La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha expedido recientemente un lineamiento dirigido a las entidades estatales sobre la obligación de proteger los bienes de interés cultural.
“Todas las entidades en el ámbito de sus competencias deben darle a esta materia una relevancia especial y actuar en lo correspondiente para proteger el patrimonio cultural”, reza la directriz, que tiene como destinatarios a funcionarios de todo orden, incluyendo Alcaldes y Gobernadores.
La Agencia recuerda que hay una serie de acciones de carácter administrativo y judicial para la defensa de los bienes de interés cultura. Además de multas, el Código de Policía contempla sanciones por acciones como intervenir un bien de interés cultural o patrimonio arquitectónico sin permiso y destruir estos bienes, entre otros. Y el Código Penal permite procesar penalmente a personas que atentan contra los bienes de interés cultural por delitos como daño en bien ajeno, hurto, receptación y destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto.
La directriz de la Agencia Nacional le recuerda a los mandatarios y funcionarios públicos que el Estado debe solicitar la reparación del daño cuando su patrimonio resulte afectado por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
Ya era hora que desde el mismo Estado se emprendiera una cruzada en favor de los bienes culturales.
Las recurrentes escenas de vandalismo y destrucción de monumentos, estatuas y efigies durante las movilizaciones sociales de mayo y junio pasados en varias ciudades, incluyendo Neiva, constituyeron una afrenta a la identidad, memoria y costumbres del país. Lamentablemente, en esa ocasión, las autoridades se mostraron negligentes y en varios casos, no desplegaron las acciones necesarias para evitar los ataques de sujetos encapuchados contra los bienes culturales.
En el caso de la capital del Huila, las investigaciones contra quienes promovieron los graves hechos de vandalismo que afectaron a la ciudad aún no arrojan resultados.
