Irresponsables aventuras electorales. Por Carlos Bolívar Bonilla

Al producirse la destitución de la gobernadora del departamento del Huila, ella y quienes la apoyaron en una aspiración que tenía el evidente riesgo de su severa sanción disciplinaria, deberían responder por la consecuente crisis político administrativa y los elevados costos económicos de una nueva elección. Porque los efectos perjudiciales que se empiezan a vivir fueron advertidos a tiempo, muchas veces, ante la desafortunada aspiración de la hoy destituida. Y siempre se desestimaron con la arrogancia y la autosuficiencia de los tecnicismos jurídicos mezclados con  un infundado exceso de aparente fe religiosa. Los del gobierno saliente, al anteponer sus particulares intereses sobre cualquier otra razón, despreciaron las consecuencias negativas de su aventura electoral para el Huila. Pero hoy afirman estar “preocupados” por los efectos adversos que acarrea el caso en aspectos como la continuidad del plan de desarrollo, políticas y programas (la preocupación ¿no será por sus negocios y puestos burocráticos en vilo?). Algunos llaman a la prudencia, esa que jamás tuvieron para evitar este lío, y piden concertación para impedir lo imposible: la rapiña politiquera por el encargo transitorio en la vacancia y por ganar luego la titularidad en la gobernación. ¿Quién responde ahora? ¿Quiénes admitirán, al menos, que se equivocaron al apoyar a una candidata con varias cuentas pendientes con la Procuraduría? Seguramente nadie lo hará porque entre este tipo de personas lo que cuenta es el uso del derecho a favor de sus aspiraciones personales, no la ética cívica que prepondera la integridad moral del ciudadano para la defensa del tesoro público y el bienestar colectivo. Ya dijo un ex presidente ícono de esta escisión entre lo legal y lo moral, que mientras sus amigos estén acusados de graves cargos pero no estén en la cárcel, pueden votar por sus proyectos. Así que como desde lo legal una acusación no impide una candidatura, adelante con ella. El uso personal del derecho también se evidencia en que durante los procesos investigativos personas como la ex gobernadora afirman respetar, confiar y aceptar la justicia, pero una vez se producen los fallos condenatorios, no. Entonces la justicia es persecutoria y viola el debido proceso. Es la curiosa metamorfosis del que delinque convertido en víctima. No soy de los ingenuos que se alegran por lo ocurrido y piensan que ahora sí llegará a la gobernación el salvador de los destinos del Huila. Más bien me entristece saber que la aberrante tragicomedia politiquera no hará más que cambiar de actores, maquillajes y vestuarios, para mantener el mismo libreto de los voraces apetitos personales partidistas: corrupción con injusticia social, pobreza, inseguridad y violencia.