El organismo de justicia transicional definirá en Neiva medidas de protección de los cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada sepultados en el cementerio de Neiva. La unidad en pleno anunciará la hoja de ruta para la conservación de los despojos mortales.
RICARDO AREIZA
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará este martes en Neiva, la primera audiencia pública para asegurar la protección y conservación de los cuerpos de personas no identificadas inhumadas en el cementerio Central de Neiva.
La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad anunciará la viabilidad de medidas cautelares, ante un posible traslado o reubicación del camposanto.
La protección de los cementerios hace parte de las medidas adoptadas para la localización, identificación, inhumación y homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada.
La solicitud de protección se originó por una propuesta que formuló en mayo de 2018 el obispo de Neiva, monseñor Froilán Casas.
El prelado consideró que al estar en pleno microcentro de la capital huilense, deben pensarse hacia el futuro, vender el terreno y trasladar el camposanto fuera de la ciudad. La propuesta generó polémica.
La iniciativa, sin embargo, no fue aislada. Algunos constructores han formulado proyectos de desarrollo urbano en este sitio. Una de las iniciativas contempla la construcción de un pasaje peatonal, paralelo a la avenida La Toma, con bloques multifamiliares y amoblamiento urbano en los terrenos del Instituto Técnico Superior, el parque de los Niños y el terreno en la antigua granja departamental. Sin embargo, el proyecto nunca se formuló.
El obispo indicó que por ahora el cementerio de propiedad de la parroquia La Inmaculada, no está venta.
El predio, de tres hectáreas, adquirido en 1883, hace 138 años, es de propiedad de la parroquia La Inmaculada.
La polémica
En medio de la polémica, el 15 de octubre de 2019, Luis Fernando Pacheco Gutiérrez, ex Jefe de la Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva planteó el riesgo que representaban estas iniciativas para la identificación de las posibles víctimas de desaparición forzosa o de falsos positivos.
La denuncia fue presentada ante la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Según el Observatorio de Derechos Humanos en el cementerio Central de Neiva, yacen por lo menos 300 restos mortales de personas sin identificadas, “cuya sepultura corresponde con las épocas recientes más álgidas del conflicto armado”.
Adicionalmente, es un hecho que en medio de estas opciones, se incorporó la propuesta para trasladar el cementerio Central de Neiva en el proyecto de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado en 1999.
“El plan de traslado del cementerio podría implicar un riesgo para la protección e identificación de los cuerpos de las personas no identificadas, posibles víctimas de desaparición forzada o de muertes extrajudiciales”, precisó Pacheco.
El 23 de octubre de 2019 la Secretaría Judicial de esa Unidad de Investigación y Acusación remitió el documento a la Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP.
Medidas cautelares
El 28 de octubre de 2019 la magistrada, Patricia Linares Prieto, presidente de la JEP, remitió el caso al Fiscal General de la Nación para que estudiara el caso y ordenara las medidas que considerara pertinentes.
Por su parte, la Unidad de Investigación y Acusación inició de oficio el trámite de medidas cautelares el 4 de diciembre de 2019 para asegurar la protección y conservación de los cuerpos inhumados en el camposanto.
Mediante Auto AT-094 fue comisionado el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga para que verificara la situación en la que se encuentran los cuerpos de personas no identificadas inhumadas en el lugar.
La unidad, reunida en sesión plenaria el 29 de enero de 2020 asignó la sustanciación de este caso a la Sala Dual conformada por los magistrados Alejandro Ramelli Arteaga y Gustavo Salazar Arbeláez.
La investigación
El equipo encargado de adelantar las investigaciones previas, confirmó la existencia de este proyecto para reubicar el cementerio central de Neiva, según el reporte entregado el 20 de marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia.
“Las averiguaciones realizadas permitieron establecer que existe un proyecto para trasladar el Cementerio Central de Neiva dentro de la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio que prepara la Alcaldía de Neiva”, precisó el documento.
“Si bien en la actualidad pareciera no existir un riesgo inminente en relación con la conservación de los cuerpos de personas no identificadas (PNI) inhumadas en el cementerio Central de Neiva, dada la ausencia de información suficiente sobre la administración y manejo del mismo, el plan de traslado podría implicar un riesgo para la protección e identificación de los cuerpos de las PNI”, concluyeron los investigadores.
Por la demora en la remisión de la información sobre las medidas de protección el organismo inició un incidente de desacato, que se resolvió finalmente sin ninguna medida correccional.
Vinculadas
La JEP vinculó inicialmente al cementerio central y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para fundamentar las condiciones del camposanto en esta materia, necesaria para completar el diagnóstico.
Luego decidió vincular a otras entidades, entre ellas a la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a la Diócesis de Neiva.
Las entidades entregaron los informes respectivos, advirtiendo que las entidades oficiales, no han implementado políticas públicas para protección de los cementerios, ni acciones puntuales sobre búsqueda de personas víctima de desaparición forzada.
La audiencia
La audiencia fue programada inicialmente para el 26 de enero de este año. Sin embargo, fue suspendida en esa fecha por los altos niveles de contagios por la pandemia.
Finalmente, la Sección de Ausencia de Reconocimiento convocó para este martes la realización de la audiencia pública que sesionará en Neiva.
Los magistrados verificarán el nivel de cumplimiento de las obligaciones de las autoridades encargadas de la administración del cementerio. Además, escuchará el balance de las entidades sobre el estado de identificación y conservación de las personas sin identificar en el cementerio Central. “Solo así se definirá si ameritan las medidas de protección”, confirmó el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.
En esta gestión participa desde noviembre de 2020 el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación.
A la audiencia también concurrirán delegados de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Gobernación de Huila, la Alcaldía de Neiva, la Diócesis de Neiva, la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Neiva, la Procuraduría y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Al evento asistirán los cinco magistrados Alejandro Ramelli, en calidad de presidente; el vicepresidente, Gustavo Adolfo Salazar y los magistrados Raúl Eduardo Sánchez, Reinere Jaramillo Chaverra y María del Pilar Valencia.
La audiencia se realizará en las instalaciones del Club Los Manguitos.
La protección
La protección y protección de los cementerios hace parte de las medidas adoptadas para la localización, identificación, inhumación y homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada.
La Ley de Víctimas establece que los administradores de los cementerios mantendrán actualizado un libro de registro de los cadáveres no identificados o identificados no reclamados que ingresen o sean inhumados en el cementerio, con toda la información pertinente.
En los cementerios, los restos y cadáveres serán enterrados de manera individualizada y no en fosas comunes y con documentación rigurosa sobre su ubicación en el mismo. Las exhumaciones solamente procederán previa autorización emitida por la autoridad judicial competente.
Los administradores de los cementerios garantizarán la conservación y marcación de las tumbas, de acuerdo con los requerimientos que para tal efecto desarrolle la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Además, según el artículo 41 “la alcaldía del municipio o distrito donde es hallado el cadáver dispondrá de un lugar para la inhumación, conservación y custodia de los cadáveres no identificados o identificados no reclamados.
Con relación a los restos humanos en reducción esquelética provenientes de exhumaciones en cementerios o fosas clandestinas, la alcaldía del municipio donde se realizó la exhumación del cadáver dispondrá, en el marco de su autonomía, centros de almacenamiento al interior de los cementerios públicos municipales.
Dispone igualmente que las autoridades sanitarias deben ejercer las labores de vigilancia y control y a las gobernaciones rol de supervisión.
