Sobre la insípida ejecución en el presupuesto de inversión y falta de experiencia en el Gobierno Nacional, así como del alto gasto y déficit fiscal, habló Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo en entrevista con LA NACIÓN.
@cate_manchola
En esta entrevista con LA NACIÓN, el director ejecutivo del centro de investigación económica y social Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, analiza cómo va el país en materia económica y cuáles son los principales retos para el 2025.
Director, ¿cómo consideran desde Fedesarrollo que le fue al país en materia económica en este 2024?
El 2024 fue indudablemente mejor en materia económica que el año 2023 en dos elementos importantes: en materia de crecimiento (del PIB), este año el estimativo del crecimiento que tenemos desde Fedesarrollo es del 1.8%, frente al 0.6% del año inmediatamente anterior; y en lo que respecta a inflación una reducción bien importante, recordemos que el año pasado había cerrado en 9.28% pero este año la expectativa de cierre de la inflación en diciembre está alrededor del 5.1%, esa menor inflación alivia los bolsillos de los hogares.
Ahora bien, no es un crecimiento (del PIB) que pueda dejarnos tranquilos, como para decir que el año fue bueno; sí fue mejor que en 2023 pero no fue un año bueno, en la medida en que Colombia continúa con un crecimiento muy bajo, menor al 2% y no ha retornado a los niveles de crecimiento de largo plazo y eso se traduce, entre otras cosas, en que la tasa de desempleo continúa en dos dígitos a pesar de que este fue un año de recuperación.
¿Cómo explicarle a las personas de a pie que dicen, ‘así el crecimiento del PIB haya sido mejor y la inflación se desaceleró, yo no he sentido que mi economía esté mejor ni que mis precios están bajando’?
Pues, sobre lo primero, el aumento en el crecimiento económico es muy pequeño, pasó del 0.6% al 1.8% y eso no permite que el aparato productivo aumente rápidamente su demanda de empleo, por eso la generación de empleo fue muy limitada en este año y la tasa de desempleo continúa en promedio en 10.2%, luego, algo de razón hay en quienes dicen que la situación económica no ha mejorado sustancialmente.
Y en materia de inflación, hay algunas confusiones sobre qué implica para el bolsillo de los hogares una reducción en la tasa de inflación: que la inflación sea actualmente de 5.2%, que fue la cifra a noviembre, y no del 9.23% como fue en diciembre del año pasado no implica que estén bajando los precios de la canasta familiar, lo que dice esto es que simplemente están creciendo a un menor ritmo, así que luego del periodo de alta inflación que tuvimos en el 2022 y 2023 los precios de los bienes de la canasta básica subieron de manera muy importante y siguen muy altos, lo que está ocurriendo es que el ritmo de crecimiento de esos precios es cada vez menor.
Hacía referencia al desempleo, ¿hay una menor tasa de participación en el mercado laboral y, por el contrario, mas personas desistiendo de buscar trabajo y están por fuera de la fuerza laboral?
Sí, ese es uno de los temas que ha explicado por qué a pesar de la muy baja generación de empleo que se dio durante el presente año 2024, la tasa de desempleo se ha mantenido en niveles similares a los del año 2023. Y esto tiene que ver con una caída importante en la tasa de participación laboral, esto es, personas que están en edad de trabajar pero que por razones de un mercado laboral difícil seguramente se desaniman y salen de esas oportunidades de empleo o, por otro lado, personas que están en su proceso de formación y no se consideran ciudadanos económicamente activos.
La situación refleja que ese bajo crecimiento (de la economía) está limitando las capacidades de aumento de la demanda de empleo y eso implica que las vacantes no están en números altos como se debería ver en un momento de recuperación y esa limitante en la demanda de trabajo implica que muchas personas opten por salir del mercado laboral.
Teniendo en cuenta este panorama, ¿se puede decir que el país ya superó los coletazos de la pandemia de covid-19? ¿Estamos frente a una normalidad o hay algo pendiente?
Yo creo que el tema fundamental tiene que ver con el escenario fiscal para este año y el siguiente. Luego de la pandemia el país tuvo un aumento muy importante tanto de su gasto como de su déficit fiscal, el déficit fiscal promedio luego de la pandemia, es decir entre el 2021 y 2025, en promedio ha sido del 5.6% del Producto Interno Bruto – PIB, mientras que la cifra promedio del déficit fiscal del Gobierno Nacional antes de la pandemia entre el 2000 y 2019 había sido del 3.6% del PIB. Es decir que después de la pandemia, Colombia no tuvo solo un aumento permanente del gasto sino también un aumento permanente del déficit y eso tiene implicaciones en varios frentes.
En ese sentido y teniendo en cuenta que se cayó la Ley de Financiamiento, ¿de cuánto debió haber sido el monto del Presupuesto General de la Nación para el 2025?
La ley de financiamiento realmente no tenía un componente grande en recursos nuevos que pudieran financiar el gasto más alto que tiene el país de forma permanente luego de la pandemia, de hecho, de esos $9 billones que había anunciado el gobierno solo $3 billones serían recursos nuevos, otros cerca de $6 billones era un mayor espacio de gasto. De todas formas esa ley de financiamiento no era la solución estructural a los problemas de déficit y financiamiento para el próximo año, en nuestros cálculos frente a esos $523 billones que había planteado inicialmente el Gobierno hay un faltante de $37 billones; la ley de financiamiento no resolvía ni de cerca el problema.
En ese sentido, nuestra recomendación fue muy clara, hay que sincerar las cuentas del presupuesto y debió haberse decretado por $486 billones, que de igual manera sería uno de los presupuestos más abultados en la historia moderna del país. Hay que enfocarse, entonces, en unas cifras ajustadas a la realidad, por un lado, y de otra parte mejorar la gestión en la ejecución, que ha sido tal vez uno de los ‘talones de aquiles’ más importantes en la actual administración.
¿Por qué el Gobierno no habrá dado buenos resultados en materia de ejecución?
Ese es un problema que no es nuevo, realmente desde el arranque del gobierno sistemáticamente se ha observado un problema de baja ejecución, especialmente en el presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión este año tiene la peor ejecución en los últimos siete años de historia reciente del país, el presupuesto de funcionamiento sí se está ejecutando, pero el que realmente puede mover la economía es justamente el presupuesto de inversión. ¿Qué factores están detrás de esto? Naturalmente uno de ellos tiene que ver con los repetidos cambios de ministros, han habido más de 35 cambios de ministros en estos más de dos años de gobierno y esos cambios tan repetidos en el liderazgo de los diferentes ministerios, naturalmente, es una barrera para la eficiente ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión. Y además de la rotación, la experticia de las personas que han llegado a algunos ministerios, varios de ellos sin ningún conocimiento previo en el funcionamiento del Estado y esa curva de aprendizaje también es otro factor limitante de esa adecuada ejecución de Presupuesto General de la Nación.
Volviendo al tema del Presupuesto General de la Nación, ¿cómo impactaría al Huila el recorte del monto proyectado inicialmente?
Pues, no debería, porque el monto del presupuesto es uno de los más altos de la historia, incluso con un recorte en $37 billones como el que planteamos. Y lo que debe hacer el Gobierno Nacional es priorizar justamente el presupuesto de inversión: la burocracia en el país ha aumentado sustancialmente luego de la pandemia, es decir, el gasto que se hace en salarios a través de la creación de por ejemplo, nuevos ministerios, cargos diplomáticos, aumentos en los costos de los esquemas de seguridad, así que, hay muchísimo espacio en el orden nacional para poder recortar gastos innecesarios y poder mantener y priorizar justamente el presupuesto de inversión, no solamente desde el orden nacional sino también territorial.
Hace pocos días se aprobó una reforma al Sistema General de Participaciones, ¿ustedes consideran que esta es la solución para que las regiones tengan más recursos?
Pues, en parte. Nosotros sí creemos que las responsabilidades cada vez más importantes que tienen los alcaldes y gobernadores en materia de educación, salud, seguridad e infraestructura, entre otros, implican mayores recursos, pero nuestra crítica fundamental a este acto legislativo que se aprobó recientemente tiene que ver con el tamaño de las transferencias que se plantean, que podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas por un lado, y de otra parte por el énfasis exclusivo que se hace en los recursos, sin tener ninguna consideración sobre la capacidad institucional que tienen las entidades territoriales para ejecutar esos nuevos recursos que les llegarán, ni tocar los mecanismos de control y transparencia en la ejecución de los recursos para que efectivamente se puedan ejecutar de forma adecuada.
Y finalmente, sin poner un solo elemento sobre la mesa en materia de fortalecimiento de los ingresos propios, que realmente es donde está la fuente real de autonomía a nivel territorial, la capacidad de generar recursos y no depender de las transferencias del orden nacional.
De otra parte, se está discutiendo el salario mínimo. ¿Ustedes creen que se logrará un acuerdo o qué vaticinan en este tema?
Ojalá haya un espacio para concertar una cifra que sea razonable, que por un lado balancee la importancia de mantener el poder de compra de los trabajadores ocupados en un salario mínimo, que vale decirlo son la minoría del país, realmente en Colombia la gran mayoría de ocupados son informales, además, casi la mitad de Colombianos gana menos de un salario mínimo. Y por otra parte evitar que haya un aumento importante en los precios, porque cuando aumenta mucho el salario mínimo los micro empresarios no tienen otra alternativa sino trasladarle ese mayor costo de contratación de mano de obra formal a los consumidores a través de mayores precios, eso tiene implicaciones en materia de inflación.
En ese delicado balance, nosotros hemos considerado que dada la expectativa de inflación para este año de 5.1% y del 3.9% para el próximo año, el ajuste del salario mínimo debería estar al rededor del 6%, manteniendo así el poder adquisitivo, pero no generando presiones adicionales en materia de inflación. Las partes en esta mesa de concertación tienen opiniones muy diversas, por un lado Acopi ha propuesto una cifra incluso por debajo del 6% y los sindicatos 12%, así que el espacio que separa a las dos alternativas realmente es muy grande. Por ahora no vemos posibilidad de concertación pero ojalá haya un poco más de realidad sobre la situación en materia económica que tiene el país y especialmente la evolución del mercado laboral.
Finalmente, ¿cómo aprecia un alza del 12%?
Sería un escenario de destrucción del empleo formal porque las microempresas del país no tendrían ninguna posibilidad de sufragar un costo adicional del salario mínimo del 12%, cuando la inflación está al rededor del 5%. Eso generaría en algunos casos destrucción de empleos y un incentivo gigante para la informalidad laboral.
