Ir a clases, ¡un peligro para los maestros!

La Asociación de Institutores Huilenses (Adih) denunció el incremento de las amenazas contra los educadores en el departamento La Asociación de Institutores Huilenses (Adih) denunció el incremento de las amenazas contra los educadores en el departamento. Palestina, Garzón y Algeciras son los municipios con los mayores índices de riesgo. La delincuencia común y situaciones relacionadas con el trabajo docente, las principales causas. Niegan presuntas auto amenazas. Heber Zabaleta Parra LA NACION, Neiva ‘Los profesores tienen miedo de ir a clases’. Y aunque parezca una exageración, la afirmación se desprende de la denuncia hecha esta semana por Eisenhower Orjuela Amezquita, secretario General de la Asociación de Institutores Huilenses (Adih). El  dirigente sindical anunció que los profesores de esta zona del país se unirán a la protesta nacional del 4 y 5 de septiembre en contra de la privatización de la educación pública y exigir mejores condiciones en el régimen de salud del magisterio, pero regionalmente también alertarán a las autoridades sobre la grave situación de seguridad por la cual atraviesan los educadores en el Huila. En diálogo con LA NACION, Orjuela Amezquita reveló que a nivel departamental, en los últimos años se ha venido incrementado  las solicitudes de protección especial de los maestros (cerca de un 30%). Explica que fenómenos relacionados con el incremento de la delincuencia común, entre ellos la extorsión, el chantaje, el boleteo, al igual que  situaciones netamente relacionadas con el trabajo docente, las relaciones interpersonales y manejo de situaciones laborales (amenazas de estudiantes, padres de familia y personal perteneciente a las comunidades educativas)  han agudizado el tema. “Esto,  además, es el resultado de la marginalidad y de la poca presencia de las autoridades en aquellas zonas apartadas  y de difícil acceso en la cuales el docente realiza su labor. Cabe anotar que en otras épocas, el docente era amenazado, en la mayoría de los casos, por sus ideales, por su posición política”, agrega el Secretario General de la Adih. Sin embargo,  y pese al panorama que se presenta, reconoce la existencia entre las estadísticas de docentes amenazados, algunas procedentes de organizaciones al margen de la ley, y que algunos de los municipios donde hay mayor cantidad de presiones contra los maestros son Palestina, Garzón, Algeciras, La Plata, Gigante, El Pital y Tello, entre otros. ¿Auto-amenazas?, ¿autoridades? Al ser interrogado sobre  lo que surge en ciertos sectores ciudadanos donde afirman  que algunos profesores se auto amenazan para no estar en las zonas rurales de difícil acceso,   Orjuela Amezquita afirma que “la verdad, como miembro del Comité de Amenazados sólo me compete emitir conceptos frente a la solicitud y como miembro de la Adih velar por la integridad y protección de mis compañeros”. “Es la Unidad Nacional de Protección, a través del grupo de valoración,  la encargada de realizar la investigación,  determinar y calificar el riesgo de cada uno de los docentes amenazados y si ha hecho la solicitud que se investigue con seriedad cada caso. Como organización sindical se ha  aclarado a todos los compañeros afiliados  las circunstancias y condiciones  que se tienen el acogerse a la figura de amenazado y de la necesidad de recurrir a la misma cuando sea estrictamente necesario”, precisó el sindicalista. Agregó que en la Secretaria de Educación Departamental funciona el Comité de Amenazados que a través de los años se ha regido legalmente por una serie de decretos y resoluciones,  actualmente el Decreto 1628 de 31 de Julio de 2012, y lo conforman representantes de la SED, el Gobierno Departamental, delegados del Ejercito, la Policía y la Asociación de Institutores Huilenses. “La función de este Comité es emitir conceptos sobre las solicitudes de protección especial que presenten por escrito los docentes. Después de definir si el docente o no tiene derecho al estatus de amenaza (por medio de los criterios definidos en el decreto 1628) se remite el proceso a la Unidad Nacional de Protección para que inicie la investigación y se continua con el trámite”, detalló el dirigente del magisterio huilense. Expresó que hasta ahora las  autoridades civiles y policiales, enteradas de las denuncias, sólo se han limitado a remitir las valoraciones luego de “la investigación” y por ello con el nuevo decreto y la presencia en el comité de los representantes de los miembros del Ejercito y la Policía, “esperamos de ellos medidas y acciones que redunden en el bienestar de los docentes y la comunidad educativa en general”. Reiteró el llamado a  velar por la integridad y la protección de “nuestros compañeros y en segunda instancia, manifestamos nuestra preocupación por el aumento de amenazas al personal docente y solicitar a los organismos de protección políticas efectivas de seguridad”. ¿Por qué nos amenazan? Para Eisenhower Orjuela Amezquita, secretario General de la Asociación de Institutores Huilenses (Adih), la cifra de docentes amenazados en el departamento aumentó  considerablemente, situación que exige un traslado inmediato para quien sufre la amenaza, lo que hace que  la reubicación del maestro que debe abandonar su cargo  se convierta en un proceso  traumático para él y  sus estudiantes. Según la denuncia de los docentes,  la mayoría de amenazas se realizan a través de  mensajes vía celular,  llamadas, razoneros,   pasquines en las escuelas o en las residencias de los docentes y  amenazas directas. “Se presentan amenazas por parte de miembros de la comunidad, quienes tienen roces con el docente, o porque  el docente no le simpatiza, o tal vez por su exigencia, o porque el docente se atreve a denunciar un hurto o un abuso, aunque también existen evidencias de registros  de casos de  carácter netamente personal. Otra es la situación de los docentes que ganaron el concurso de meritocracia y se encontraban en el listado de elegibles, a quienes se les adjudicaron plazas mediante audiencia pública y han sido rechazados por las comunidades a donde llegan a desempeñarse, pues aducen que desean conservar los servicios del maestro que  venía trabajando en el lugar. Las cifras, las situaciones y las razones planteadas anteriormente exigen de manera urgente analizar y profundizar en este tema en el marco de Derechos Humanos y  teniendo en cuenta que esta situación es consecuencia del actual panorama de crisis socio-económica y política que atraviesa nuestra sociedad colombiana. La solución inmediata que se da a estos casos de amenazas a docentes es el traslado a otra institución educativa, cumpliendo con unos requisitos exigidos mediante la resolución 1240 del  MEN de 2010. Sin embargo, el problema o situación de amenaza queda en la institución y por ende en la comunidad educativa sin que haya una real solución a esta problemática social”. La situación de algunos docentes resulta preocupante  por la serie de amenazas que han venido recibiendo, incluso por parte de estudiantes. Foto LA NACION