La atención a las víctimas

No deben pasar de agache las advertencias de la Contraloría General de la República relacionadas con los más de $301 billones que se requieren para cumplirles a las víctimas del conflicto armado al año 2031.
“Los recursos ejecutados entre el 2012 y 2021, por 146 billones de pesos, los programados en el Conpes 4031 de 2021, por 142 billones de pesos, resultan insuficientes para la atención y reparación de las más de 9 millones de víctimas que hoy tenemos en Colombia”, fueron las palabras de la vicecontralora General encargada, Lina María Aldana.
El organismo de control considera que se requiere de un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno Nacional para ejecutar las medidas contempladas en la Ley de Víctimas y los Decretos Leyes Étnicos y así mismo es necesario realizar los ajustes institucionales normativos requeridos para brindar una atención y reparación integral a las víctimas y a los pueblos étnicos, con oportunidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Por ejemplo, en el tema de vivienda para víctimas, la Contraloría dijo haber encontrado que existe insuficiente oferta para acceder a una vivienda adecuada para las víctimas de desplazamiento. A 2020, el indicador del goce efectivo de este derecho fue insuficiente, con 20% para un universo de 2.398.692 hogares urbanos, y 15% para 861.367 hogares rurales. En el Conpes 4031, de 2021 hasta 2031 se prevé la asignación de sólo 121.000 subsidios de vivienda urbana y 49.929 de vivienda rural. Se observa también una baja asignación de subsidios y entrega de viviendas a la población víctima de desplazamiento forzado.
La atención a las víctimas de la guerra no es un tema de segundo o tercer nivel y debe, sin lugar a dudas, priorizarlo el gobierno de Gustavo Petro. Es urgente que comience por la implementación de un programa para darle empleo a esta población.