La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) entregó un balance del impacto que ha tenido la congelación de la tarifa de los peajes en enero que se dio en el marco de las acciones para frenar el crecimiento de la inflación.
Tras la congelación de los peajes concesionados a comienzos de año, se hace necesaria la actualización de los mismos (con base en el IPC de 2022), para garantizar la marcha de los proyectos, así como la confianza de los inversionistas y los financiadores.
Así lo aseguró la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), explicando que “tal incremento no generaría una afectación inflacionaria, por cuanto, según el propio Dane, el impacto de los peajes en la inflación fue del 0% en los años 2019 y 2021, al igual que en lo corrido de 2023”.
Argumentó la CCI que los peajes, en efecto, “tienen un impacto nulo en la inflación, dado que cada año la tarifa de los mismos se ajusta, teniendo como referencia el IPC. Ahora, si se tiene en cuenta que el salario mínimo se incrementa -año a año- por encima del IPC, el bolsillo de quienes transitan las vías y, por consiguiente, pagan peajes, no sufre afectación alguna”.
Para el Dane, de otro lado, el indicador de peajes mostró en el 2022 una variación marginal, si se tiene en cuenta que las tarifas de los mismos contribuyeron solo con 0,01 puntos porcentuales a la inflación total de ese año.
Por su parte, en junio de 2023 -de acuerdo con la más reciente publicación del Dane-, los peajes registraron la menor variación anual, con tan solo un 1,71% en el índice que mide los costos de los transportes de carga por carretera. En contraste, insumos como los lubricantes fueron los que registraron una mayor variación anual con un 26,19%.
En síntesis, el objetivo de la actualización anual de la tarifa de peajes es, justamente, el de mantener la tarifa en el valor presente o real del dinero.
La CCI también explicó las consecuencias socioeconómicas de la congelación indefinida del valor de los peajes.
Expuso que “seguiría abriéndose un enorme boquete en las finanzas de los proyectos viales, cuya construcción, operación y mantenimiento depende de los recursos provenientes de los peajes”. Ese faltante podría acercarse a los $13,8 billones, durante los próximos años. Así, la única alternativa para compensar una contingencia fiscal, de semejante cuantía, sería vía impuestos que pagarían todos los colombianos, incluso aquellos que nunca transitan por una carretera.
Los peajes son, “indiscutiblemente, la compensación de un servicio (como lo son el pago del gas, el agua o la luz) y, justamente, ese servicio lo prestan los proyectos concesionados. Si se eliminan los peajes, ¿quién mantiene la infraestructura? ¿Cuánto le costaría al país y a los colombianos hacer eso mediante el modelo tradicional de obra pública?”, cuestionó.
Y reiteró que después de seis meses de la expedición del Decreto 050, que congela el cobro de los peajes, se puede concluir que el país podría estar sacrificando su política fiscal y la inversión extranjera que ha impulsado el desarrollo de infraestructura, por cuenta de un aporte marginal de los peajes al IPC.
Además, el congelamiento de las tarifas de peajes, de otro lado, “envía mensajes de incertidumbre e inseguridad jurídica a los grandes financiadores nacionales e internacionales”. Los concesionarios pondrían en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones financieras y, por ende, el ritmo de inversiones que requiere el país en materia de infraestructura, agregó.
Así mismo, podría verse un riesgo el modelo de concesiones, el cual ha dado frutos a lo largo de 30 años con la intervención de más de 10.000 km, más de 1 millón de empleos, así como el desarrollo económico local de las regiones.
“Dígase, por último, que el sector de la infraestructura -del cual hacen parte las vías concesionadas- es, junto a la vivienda y el sector energético, dinamizador contracíclico de la economía, justo en el momento que ella lo requiere”, concluyó.
