “El alcance de las libertades de expresión e información es diverso. Mientras la primera abarca la difusión de un amplio espectro de ideas, pensamientos, opiniones, discursos y manifestaciones que no están sometidas a los presupuestos de imparcialidad y veracidad, la segunda sí debe asegurar el respeto de estos requisitos. Mientras la primera se refiere a cuestiones que no necesariamente tienen correspondencia fáctica, la segunda alude a sucesos auténticos o a cuestiones con respaldo en la realidad” (Sentencia T.599 de 2016).
Insistimos. Toda persona tiene derecho a informar y a recibir información veraz e imparcial. El derecho a la información es de doble vía: tanto derecho tiene quien informa como quienes reciben la información, veraz e imparcial. Y los medios, dice la Constitución, tienen responsabilidad social.
