Los procesos de justicia transicional son un mecanismo para solucionar los conflictos armados dentro de un determinado Estado. El éxito de un proceso de esta magnitud radica en contar con una verdadera voluntad de las partes antagónicas y en el compromiso institucional para terminar ciclos de violencia que generalmente dejan miles de víctimas. Es importante mencionar que la sociedad civil debe ser un actor activo no solamente como garante sino como promotor de iniciativas generadoras de paz y reconciliación.
El debate con el Proceso de Justicia Transicional que se está llevando a cabo en Colombia ha estado muy centrado en la idea de justicia, es decir, para sectores políticos como los que aglutina el Partido Centro Democrático lo justo es que los integrantes de la insurgencia paguen cárcel y no se les permita la participación política. Por el contrario, para quienes integraron la mesa de conversaciones en la Habana lo justo es garantizarles a las víctimas los derechos que les han sido vulnerados a través de la historia. Esto no quiere decir una ausencia de lo punitivo porque se entiende que los delitos que el derecho internacional asume como de lesa humanidad deben ser castigados de acuerdo con lo estipulado por la Justicia Especial Para la Paz. El sentido común podría decir que si los actores del conflicto no van a tener incentivos como penas alternativas o garantías de participación, la verdad va a quedar en un segundo plano y las víctimas seguirán preguntándose por su historia. La historia de todos nosotros.
Es fundamental comenzar por comprender que quienes decidieron sentarse en la mesa de paz de la Habana son dos actores antagónicos del conflicto armado colombiano (las Farc y el Estado) que nunca pudieron imponerse militarmente, por eso no se trata de una rendición sino, justamente, de una negociación. En este sentido, la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) nace como una instancia de justicia neutral que actuará en concordancia con el derecho internacional para llevar a buen término el Proceso de Paz. Este organismo estará conformado por 20 magistrados nacionales y 4 magistrados internacionales repartidos en cuatro salas, los cuales a su vez investigarán y sancionarán a miembros de las Farc, a los agentes del Estado y a personas de la sociedad civil inmersos en el conflicto armado. Es preocupante que el congreso haya incluido reformas a este mecanismo, promovidas por el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, en lo que respecta a los actores de la sociedad civil. Hay en el ambiente un interés de ciertos sectores políticos por proteger a terceros que financiaron el conflicto armado durante décadas. ¿Será que son los mismos que les han financiado sus campañas?
Investigador del Grupo “Diálogos”.
