Aunque el juez le pisó el acelerador, el proceso penal por el soborno a los concejales de Neiva quedó otra vez, como los carros viejos, varados y sin gasolina, rumbo al abismo de la prescripción. Ya cantan victoria.
RICARDO AREIZA
investigacioneshuila@gmail.co,
Después de siete años de la tramposa elección de Personera y Contralor de Neiva, el proceso penal contra sus protagonistas avanza inatajable directo al precipicio de la prescripción por vencimiento de términos.
Aunque el juez del caso Freddy Peña, le pisó el acelerador en la última fase, el proceso penal sigue como los carros viejos, despacio, varados y con las llantas pichadas.
El proceso por el soborno a concejales cerró este año con cuatro prescripciones y vergonzosamente, con dos procesos disciplinarios archivados. Increíble, pero cierto.
Como ocurre con el juicio por las anomalías en la fallida remodelación del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’, la diligencia quedó ayer nuevamente empantanada.
Aunque el juez Cuarto Penal del Circuito cambió los neumáticos y retomó la marcha, otro pinchazo inesperado frenó ayer nuevamente, la accidentada audiencia preparatoria, y lo hizo virar, rumbo al precipicio de la prescripción.
Esta vez, fue la representación de la Defensoría del Pueblo, cuyo delegado se excusó de asistir, argumentando razones de fuerza mayor.
Cuando la nueva fiscal se preparaba a concluir antes de terminar el año la enunciación de las pruebas, un nuevo traspiés se registró ayer y dejó nuevamente a la deriva la fase final de la audiencia preparatoria. La ausencia de uno de los defensores públicos, originó la suspensión de las diligencias hasta el próximo año.
“La audiencia tuvo que suspenderse porque uno de los defensores solicitó el aplazamiento porque fue convocado a última hora por dos jueces especializados a diligencias a la misma hora”, confirmó el juez Freddy Peña.
“Sin su presencia no era posible realizar la audiencia en razón al debido proceso y estaba respaldada por fuerza mayor”, aseguró.
El juez programó cinco fechas para el año entrante para continuar con la audiencia preparatoria. La primera el 14 de febrero, 7 de marzo, 25 de abril, 16 de mayo y 13 de junio.
A cuenta gotas
Aunque la ley prevé unos términos puntuales y perentorios para la acusación, audiencia preparatoria e inicio del juicio oral, en el caso de los nueve concejales y otros seis particulares los plazos superaron con creces todos los tiempos mínimos y varias conductas, ya prescribieron, perdiendo la administración de justicia la potestad para investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos. Increíble pero cierto.
Excediendo todos los plazos, la audiencia preparatoria se desarrolla a cuenta gotas desde el 5 de mayo de 2019, en una contra reloj que viene marcado el inatajable ritmo de la prescripción por causas atribuibles a los operadores judiciales.
Dilación extrema
Las investigaciones por la fraudulenta elección de Personera y Contralor de Neiva comenzaron hace nueve años y fue orientada por el entonces vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo.
Sin embargo, pese al abundante material probatorio y evidencias recaudadas, el proceso penal sigue estancado, avanzando aceleradamente hacia el precipicio de la prescripción por vencimiento de términos. Hoy, por lo menos cuatro de los imputados, cantan victoria.
Primero fue la demora de la Fiscalía durante el periodo de Néstor Humberto Martínez Neira para entregar a las partes intervinientes los elementos probatorios oportunamente recaudados
Durante el periodo del fiscal Martínez, quien asumió el cargo el 11 de julio de 2016 hasta su renuncia en mayo de 2019, el juicio a los concejales no avanzó.
En este lapso, el proceso penal, sin pretenderlo, terminó salpicado por el más grande escándalo de corrupción en la justicia.
El ‘Cartel de la toga’, el más grande entramado de corrupción judicial, estalló cuando el entonces fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, nombrado por Martínez Neira para que “hiciera caso”, magistrados y ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia interfirieron por plata grandes procesos.
“Los funcionarios involucrados en el Cartel de la Toga – según la Comisión de la Verdad- desviaban investigaciones y dilataban procesos, conseguían y utilizaban información privilegiada, retardaban los trámites, alteraban evidencias y restaban credibilidad a los testigos a través de medios de comunicación. Todo para favorecer a quienes pagaban por estos “servicios”, para obtener decisiones judiciales favorables, que aparentaban ser legales”.
Y peor aún: durante el periodo del fiscal Francisco Barbosa, entre el 13 de febrero de 2020 hasta el 13 de febrero de 2024 el juicio de los concejales permaneció estancado durante la enunciación probatoria y se agravó por la inestabilidad de jueces y fiscales.
La nueva fiscal Luz Adriana Camargo, quien asumió el cargo el 22 de marzo de 2024, cambió a la fiscal Susana Lozano quien venía conociendo el voluminoso expediente y la reemplazó por la fiscal Lizeth Chaparro Díez, quién comenzó de cero.
Cambio de jueces
El proceso lo inició el juez Tercero Penal del Circuito Jorge Enrique Luna, quien fue trasladado. Lo reemplazó Elvira Inés Zamora Gnecco, quien se declaró incompetente alegando con razón que en calidad de juez de garantías presidió las audiencias preliminares.
Ante el impedimento, el caso lo asumió la juez Cuarta Penal del Circuito María del Pilar Ochoa. Al terminar su comisión, fue nombrado Freddy Peña Ávila, quien instruye el proceso desde agosto de 2022.
Duro golpe
Los concejales y particulares comprometidos en el entramado de corrupción fueron capturados el 23 de agosto de 2018 durante una cinematográfica redada en la sede de la corporación en momentos en que los concejales se encontraban en plena sesión. El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo estuvo al frente de las diligencias.
Al día siguiente, después de la legalización de la captura, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, obtención de documento público falso y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.
El 14 de septiembre de 2018 los concejales y los particulares recobraron su libertad.
El escrito de acusación fue radicado el 20 de diciembre de 2018. Sin embargo, la audiencia de acusación se realizó 18 meses después el 28 de septiembre de 2020 y terminó, aunque parezca insólito, dos años después, el 3 de mayo de 2021. Desde entonces sigue estancado en la audiencia preparatoria que se realiza a cuenta gotas, con un futuro sombrío.
Prescripción
Aunque parezca un cuento chino, la audiencia preparatoria comenzó el 5 de mayo de 2019, cumplió cinco años y medio y no ha terminado.
Lo más sorprendente: la prescripción por vencimiento de términos, habría operado en la práctica en favor de los ‘cerebros’ de la torcida elección.
La tesis de la defensa es que las conductas imputadas a la ex personera Heidy Lorena Sánchez y al ex contralor, José Hildebrand Perdomo habrían prescrito, en razón a que los delitos fueron cometidos en calidad de particulares, no en función de sus cargos.
Los sobornos fueron ofrecidos a finales de 2015 y se concretaron a principios de 2016, cuando no habían sido elegidos ni se habían posesionado. Los pagos les aseguró la su elección. En concreto: los dos compraron su elección como quedó evidenciado en las interceptaciones telefónicas.
El ‘financista’
La excesiva morosidad judicial, atribuida en su gran mayoría a la propia Fiscalía, habría desembocado también en la prescripción de la acción penal por vencimiento de términos en favor del empresario, Rened Cantillo Álvarez, ‘el hombre del maletín’.
El comerciante aportó los dineros y sirvió de puente para descarada compra-venta de los servidores públicos comprometidos en la desviada elección de los dos dignatarios del control territorial.
Cantillo fue acusado como coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer cometido en concurso homogéneo y sucesivo, quedará por fuera de los estrados judiciales.
En su caso, por no tener la calidad de servidor público, el proceso en su contra prescribió, por “vencimiento de términos”, al superarse el tiempo que tenían los operadores judiciales para proferir una sentencia definitiva.
Cantillo Álvarez quedó en libertad en septiembre de 2019 también por vencimiento de términos. Hoy canta victoria. Solo falta que el juez decrete la prescripción.
Según la Fiscalía, al haber actuado de común acuerdo y a través de una pluralidad de acciones infringió varias veces la misma disposición penal, incurriendo en varias ocasiones en el mismo delito de cohecho por dar u ofrecer mediante el ofrecimiento que hizo a por lo menos 10 concejales.
En este caso como se presenta un concurso de conductas punibles por infringir varias veces la misma disposición penal quedará sometida a la que establezca la pena más grave aumentada hasta en otro tanto sin que supere la suma aritmética de las que le correspondan a sus respectivas punibles debidamente dosificadas.
Primeras ‘victorias’
El delito de cohecho prescribe a los cinco años. Sin embargo, por ser un particular y por no tener antecedentes, la pena a imponer no se le puede aumentar, lo que, en términos prácticos, significaría que el término ya estaría prescrito. Solo que la prescripción no ha sido decretada por el juez de conocimiento. Hoy canta victoria.
La misma situación habría ocurrido con el médico Luis Antonio Medina, quien no ostenta la calidad de servidor público, sino que actuó como particular. Medina fue acusado por obtención de documento público falso y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.
Estas conductas, según la bancada de la defensa, también habrían vencido en el pantano de la prescripción, es decir, el archivo definitivo por culpa del Estado.
Medina fungía como supervisor del convenio y coordinador del cuestionado concurso y director del Grupo de Investigaciones de la Usco.
Archivo vergonzoso
La Procuraduría, encargada de sancionar a los servidores públicos por conductas indebidas, pasó de agache. Alejandro Ordóñez (2009-2016), implacable contra sus adversarios políticos, en este caso permaneció sordo, ciego y mudo. La misma actitud asumió Fernando Carrillo Flórez (2017-2021) como su sucesora, Margarita Cabello Blanco, inflexible defensora de los clanes políticos terminó sepultando la investigación disciplinaria.
El procurador regional Diego Alexis Tello argumentó caducidad para archivar el expediente disciplinario contra los concejales implicados en el escandaloso episodio.
Cuando se abrió la investigación disciplinaria, el 10 de febrero de 2021, ya habían transcurrido cinco años de la configuración de la falta disciplinaria, según el procurador regional Diego Alexis Tello Esquivel.
Las conductas de los concejales, -dijo- tenían un objetivo claro y preciso: Por medio de actos delictivos beneficiaron a terceros al acceso de un cargo público de elección, como es el de Contralor y Personera de Neiva.
“Por ende, la materialización de estos actos reprochables se da en el acto legal y reglamentario de su elección por parte de los concejales como cuerpo colegiado competente de su nominación y elección, es decir, el 8 de enero de 2016 en la elección y posesión del personero municipal y, el 9 de enero de 2016 en la elección y posesión del contralor municipal”, insistió la Procuraduría.
En este orden, operó la caducidad de la acción disciplinaria y no la prescripción. La primera se extinguió con la emisión del correspondiente auto de investigación disciplinaria el 10 de febrero de 2021.
Pero no fue el único archivo. El 28 de marzo de 2023 la Procuraduría Primera Delegada había archivado otra investigación disciplinaria por las irregularidades en la firma del convenio para asesorar los concursos de elección y personera. La justicia es lenta pero llega ¿convertida en impunidad?
