Ya era hora que la Procuraduría General de la Nación tomara decisiones sobre el caso de los carros para bomberos comprados en la administración de Luis Enrique Dussán y que un año después, no han sido puestos al servicio de la comunidad huilense. Puntualmente, nos referimos a la compra de seis vehículos tipo cisterna para los cuerpos de bomberos del departamento, contrato suscrito en octubre de 2023 por 4.356 millones de pesos.
Como se sabe, el organismo de control decidió en los últimos días abrir investigación no sólo contra el exsecretario de Gobierno, Andrés Mauricio Muñoz, quien otorgó el contrato a dedo a un particular en el marco de una “calamidad pública”, sino al actual secretario de Gobierno, Juan Carlos Casallas, y al también exsecretario de Gobierno, Edgar Martín Lara.
Según la misma Procuraduría, se “investiga un aparente incumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios, en su calidad de administradores y ordenadores del gasto de los recursos del Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, así como supervisores del contrato, pues a la fecha los vehículos no han sido entregados a los cuerpos de bomberos de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, Campoalegre y Rivera”.
Entre otras pruebas, el órgano de control dijo haber solicitado a la Gobernación del Huila copia de los estudios previos realizados para la firma del contrato e informar si a la fecha se ha hecho efectiva alguna póliza o se ha realizado alguna ampliación de las garantías del bilateral.
Son múltiples las dudas que deberá resolver la Procuraduría en este caso y lo que espera la ciudadanía es que haya celeridad en el proceso disciplinario.
Está totalmente claro que los vehículos que debieron ser utilizados de inmediato para atender las conflagraciones forestales de un año atrás, no cumplieron la urgencia ni el propósito social que motivaron la “calamidad pública”.
Los siguientes interrogantes siguen sin respuesta: ¿Era necesario que el entonces gobernador Dussán decretara la calamidad pública? ¿Si los carrotanques eran tan urgentes porque nadie se preocupó en ponerlos al servicio inmediatamente? ¿Por qué la Gobernación acudió a un intermediario para esa compra? ¿El contratista tenía experiencia en fabricación y ensamblaje de carrotanques? ¿6 carrotanques cuestan en realidad $4.356 millones?
