El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana encontró que con los $12 billones aplazados en el presupuesto general del presente año, el presupuesto de funcionamiento disminuye en 2% frente a lo aprobado inicialmente, mientras que el de inversión cae hasta 5%, siendo este el más castigado.
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Haciendo un comparativo entre inversión y gastos de funcionamiento, es la inversión la más castigada en el Decreto 0069 de aplazamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) por 12 billones de pesos que emitió el presidente Gustavo Petro, según logró establecer el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Debido a que la suma de $523 billones que se proponía de presupuesto para el presente año 2025 estaba desfinanciada y necesitaba de una Ley de Financiamiento que finalmente naufragó, el Gobierno Nacional no tuvo otra salida más que congelar dichos 12 billones de pesos como consecuencia de los recursos faltantes. Así las cosas, en total debido al aplazamiento, el presupuesto vigente para este año será de $511 billones.
El aplazamiento para las entidades del orden nacional pertenecientes a la Rama Ejecutiva del poder público se hizo de manera específica determinando el rubro particular que se aplazará. En los casos de la Rama Legislativa y los órganos autónomos como Fiscalía, el aplazamiento fue global por sección presupuestal. Estas entidades tienen 10 días para determinar en el marco de su autonomía qué rubros específicos se aplazarán. Finalmente, también se aplazaron recursos destinados a proyectos y obras de infraestructuras mediante el mecanismo de vigencias futuras.
Y si bien, en específico en el presupuesto de funcionamiento se aplazan $7,6 billones representando el 63% del monto congelado, mientras que en el presupuesto para inversión se aplazan $4,4 billones representando el 37%, para un total de $12 billones aplazados con este nuevo decreto, al analizar el recorte definitivo frente al inicialmente establecido los resultados son inquietantes.
Mientras que el presupuesto de funcionamiento disminuye en un 2% frente a lo aprobado inicialmente, el gasto de inversión disponible tiene una disminución del 5% frente a lo aprobado inicialmente, siendo este rubro el más castigado.
De acuerdo con el Observatorio, la distribución sectorial del aplazamiento en el PGN 2025 no fue homogéneo en todos los sectores. En específico, los sectores en los que se evidencia un mayor recorte son Hacienda, con un aplazamiento de $3,8 billones (32%); Trabajo, con $2,2 billones (24%) y Transporte, con $1,5 billones de aplazamiento (13%).
Es importante resaltar que el gasto de inversión suele diferenciarse de los de funcionamiento en que son gastos cuyos retornos se darán en el futuro una vez se haya terminado, mientras que la utilización de los gastos de funcionamiento se suele limitar a su uso inmediato.
La inversión está proyectada a ser económicamente productivo o crear infraestructura social. Por eso, los aplazamientos en el rubro de inversión ponen en riesgo la ejecución de proyectos para la creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos esenciales como colegios, hospitales, carreteras, sistemas de transporte, etc.
En específico, el decreto de aplazamiento afecta a entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte que tienen a su cargo la cofinanciación de proyectos de infraestructura claves en distintas regiones del país como el de la construcción del Metro ligero de la 80 en Medellín, la construcción de la troncal de Transmilenio de la Calle 13 y la Primera Línea del Metro en Bogotá, implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en Armenia, Neiva e Ibagué, el mejoramiento y mantenimiento de varias carreteras en todo el territorio nacional, entre otros proyectos con el potencial de generar un impacto socioeconómico positivo en el mediano y largo plazo creando empleos, aumentando la competitividad de la economía, fomentando el desarrollo económico y redistribuyendo el ingreso.
Finalmente, el Observatorio alerta que el riesgo de desfinanciamiento en 2025 (incluyendo los $12 billones de la fracasada Ley de Financiamiento) asciende a al menos $31,1 billones. Por eso, el cumplimiento de la Regla Fiscal en 2025 dependerá de una reducción del gasto y de la realización de ajustes fiscales adicionales.
Desde el Observatorio Fiscal consideran que en el corto plazo se debería racionalizar el incremento en los gastos de funcionamiento y en el mediano plazo es necesaria una reforma a la estructura del gasto público en el país que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Top 10 de entidades
En el top 10 de entidades con mayor aplazamiento presupuestal en términos relativos en PGN 2025 figuran:
-El presupuesto de la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte se aplaza en 100%.
-El Consejo Nacional Electoral (CNE) en 56%.
-El Ministerio de Igualdad y Equidad en 52%.
-El Ministerio del Interior en 21%.
-La Dirección Nacional del Derecho de Autor en 21%.
-La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en 20%.
-La Unidad de Información y Análisis Financiero en 20%.
-El Instituto Caro y Cuervo en 17%.
-El Ministerio de Transporte en 16%.
– La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en 13%.
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