La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar a de manera colectiva a 11 mandos medios de las Farc que pertenecían los frentes 34 y 57 de las extintas Farc para que amplíen sus versiones en el macro caso 04.
Este enorme expediente, de los siete que ha abierto esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con la guerrilla, está relacionado con los hechos de violencia que vivió la zona del Urabá antioqueño y chocoano durante el conflicto armado, más precisamente entre enero de 1986 y diciembre de 2016.
La Sala de Reconocimiento en el Caso 04 (Urabá), la JEP convocó para los días 3, 4 y 5 de noviembre fueron convocados en Carmen de Darién (Chocó) Rodolfo Restrepo, Claudia Patricia Motato, Veimar Robledo, Isabel María Torres, Iván Darío Guisao Duarte.
Los días 24, 25 y 26 de noviembre fueron convocados en Medellín Luís Óscar Úsuga Restrepo, Fancy María Orrego Medina, José Ignacio Sánchez Ramírez, Ancizar García Ospino, Vianey de Jesús Hernández Benítez y Nelson Benítez Urrego.
“La Sala de Reconocimiento ya ha presidido 6 diligencias de versiones colectivas de miembros de las extintas Farc- EP en el Caso 04, que prioriza la situación territorial de la región de Urabá. Estas han sido realizadas en territorio por la magistrada Nadiezhda Henríquez, relatora del caso”, señaló la Sala de Reconocimiento a través de un comunicado de prensa.
Según la propia JEP en este caso se han analizado 29 informes, de los cuales 21 son de fuentes institucionales como la Fiscalía, la Secretaría de la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), principalmente.
Además el expediente se enfoca los hechos victimizantes ocurridos en Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (en Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (en Chocó). “En esos municipios, la Jurisdicción ha identificado hasta el momento, alrededor de 1.000 hechos prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, señaló la JEP cuando abrió el caso en septiembre de 2018.
En este proceso también han sido llamados antiguos miembros de la fuerza pública que, incluso, han sido condenados por hechos en Urabá. Este año ha declarado en varias oportunidades el general retirado del Ejército Rito Alejo del Río, audiencias que han sido criticadas por las organizaciones de víctimas. Ellas dicen que el antiguo oficial del Ejército, condenado por su participación en el crimen del campesino Marino López Mena en Urabá, no ha aportado mayor información para esclarecer lo que pasó en esta región que sigue aun siendo foco de disputa por los grupos armados.
En enero de 2020, la JEP también llamó a al capitán (r) Alfonso Romero Buitrago, quien a finales de 2019, le reveló a este diario los vínculos entre grupos paramilitares y miembros de la Brigada XI del Ejército, en el municipio de Dabeiba (Antioquia), entre 2004 y 2005.
Además, en estas audiencias han tenido participación grupos como las de la Unión Patriótica en Urabá y Antioquia, los pueblos indígenas Embera-Katío, Embera Chamí y Tule o Kuna afectados en el Darién chocoano, los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, las comunidades sindicales, entre otros.
*Con información de ElEspectador.com
