Yilber Leandro Saavedra
Las inminentes investigaciones y sanciones a las que muy seguramente se verá avocada la saliente presidenta de la corporación Concejo de Neiva Victoria Castro Silva, producto del desorden administrativo generado durante el año 2020, están empezando a tomar fuerza.
Ya están en poder del Observatorio Concejo Visible y serán de conocimiento de las autoridades los documentos respecto de la contratación de personal que darían cuenta de un buen número de contratistas que nunca pisaron el recinto de la corporación y cuyas actividades no están soportadas legalmente, pese a esto, cobraron sagradamente cada mes su sueldo sin que tuvieran ningún tipo de control. Los mencionados contratistas incluso harían parte de un entramado de pago de favores políticos y personales, que vincularía a excandidatos a corporaciones públicas, gente cercana a alcaldes y políticos de la región, quienes encontraron en el presupuesto del Concejo, el espacio propicio para cobrar favores con el dinero de los impuestos que pagan los neivanos. Son alrededor de 70 contratos de prestación de servicios, así como los escuetos informes de las múltiples comisiones de viáticos sin soportes legales que ya hacen parte del cumulo de pruebas que deberán evaluar las autoridades para determinar las implicaciones y responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias.
También hay especial atención en los traslados y movimientos presupuestales realizados, principalmente para el pago de personal que habría sido contratado sin que se estableciera la necesidad del servicio, así como el pago de honorarios a concejales que no estuvieron presentes en algunas sesiones y la no aplicación de la reciente modificación realizada al reglamento interno respecto de los parámetros para combatir el ausentismo. (Art 1 Acuerdo 010 de 2020). Adicionalmente el incumplimiento del Acuerdo 001 de 1991, al no programar la elección del periodista del año (Premio de periodismo Reynaldo Matiz).
Durante la administración de los recursos destinados al Concejo de Neiva en el año 2020 estarían en evidencia conductas punibles como el interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, entre otros, que se configuran cuando el servidor público, por razón del ejercicio de sus funciones, tramita contratos sin observancia de los requisitos esenciales o los celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, situación que acarreará perdida de la libertad e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 meses a 216 meses.
