El Gobierno Nacional anunció esta semana que la Campaña Artemisa contra los delitos ambientales se convierte ahora en “una acción integrada y permanente de todas las fuerzas para proteger los recursos naturales de nuestro país”.
En palabras del presidente de la República Iván Duque Márquez, la nueva estrategia es en adelante “una agenda permanente, diaria y continua para la protección de nuestras áreas protegidas. Estamos hablando de 59 parques naturales y de tres áreas y distritos de conservación especial”.
El anuncio del jefe de Estado viene acompañado de la destinación de 22.300 hombres de toda la Fuerza Pública, distribuidos en 10 batallones, lo mismo que unidades de guardacostas de Infantería de Marina y efectivos de la Policía Nacional, que serán reforzados con cien funcionarios de policía judicial, con la misión de actuar contra los delitos ambientales.
También se contará con una brigada contra el narcotráfico, otra contra la minería ilegal, y el Ejército Nacional asignará 280 efectivos para el departamento del Amazonas.
Es plausible la decisión de acompañar la protección de los recursos naturales colombianos con la acción contundente de la Fuerza Pública, ya que para nadie es un secreto que en varias regiones del país grupos ilegalmente armados ganan terreno a sangre y fuego y devastan zonas verdes enteras para el narcotráfico y otras actividades como la minería ilegal. Estos grupos, bien armados y dispuestos a extorsionar, provocar desplazamientos y matar, son totalmente feroces y no les importa ni tienen ningún tipo de contemplación a la hora de acabar con lo que encuentren a su paso. Por eso, es clave el despliegue policial y militar y la fuerza de la autoridad.
Cualquier acción legal que se dé en el país para proteger nuestros recursos naturales debe ser bienvenida y acogida.
