Deysi Yohana Torres Suárez, quien labora en casas de familia y vende comida en la calle, beneficiaria de una vivienda de interés social en el municipio de Tarqui le ganó una tutela a la Alcaldía. Las casas ya fueron entregadas por el contratista y la administración. “No se le ha garantizado el goce real de una vivienda digna, por el contrario, se le han impuesto cargas adicionales…”, dijo el juez.
Rafael Rodríguez C.
“El ente territorial ha incumplido con la obligación de asegurar la realización del derecho a la vivienda digna de la población vulnerable beneficiaria del proyecto ‘Ciudadela Otoniel Rojas Correa’, trasladándoles a estas personas la carga de las fallas contractuales, económicas y administrativas internas del proceso”.
Así sentenció el juez Único Promiscuo Municipal Tarqui, César Augusto Murillo Collazos, el fallo de tutela de primera instancia contra el municipio de Tarqui y a favor de Deysi Yohana Torres Suárez, beneficiaria de una vivienda de interés social en la ciudadela que fue entregada por el contratista el pasado 8 de junio de 2022.
La mujer alegó en la tutela que instauró que la administración municipal le vulneró a ella y su familia los derechos a la dignidad humana, vivienda digna y derecho a la vida, por no entregarle la vivienda asignada en el proyecto habitacional.
Para la construcción de la ciudadela la administración municipal de entonces, en el 2.019 suscribió el contrato de obra No. 001 con Isaías Vargas González por un valor de $3.997´524.670 con el objeto de desarrollar la obras a todo costo con un plazo de ejecución de un año a partir de la firma del acta de inicio.
Deysi Yohana se postuló con su núcleo familiar, del que hace parte un menor con discapacidad cognitiva derivada de una parálisis cerebral infantil, para adquirir la vivienda saliendo beneficiada con uno de los subsidios ofrecidos que consistía en un lote de terreno y un aporte económico de $20´000.000 “esto con el fin de recibir una vivienda nueva dentro del proyecto de vivienda de interés social”.
Recordó de la mujer que como beneficiaria debió aportar 16´000.000 “los cuales fueron obtenidos de un crédito otorgado por Coonfie, debiendo pagar cuotas mensuales de $538.000”.
Precisó que el sustento de su familia deriva del trabajo de su esposo como jornalero, y ocasionalmente de su trabajo en labores domésticas y venta de comidas callejeras, con los cuales debe sufragar los gastos de arriendo por valor de $400.000 mensuales, “así como cubrir las demás expensas que satisfagan sus necesidades básicas y el crédito para el programa de vivienda de interés social ofrecido por la Alcaldía, siendo los recursos de la familia insuficientes y precarios”.
La mujer señaló que el después de dos años y medio el Municipio, ha incumplido con la entrega de vivienda asignada, alegando diferentes circunstancias contractuales, administrativas y legales que nada tiene que ver con ella.
Sostuvo la mujer que el contratista el pasado 8 de junio de 2.022 informó a la administración municipal el cumplimiento del 100% del contrato de obra, y solicitó que se fijará fecha para la entrega de las viviendas tanto al municipio como a los beneficiarios.
Entre tanto la Alcaldía señaló que la entrega de las viviendas de interés social no se ha realizado por falencias constructivas y de diseño que exceden los mínimos y máximos establecidos para este tipo de viviendas, señalando “la existencia de unos inconvenientes relacionados con inundación de lluvias evidenciados por el contratista, que impiden la garantía de la estabilidad de la obra. También señala que aún no se ha terminado y liquidado el contrato de obra”.
Municipio a pagar arriendo a Deysi
El juez Murillo Collazos señaló que el grupo familiar de Deysi Yohana, se encuentra en situación de vulnerabilidad económica corroborado con el informe de visita realizada por la Comisaria de Familia.
Sostuvo que se vislumbra que el Municipio ha incumplido con la obligación de asegurar la realización del derecho a la vivienda digna de la población vulnerable beneficiaria del proyecto ‘Ciudadela Otoniel Rojas Correa’, “trasladándoles a estas personas la carga de las fallas contractuales, económicas y administrativas internas del proceso”.
Agregó el togado que la administración municipal ha incurrido en un “sistemático incumplimiento de sus obligaciones como garante de la entrega oportuna de las soluciones habitacionales, debido a que no ha tomado las decisiones necesarias y pertinentes para solucionar los inconvenientes de orden administrativo y contractual, máxime cuando dispone de las herramientas jurídicas y humanas para solucionarlos eficazmente”.
Precisó que a Deysi Yohana y su grupo familiar no se le ha garantizado el goce real de una vivienda digna, “por el contrario, se le han impuesto cargas adicionales que no debe soportar, en cuanto que, el municipio de Tarqui, al no entregarla oportunamente, ha prolongado la obligación de continuar pagando arriendo, poniendo en riesgo el mínimo vital de ese grupo familiar”.
El operador judicial ordenó al Municipio de Tarqui que en el término de dos meses siguientes a la notificación de la sentencia haga entrega real y material de la vivienda asignada Deysi Yohana Torres Suárez. Además de suministre un subsidio de arrendamiento hasta el día en que se le haga entrega efectiva de su unidad habitacional.
