La joven trabajadora sexual Daniela Vanegas Motta, integraba la banda de microtráfico ‘Los Libertadores’ en Neiva. La Fiscalía señaló que la mujer se dedicaba al expendio de droga y vigilancia para avisar la presencia de la Policía. La joven ‘negoció’ la pena y deberá pagar una multa superior a mil millones de pesos.
Rafael Rodríguez C.
Vigilar si hacían presencia policías en el sector y vender estupefacientes eran las labores que la joven trabajadora sexual Daniela Vanegas Motta desempeñaba para la banda de microtráfico de droga ‘Los Libertadores’, en el microcentro de Neiva.
El rol de la mujer y los demás miembros de la ‘empresa criminal’, liderada por Carolina Acosta Gómez, quedó registrado en 197 videos de seguimiento que grabaron investigadores de la Sijin de la Policía Metropolitana de Neiva en coordinación con la Fiscalía Especializada.
Daniela, de 21 años de edad, quien se desempeñaba como trabajadora sexual en el microcentro de la capital huilense, decidió llegar a un preacuerdo con el fiscal del caso, en momentos que se iba a iniciar el juicio oral en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En la ‘negociación’ pactaron las partes que a cambio de la declaratoria de culpabilidad de los delitos imputados, que sólo para efectos de la pena se degradara de autor a cómplice, además de otorgarle una rebaja del 50% de la pena a imponer.
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Desmantelada la banda
La investigación, que inició el 17 de agosto de 2020 y culminó con la desarticulación de la banda en noviembre de 2021, comenzó con la información de una fuente que le contó a las autoridades sobre un grupo de personas que se dedicaban a la comercialización de sustancias estupefacientes en la plaza cívica Los Libertadores en el centro de la capital huilense.
“Se ubicaban en puntos estratégicos con el propósito específico de tener contacto con los posibles compradores y consumidores, realizando el intercambio de marihuana”, indicó el delegado del ente acusador.
Las investigaciones permitieron a los efectivos establecer que la mayoría de las veces las dosis de estupefacientes eran encaletadas en las partes íntimas, bolsos de mano, bolsas plásticas que arrojaban al suelo y cajetillas de cigarrillos. “Las personas que adquirían la sustancia la fumaban en el lugar, mientras que otros abandonaban el mismo con el elemento comprado”, explicó el funcionario judicial.
Las actividades continuas de prevención y control por parte de la fuerza pública, eran evadidos ágilmente, pues dentro de la organización los mismos vendedores ejercían el rol de “campaneros” y se distribuían al momento de realizar la venta, siendo que mientras algunos de ellos vendían la sustancia, otros estaban pendientes para dar aviso de la presencia de la fuerza pública o personas ajenas al sector, lográndose establecer que la estructura criminal expendía y vendía la sustancia estupefaciente fraccionada por el valor de $3000 pesos. Los ingresos mensuales de esta estructura delincuencial ascendían a los $30 millones de pesos.
Resaltó la Fiscalía que la actividad ilícita desarrollada correspondía a la de microtráfico o narcomenudeo que conllevó un lucro económico, actividad ilícita que se llevó a cabo sin importar que los niños, niñas y adolescentes fueran utilizados para dicha actividad, o que la misma fuera vendida en presencia de ellos, siendo vulnerables al consumo o adicción de sustancias estupefacientes a temprana edad.
Rol
La organización delictiva estaba integrada por Daniela Vanegas Motta, Bárbara Valeria Niño Barragán, Leidy Yaneth Villarreal Carvajal, Marly Viviana García Lombana, Jéssica Alejandra Guzmán Ramírez, Ever Farid Carvajal Trujillo, Yénifer Roxana García León, Karen Julieth Prada, Érika Fernanda Muñoz, Andrea Samanta Botero Pastrana, Carolina Galindo Álvarez, Rommel Alexánder Guerrero Perdomo, Kevin Andrés Cuéllar Gómez, Diego Armando Lara Joven, Germán Cuéllar Perdomo y Carolina Acosta.
“Se evidenció, cómo de manera diaria y permanente, los miembros de dicho grupo delincuencial realizaban actividades propias de la comercialización de sustancia estupefaciente…”, dijo el fiscal del caso.
Indicó que Daniela cumplía la labor de patrullera y campanera, aunado a que se encargaba de realizar venta de estupefacientes, “esta rinde cuentas a alias ‘Shakira’ y a alias ‘La Pollo’”.
Sostuvo que los trabajos de vigilancia permitieron identificar que Daniela, en varios eventos interactúa con diferentes integrantes de la estructura delincuencial ‘Los Libertadores’,” cada uno desarrollando un rol específico de la venta”.
Precisó que los movimientos de la mujer y los demás miembros de la banda, quedaron registrados en los videos obtenidos como producto de la vigilancia que adelantó el grupo de investigadores con apoyo del agente encubierto.
“Es un peligro para su hijo”
El Juez Tercero Penal Especializado de Neiva con Funciones de Conocimiento luego de analizar la ‘negociación’ y legalizarla, manifestó que la aceptación libre y voluntaria de los cargos por parte de Daniela Vanegas Motta, mediante la modalidad de preacuerdo, aunado a los elementos materiales probatorios, configuran el mínimo probatorio suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia.
Sostuvo, además, que con los hechos relatados por el fiscal del caso “no existe duda alguna” que la mujer se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes en la Plaza Cívica Los Libertadores, de la ciudad de Neiva. “estableciéndose allí la concentración de personas de la comunidad Lgtbiq+ así como otras personas de sexo femenino y masculino, quienes se dedicaban a la comercialización de sustancia estupefaciente ubicándose en puntos estratégicos”.
Las pruebas presentadas en el preacuerdo le permitieron al operador judicial establecer el “modus operandi” de las personas que se dedicaban diariamente a la comercialización y expendio de estupefacientes en el sector del microcentro de la capital huilense. “Conformaban una línea estructurada por un cabecilla o propietario conocido en su entorno social como ‘Firma’, y de ellos dependía el personal de confianza, administradores, almacenistas, dosificadores o expendedores de sustancia estupefaciente llamados en el sector ‘Taquilleros’ o Jíbaros’”, explicó el togado.
Precisó que las investigaciones permitieron identificar cómo la organización delincuencial estaba integrada y los roles que desempeñaban cada uno de sus integrantes como en el caso de Daniela Vanegas Motta, quien se desempeña como patrullera y campanera. “Se encargaba de realizar venta de estupefacientes, rinde cuentas a alias “Shakira” y a alias “La pollo”, además de la vigilancia de cosas”.
Sostuvo el togado que se encuentra plenamente acreditada la culpabilidad de las conductas punibles que se respaldan con los documentos aportados por el fiscal y reconocidos por la procesada y su defensor en el preacuerdo. “La documentación le permite al Despacho (juzgado) confirmar la existencia de elementos materiales probatorios suficientes que llevan al convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda…”.
Aseguró el juez que es claro que el comportamiento de Daniela Vanegas Motta, puso en peligro “de forma cierta y sin causa que lo justificara…la seguridad pública…la seguridad colectiva…”.
El togado manifestó que no hace viable el otorgamiento del subrogado de la prisión domiciliaria, acudiendo a la figura de madre cabeza de hogar, ya que es un peligro para su hijo. “El comportamiento ilícito adoptado por la aquí sentenciable de por sí resulta peligroso para la comunidad y principalmente para su hijo, ya que, reiteramos, atenta contra la seguridad y salud públicas y es una actividad ilícita que conlleva una serie de acciones y eslabones que estructuran toda una empresa criminal dedicada al tráfico de estupefacientes; y entonces, es la propia procesada quien coloca en riesgo inclusive, se repite, a su hijo, no resultando de gran ejemplo su comportamiento”.
La decisión llevó al juez a revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de domicilio, que beneficiaba a la mujer y trasladarla a la cárcel para el cumplimiento de la pena de prisión.
La mujer fue condenada a 50 meses de prisión al ser hallada coautora de los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Además deberá pagar una multa de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($1.755.000.000).