Con el pasar de los días se sigue conociendo la magnitud de la crisis que en materia de seguridad vive el departamento del Huila por cuenta del asedio permanente de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, cuyo grupo ilegalmente armado mantiene conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro.
El panorama es crítico. Disidentes se mueven a sus anchas por varias regiones del departamento con la capacidad real de cometer homicidios y masacres, extorsionar, propiciar desplazamientos y confinamientos, reclutar menores y convocar a las comunidades para hacer asonadas y presionar la salida de las autoridades.
La reciente escena de cientos de personas convocadas por disidentes de las Farc en zona rural de Algeciras evidencia cómo el autodenominado ‘Estado Mayor Central’ desafía la institucionalidad y hace ‘gala’ de su control y dominio territorial.
Y es el mismo episodio del que de todos los huilenses han sido testigos durante los últimos meses: las disidencias de las Farc ‘carnetizan’, convocan, constriñen, intimidan y extorsionan, además de Algeciras, en Neiva, Campoalegre, Hobo, Santa María, Íquira, La Plata, Nátaga, entre otros.
¿Qué está pasando? ¿En qué momento la Policía, el Ejército y demás autoridades dejaron a los huilenses a merced de los grupos ilegalmente armados? ¿Dónde ha estado el gobernador Luis Enrique Dussán? ¿Dónde han estado los alcaldes? ¿Dónde están los dirigentes gremiales del departamento reclamando mayor seguridad? ¿Dónde está el gobierno de Gustavo Petro?
Las autoridades, el sector público y privado y los huilenses en general deben tener claro que si no hay nadie que los detenga, los grupos ilegalmente armados van a propender por fortalecerse con todo lo que ello implica. Cuando en una región hay una estructura ilegal, la inversión se detiene, el turismo cae y el desempleo crece. Así de claro.
