La inminente instalación de un nuevo peaje tiene molestos, preocupados e inquietos a los transportadores del Huila. Aseguran que la institucionalidad y las concesionarias solo quieren ganar más plata, sin cumplir con los arreglos totales de las vías. Hablan del déficit existente y las falsas promesas.
Johan Eduardo Rojas López
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Un anuncio de la viceministra de Infraestructura, María Constanza García Alicastro, durante su reciente visita al Huila ha generado inconformidad en el gremio de transportadores. Y es que durante este encuentro con el gobernador Rodrigo Villalba y varios alcaldes, la vocera del gobierno de Gustavo Petro habló sobre los proyectos establecidos en la Ruta 45 y la implementación de varios peajes, que permitan recuperar y fondear las inversiones.
“El tema de peajes no solamente es un tema en el Huila sino a nivel nacional, tenemos cerca de 180 peajes en el país. Siempre estaremos atentos en verificar los requerimientos de las comunidades, a entender el pacto puntual que se pueda generar”, informó García Alicastro.
Lo anterior, dejaría por sentado que en efecto el Huila tendrá por lo menos un nuevo peaje, sin embargo, en el momento se está llevando a cabo una revisión detallada de las ubicaciones establecidas en la estructuración de este proyecto. Todo parece indicar que este nuevo peaje sería instalado en jurisdicción del municipio de Hobo.
Ante esto, Oscar Tapia Vela, asesor jurídico de la Asociación Colombiana de Camioneros – ACC-, afirmó que, reciben de manera negativa este anuncio debido a que esto incrementaría el costo operativo de los transportadores, quienes siguen transitando por vías destruidas.
Dijo que el anuncio de la Viceministra iría en contravía a la realidad, pues lo ideal sería primero terminar las obras viales que llevan prometiendo durante más de una década, para luego sí implementar el peaje. “Después de tres años parchan los huecos, pero no vemos avances reales en las vías. Entonces con estos nuevos peajes vemos que seguirán recaudando dinero y las vías perfectamente pueden tardar otros diez años, lo que significa que seguiremos en la misma problemática”, añadió.
Es por esta razón que, categóricamente dicen estar en contra de este anuncio en la actualidad y en el futuro, toda vez que, aun no entienden en su momento el Gobierno Nacional de qué se valió para determinar el costo de los peajes específicamente para los vehículos de carga pesada y adicionalmente, porque vieron que, en ese tema del derecho de concesiones, también estuvo involucrada la corrupción del caso de Odebrecht. “Hubo coimas, entonces, ellos daban más rutas para concesionar a cambio del incremento de los peajes”, declaró.
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Promesas incumplidas
Tapia Vela aseguró que, durante las campañas políticas, ciertos candidatos los usan como comodines para ganarse a ese nicho de ciudadanos y a todos aquellos que se benefician de las vías. Sin embargo, ellos siempre han tenido claro que las promesas de reducir los peajes y disminuir las tarifas, son grandes falacias que se quedan en promesas incumplidas.
Explicó en ese sentido, que los peajes están sujetos a unos contratos previstos de concesión en su gran mayoría desde el gobierno de Juan Manuel Santos mediante unas resoluciones que garantizaban la viabilidad de los mismos. Es así como, el costo de la tarifa se convierte en el pago que el Estado les hace a las concesiones. “Si los peajes se quitan o no se incrementan de acuerdo con el contrato, entonces el gobierno entraría a solventar eso que las concesiones no podían recaudar”, aseveró.
“Déficit de cerca de $3 billones”
Esa según el asesor jurídico de la ACC, sería la razón por la cual hoy el gobierno nacional tendría una deuda de cerca de $3 billones con las concesiones. “Recordemos que el año pasado no se incrementó el peaje, entonces de allí se generó un hueco fiscal y con eso se dieron cuenta que la Nación no podía seguirlo solventarlo, de allí que, les tocó nuevamente realizar el acto administrativo para el respectivo aumento”, informó.
Bajo esa lógica, a cierre del 2024 el incremento en la tarifa de peaje sería del 23% en el que se relaciona el incremento que no se realizó en el 2023 y el respectivo del 2024. Pero ojo, es importante aclarar que en la actualidad ya se realizó el alza de la vigencia anterior del 13% y solo resta el incremento del año en curso del 10%.
Panorama complejo
Todo este panorama resulta complejo y riesgoso para quienes dinamizan la economía del país, pues se viene generado una disminución en el flete del 15% debido a que está decreciendo la carga de exportación e importación. Desde luego, esto ha generado una sobreoferta vehicular y un aumento en los tiempos de espera, que finalmente, por el momento asumen los transportadores.
“Lo que están generando es que esas rutas del sur del país se vuelvan más costosas, entonces el transportador va a terminar subsidiando a los generadores de carga porque es un costo que lo va a terminar asumiendo el más débil de la cadena, es decir, nosotros. Esto genera un malestar porque para cobrar si están, pero para arreglar las vías no”, enfatizó Tapia Vela.
Lenta agonía
Por su parte, Luis Alberto Morales, vocero de la Asociación Laboyana de Camineros, ALC, advirtió que, seguirán realizando esta crítica sobre los nuevos peajes frente a la institucionalidad en aras de que entiendan el daño que les causan.
“Realmente vemos un Estado fallido que no ha hecho sino tocarle el bolsillo al usuario de la vía. Si bien es cierto que a esta vía le están haciendo unos trabajos, la realidad es que aún no se han concluido obras importantes. Es como si estuviera haciendo metástasis, un problema que ha venido creciendo por un largo tiempo”, comentó el vocero.
Ese notorio incremento en la canasta de insumos básicos del transporte, según Luis Alberto, los tiene agonizando, toda vez que, no pueden ejercer su labor con normalidad y la implementación del nuevo peaje sería una carga que lesionaría el bolsillo de quienes utilizan este corredor vial del sur colombiano.
Corrupción: un silencio perturbador
Comentó de esta forma que, no entiende en donde está el dinero de los impuestos que vienen pagando durante décadas para supuestamente hacer obras en las vías.
“Eso no se ve por ningún lado. Esta situación es responsabilidad de los gobiernos que han antecedido y el actual también, quienes probablemente estén destinando esa cantidad de recursos para otras cosas. Además, tenemos una cantidad de congresistas del Huila que son testigos de esto y no hacen nada por departamento; entonces hay un enjambre de corrupción alrededor de todo lo que tiene que ver con lo de transportadores”, manifestó.
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Intranquilos y preocupados
Al mismo tiempo, Martha Lucía Medina Pastrana, presidente de la Asociación de Camioneros del occidente del Huila, sostuvo que, esta situación los tiene intranquilos y preocupados debido a que pese a ser aparentemente escuchados, la realidad es que no tienen en cuenta sus criterios para la toma de decisiones.
Y mencionó que, “lo del peaje cayó de sorpresa, no creíamos que se iba a realizar en el momento, pensamos que era cuando terminaran todos los arreglos de la carretera. Nosotros estamos esperanzados en que la institucionalidad ampare al gremio transportador y no nos desamparen”.
¿A pagar irresponsabilidades ajenas?
Omar Alexis Díaz, diputado conservador del Huila, también afirmó estar preocupado con el pronunciamiento de la viceministra dado que le parece insólito la instalación de otro peaje cuando se han incumplido varias promesas en esa área.
“Este es el departamento donde más se ha amenazado el tema de la doble calzada y hasta hoy no se han hecho ni los primeros tramos y se ha cambiado de decisión. Eso nos preocupa mucho porque vamos a tener que pagar las irresponsabilidades que ha tenido el gobierno nacional, quien debe entender que no se le puede sacar plata del bolsillo a los usuarios de la vía para pagar sus irresponsabilidades”, puntualizó el político.
De allí que espera poder escuchar a las partes en la duma departamental y así buscar alguna solución con los transportadores para esta situación que, de acuerdo con su criterio, hoy pareciera no tener freno alguno.
Por ahora, los voceros de los transportadores realizan ciertas reuniones técnicas para tomar decisiones que en primera instancia se buscarán mediante el diálogo. No obstante, si las cosas no resultan siendo positivas dentro del ‘abanico’ de posibilidades pensarían en no sacar sus vehículos como forma de protesta. Invitan además a las entidades competentes a ponerle la ‘lupa’ a esta situación que, para algunos, de fondo tendría otras connotaciones.
Silencio
LA NACIÓN buscó comunicarse con la concesionaria Ruta al Sur, pero no hubo respuestas. En la Gobernación del Huila y otros sectores hay también silencio en lo que pareciera ser la inminente instalación de un nuevo peaje en carreteras del departamento.
