La asociación sindical de trabajadores de la educación ADIH, organización que se ha destacado por la defensa de la vida y el respeto por las diferencia ve con preocupación la presencia de actores armados en los territorios, en donde dicha presencia crea zozobra y deserción escolar por el temor de ir a la escuela. Nosotros tenemos como organización sindical el principio de que la escuela es un territorio de paz y que debe estar alejada del conflicto armado, educamos para la vida. Los niños merecen vivir en una sociedad que le brinde los conocimientos y los valores de convivencia pacifica en donde la palabra sea sello de paz y de progreso, nuestra organización sindical se identifica por la búsqueda de una paz total con justicia social, la extrema derecha de este país se organiza en todos sus esferas: Medios de comunicación y desde la Institucionalidad con sus más destacados voceros como la fiscalía y la procuraduría, que se han convertido en la nueva inquisición del pensamiento democrático en este país, y en lo legislativo pretenden Destruir el sistema educativo público, apropiarse de su presupuesto y reversar su carácter democrático, con la puesta de hacer aprobar en el congreso proyectos como el de la ley 192 de 2022, “Por la cual se crea el Bono Escolar en Colombia y se dictan otras disposiciones”, liderado por la senadora Paloma Valencia, constituye un nuevo intento de la derecha criolla de entregarle el presupuesto público de educación a los particulares, revivir el clientelismo y el negocio a costa de destruir el sistema educativo público y de reversar su carácter laico y democrático.
Estas motivaciones ideológicas y financieras se complementan con su desinterés por universalizar el derecho, su intención de disolver el magisterio estatal por ser un protagonista social incómodo, eliminar cualquier estatuto docente que dignifique la profesión, generalizando la pauperización salarial y la contratación a destajo.
No sobra resaltar que la versión anterior de los “bonos escolares”, fueron los “convenios” que se convirtieron en un verdadero carrusel de corrupción, el cual consistía en que algunos políticos a través de unos funcionarios lograban asignar a un colegio privado un número de estudiantes y un monto nada despreciable por cada uno de ellos. Favor que se retornaba con apoyo electoral, presionando indebidamente a las familias “favorecidas”. Por esta, entre otras razones, los gobiernos alternativos en Bogotá se propusieron y lograron pasar de 146.000 a 15.000 “convenios”, entre 2004 y 2015.
La gravedad es mayúscula. De aprobarse el proyecto de ley de marras, obraría en contravía de los avances consignados en la Ley General de Educación y en la Constitución Política, tales como la libertad de cátedra, el ejercicio de la autonomía, la democracia, el gobierno escolar y otros conquistados por la comunidad educativa en nuestra agitada vida republicana. La verdadera “norma” sería, la imposición de los currículos, especialmente de contenidos, la amenaza permanente del despido por ejercer los derechos civiles, como también, los inherentes al ejercicio académico.
La difícil existencia del sistema educativo público tendría su golpe de gracia. El establecimiento neoliberal procede con alevosía y premeditación porque, a la expropiación de más de 256 billones de pesos a la educación de los municipios de Colombia, entre 2002 y 2022 como resultado del regresivo acto legislativo 01 de 2001, ahora pretende apropiarse de los pocos recursos del deficitario Sistema General de Participaciones. (art.9).
Más grave aún. La verdadera joya de la corona es derribar los obstáculos que les impide apoderarse de todo el presupuesto público educativo. Me explico. Aunque el paro nacional del magisterio y de la comunidad educativa que realizamos en 2001, no logró atajar la regresiva reforma constitucional, sí limitó la contratación con entidades públicas o privadas, solo donde se demostrara insuficiencia de las instituciones educativas oficiales para garantizar el servicio educativo (art.27 de la ley 715 de 2001). Diez años después, la conjunción de movilización social y movimiento pedagógico logró hundir el proyecto 021 de 2021, presentado por la senadora María Fernanda Cabal que pretendió eliminar este “articulito” que les estorbaba y, ahora su copartidaria, lo intenta nuevamente con los artículos 10 y 15 del proyecto de ley 192/22.
Tal como lo hemos advertido en propuestas similares, la regresiva consecuencia adicional es la suplantación y/o debilitamiento de la función social de la escuela al ser remplazada por confesiones religiosas, cajas de compensación u otras organizaciones a las cuales la sociedad les asignó otro tipo de fines.
Rayando en la demagogia, la senadora ponente busca el respaldo popular a su iniciativa dando a entender que los más pobres ingresarán a los colegios de la élite. Lo cierto es que podrían elegir entre instituciones educativas ya definidas, a las cuales no se les exige enfáticamente infraestructura apropiada para desarrollar la labor pedagógica en condiciones dignas. Pese a que el proyecto de ley dice que los colegios no podrán pedir “pagos extras”, ¿quién protege a las familias de los “bonos voluntarios” que aún exigen no pocas instituciones educativas del régimen privado, dejándolas a su suerte y vulnerando la gratuidad plena.
El negocio – socio, “mejora” con el bono escolar “aditivo”, es decir un pago adicional para quienes cuenten, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad. Pero no obliga a la institución a garantizar una verdadera educación inclusiva. Se ocupa de porcentajes para fijar el alcance del negocio en general (art. 6) pero no para establecer el número de docentes con las especializaciones requeridas para “atender” este tipo de población. Tampoco aulas y parámetros definidos pedagógicamente.
Llama la atención que, para ser seleccionado, el colegio debe tener una “…oferta de formación religiosa” (art. 7) y, de ñapa los padres, madres o quienes ostenten la patria potestad de los “beneficiados”, deben asistir a “talleres obligatorios”, orientados entre otros por los contratistas. ¡Se siente el aroma de adoctrinamiento y sujeción!
En fin, la historia de los convenios escolares parece reditarse porque todo compele a que el acto democrático y de “calidad”, es conformarse con matricular a niñas, niños y jóvenes en colegios particulares de segundo orden, con las “características” mencionadas y, por si las dudas, en donde el que manda es el dueño y punto. Mientras que la responsabilidad del Estado para garantizar los factores asociados al proceso pedagógico sale “convenientemente” del debate y se eleva a categoría de sinónimo de calidad, el fracasado referente de las pruebas de Estado o las internacionales.
FECODE, ya alertó a la comunidad educativa y académica, coincide con los comentarios del viceministro de Educación expuestos en su cuenta de Twitter pero lo que exige la gravedad del regresivo proyecto de ley, es fijar posición oficial del Gobierno y obrar en consecuencia. Invitamos a las bancadas parlamentarias alternativas y democráticas a la juntanza para defender el derecho que tiene la nación a contar con un fortalecido sistema educativo público, lo que significa lograr la universalización del derecho, la apropiación y generación de conocimiento avanzado en favor del desarrollo del país y del bienestar de la población; como también, la dignificación de la labor pedagógica. Para el efecto, es indispensable garantizar su carácter democrático, la financiación estatal adecuada y la administración de la educación pública.
Por las transformaciones que requiere la educación, seguimos fortaleciendo la poderosa conjunción de movilización social y movimiento pedagógico.
Por consiguiente este comité ejecutivo de Adih liderado por la experiencia e inteligencia estará atento al llamado en la defensa de nuestros derechos. EL 2024 será un año de exigencias y reclamaciones por parte de nuestra organización FECODE y la ADIH estaremos presentando a los tres entes territoriales, los pliegos de peticiones que reivindiquen el trabajo, la dignidad laboral y el respeto a la autonomía escolar entre tantas exigencias que estarán reflejados en nuestros pliegos, en las calles estaremos exigiendo una salud digna dentro del marco de lo ganado históricamente como lo establecido en la Ley 91 del 89. Las calles son nuestros escenarios, por una paz total con justicia social, por un país que respire el cambio social, cultural y educativo la adih presente. Un próspero año de resistencia y de mucha prosperidad social para un pueblo que clama caminos libertarios.
La asociación sindical de trabajadores de la educación del Huila ADIH, desde la secretaria de asuntos laborales y jurídicos, de acuerdo al plan de acción de la presente anualidad viene cumpliendo su tarea en acompañar, asesorar y orientar al magisterio, en la defensa de los derechos y el mejoramiento de las condiciones laborales de los docentes en el departamento del Huila, así como en la defensa de la educación pública con plenas garantías de accesibilidad y la permanencia de nuestros niños y jóvenes en nuestro sistema educativo que conlleve a la calidad educativa en condiciones dignas.
Es así que junto al comité ejecutivo departamental hemos venido haciéndole seguimiento a los acuerdos firmados con los entes territoriales Huila, Neiva y Pitalito. Importante resaltar que aun seguimos pendiente en la exigencia al cumplimiento a cabalidad de dichos acuerdos ya que persisten serias problemáticas en el sector de índole regional que deben ser resuelta como el mejoramiento a la Infraestructura obsoleta de nuestras instituciones educativas, la dotación de los EE, el transporte escolar, el PAE, la actualización de la capacidad instalada, la deficiente prestación del servicio de salud del magisterio, el respeto por la jornada laboral y la autonomía escolar frente a sus proyectos educativos institucionales (PEI) y el cumplimiento legal a la instalación de Junta departamental de educación y las juntas municipales, entre otros temas de suma importancia para el magisterio.
Frente al concurso docente y directivo docente llevado por la comisión nacional del servicio civil (CNSC) se realizó la veeduría correspondiente frente a cada una de las audiencias públicas de selección del cargo llevadas a cabo por los entes territoriales (Huila, Neiva y Pitalito), donde más 2000 docentes y directivos docentes seleccionaron su cargo, allí estuvimos presto a acompañar a los docentes a denunciar cualquier tipo de irregularidad que se llegase a presentar. Ahora continuamos vigilantes en la tarea de que se expidan los actos administrativos correspondientes para la posesión debida de que se haga uso de las listas de elegibles de acuerdo a las vacantes que se generen, por lo que exhortamos a los docentes estar en pendientes del proceso.
Así mismo se ha venido asesorando legalmente y acompañando a los docentes provisionales que no lograron superar el concurso y presentan una condición especial que los hacen sujetos de especial protección constitucional de acuerdo a lo expresado por la corte constitucional como lo son aquellos docentes que presentan enfermedades catastróficas, las madres o padres de familia, prepensionados y docentes amparados por el fuero sindical. Por lo que en su momento le pedimos a las secretarias de educación del Huila, Neiva y Pitalito la instalación de las mesas técnicas Provisionales y su funcionalidad, la cuales se instalaron y venían funcionando, dándole aplicabilidad a lo orientado por el ministerio de educación (MEN) en la circular número 024 del 21 de julio de 2023, pero se vieron truncadas por las disposiciones de la CNSC en la circular externa emitida el 20 de octubre de la presente anualidad, por lo que ya pasado las audiencias de selección y el agotamiento de algunas listas de elegibles le exigimos a las secretarias de educación que se reactiven la mesas técnicas con motivo de dar cumplimiento a la circular 39 del MEN y poder reubicar en la medida de las posibilidades aquellos docentes que se encuentran amparados bajo el retén social, teniéndose en cuenta lo expresado por la corte constitucional en la sentencia T-595 de 2016 “(…) En aquellos eventos en los que la Administración no posea margen de maniobra, debe generar medios que permitan proteger a las personas en condiciones especiales (…) con el propósito de que sean las últimas en ser desvinculadas de sus cargos, esto, por cuanto no gozan de un derecho indefinido a permanecer en el cargo de carrera. (…) Ello, naturalmente, sin perjuicio de la asignación de los cargos cuando se adelantan los correspondientes concursos de méritos.” De esta manera se viene realizando el acompañamiento a maestros y maestras, siendo conscientes que el número de elegibles en cada cargo sobre pasan la disponibilidad de cargos vacantes.
Por otro lado ante la precaria prestación del servicio de salud del magisterio venimos orientado y accesorando a los docentes a instaurar acciones legales con el objetivo de que se les brinde el servicio de salud en los términos que fue contratados con el fin de que se garantice el derecho a la salud y a la vida como derechos fundamentales, sin dilataciones en la asignación de citas para medicina general, especializada, programación de cirugías, realización de exámenes y entrega de medicamentos de forma oportuna y eficaz. Por lo que le exigimos al prestador del servicio de salud en nuestra región la unión temporal Tolihuila y como IPS a Emcosalud que cumplan a cabalidad los términos del contrato con lo cual se comprometieron a prestar un óptimo servicio de salud para los maestros y maestras del Huila, mientras se define el nuevo modelo de salud del magisterio en los términos de la ley 91 de 1989.
Reiteramos el apoyo a las reformas y propuestas del gobierno del cambio, en especial al proyecto de ley estatutaria de educación que se discute en el Congreso de la Republica que busca regular la educación como derecho fundamental en todos los niveles, que junto al proyecto de modificación del sistema general de participaciones SGP buscara garantizar elementos esenciales como la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad para el fomento de la calidad y la pertinencia de la educación para el cierre de brechas.
