Es increíble que la violencia siga desbordada en el municipio de Pitalito, a pesar de los consejos de seguridad y las estrategias que dice adoptar el Departamento de Policía Huila para frenar los asesinatos y la ocurrencia de otros hechos como los atracos a mano armada, las extorsiones y el robo de motocicletas, entre otros delitos.
Los recientes homicidios bajo la modalidad de sicariato en el área urbana obligan a que en el valle de laboyos se adopte un gran plan integral con acciones y resultados medibles en el corto, mediano y largo plazo. Este plan, por supuesto, no debe involucrar solamente a la Policía sino al Batallón Magdalena del Ejército, la Fiscalía General de la Nación y sus fiscales, así como los jueces de la República, quienes también están llamados a contribuir a la tranquilidad de los laboyanos.
El gobernador del departamento, Rodrigo Villalba Mosquera, quien en campaña prometió insistentemente que le iba a devolver la seguridad al Huila, azotado por múltiples fenómenos delictivos, es el llamado a liderar este plan integral de seguridad en Pitalito enfocado, principalmente, al respeto por la vida y la integridad física de los ciudadanos.
Está claro que no se trata solamente de incrementar el pie de fuerza de las autoridades sino de reforzar, entre otras cosas, las labores de inteligencia y seguimiento, claves para desarrollar las investigaciones y procesos judiciales que permitan individualizar, identificar y capturar los miembros de las bandas delincuenciales organizadas que azotan a Pitalito y el sur del Huila.
También es importante desarrollar un ambicioso programa de recompensas con el fin de ponerle precio a las ‘cabezas’ del crimen organizado en el valle de laboyos.
Y algo fundamental: hay que motivar a la ciudadanía para que confíe en las autoridades. Sin el apoyo de la comunidad, ningún plan de seguridad tendrá un efecto real.
