RICARDO AREIZA
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La esperanza que mantenían millares de incautos ahorradores, ‘tumbados’ por las pirámides quedó sepultada definitivamente.
La ilusión que tenían para recuperar por vía de reparación los dineros depositados en las captadoras ilegales se esfumaron como sus ahorros durante la fiebre del dinero fácil registrado hace diez años. Una primera demanda de centenares que se colocaron después del colapso, acaba de ser fallada negativamente.
El primer grupo pedía que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial al Estado por los graves perjuicios que les causó la captación masiva de dineros por parte de la pirámide DMG.
Primero por haber permitido que estas entidades captaran dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones. Y segundo por la tardía reacción para frenar la proliferación de las pirámides.
DMG, liderada por David Murcia Guzmán, empezó la captación ilegal de dinero desde el año 2007 en Bogotá y expandió progresivamente esta actividad a otras regiones del país, incluyendo el Huila, sin ningún obstáculo, inclusive en el exterior (Panamá, Ecuador, Venezuela y México).
DMG, como otras pirámides, ofrecía jugosos y exagerados intereses a los ahorradores, además de otros beneficios financieros.
Miles de incautos ahorradores, entre ellos los demandantes, depositaron altas sumas de dineros en DMG Grupo Holding, en distintas oficinas en el Huila, ilusionados por los supuestos beneficios ofrecidos. Todos cayeron en la trampa.
David Murcia, el cerebro de la pirámide.
Confianza
La entidad tenían locales abiertos al público, matriculados en las cámaras de comercio, pagaban impuestos, pero además tenían entre sus ahorradores a representantes de la curia, la Policía, la Rama Judicial, los propios bancos, las autoridades civiles, comerciantes y miles de ciudadanos. Esos hechos- dijeron- les daba confianza.
Los demandantes argumentaron que las autoridades, entre ellas las superintendencias Financiera y de Sociedades, omitieron las responsabilidades de inspección, vigilancia y control frente a esa masiva captación ilegal.
Según los demandantes el presidente de la República, Álvaro Uribe, debió decretar el estado de emergencia social desde el año 2006 cuando la Superintendencia Financiera confirmó la captación ilegal, sin esperar que la defraudación alcanzara los niveles a los que llegó, con efectos económicos y sociales que aún no dimensionados. Sin duda, la reacción fue tardía cuando el fenómeno había alcanzado niveles nunca vistos.
Reacciones
La Superintendencia de Sociedades, la primera demandada, se opuso radicalmente. Estimó que a sabiendas de que el Estado había prohibido a la sociedad Grupo DMG S.A., continuar con sus operaciones de captación no autorizada y que no era muy clara la actividad que adelantaba, millares de ahorradores decidieron voluntariamente correr el riesgo entregando sus dineros a esta segunda compañía, en aras de un desbordado ánimo de dinero fácil.
“No pueden ahora pretender que frente a las consecuencias de sus propias decisiones sean los otros colombianos que con dineros públicos resarzan los supuestos perjuicios en que incurrieron por perseguir ganancias exorbitantes en poco tiempo”, expresó.
En el mismo sentido respondió la Superintendencia Financiera. En su opinión los perjuicios ocasionados deben reclamarlos a los promotores o a sus accionistas, “más no de las autoridades del Estado como ahora pretenden, ajenas por demás a los negocios jurídicos particulares que en su momento aceptaron voluntariamente, bajo la expectativa de jugosos rendimientos sin precedente alguno en el sector financiero”.
La actividad desarrollada por la sociedad DMG Grupo Holding se hizo al margen y en forma oculta a cualquier control legal bajo mimetizadas modalidades como el uso de las tarjetas prepago.
“Esta operación –dijo- se logró y mantuvo encubierta con el concurso de los mismos actores a quienes a pesar de conocer el riesgo que asumían al entregar sus dineros a una sociedad privada no habilitada ni autorizada para este tipo de operación financiera, obviaron cualquier medida de precaución y cuidado incentivados por el lucro exorbitante que como contraprestación se les ofrecía”.
Centenares de ahorradores, tumbados por las pirámides. FOTOS ARCHIVO
Intrepidez negocial
“Aquellas personas que libre y voluntariamente, indistintamente entregaron dineros con el aliciente de obtener rendimientos “exorbitantes”, no solo conocían o debían conocer la tipificación penal de la captación no autorizada de dineros del público, sino que pudieron llegar a fungir, en la práctica, como promotores de dicha actividad.”
“Movidos por el particular interés de reproducir el capital entregado con atractivos rendimientos, para enriquecerse de manera “exorbitante”, expedita y repentina muchos ciudadanos apostaron a emprender actividades prohibidas y ahora que perdieron, se presentan como ciudadanos desorientados, sorprendidos, asaltados y desprotegidos por el Estado que, a su juicio, debe ser garante y responsable de su intrepidez negocial, de su tozudez frente a las alertas públicas de riesgo ante la actividad que emprendían y de su desbordada ambición de enriquecimiento inmediato”, explicó la Superintendencia Financiera.
Su propia culpa
“Los demandantes están alegando a su favor su propia culpa, lo que es inaceptable por constituir una infracción por omisión al principio de la buena fe debida”, respondió la Fiscalía General también vinculada en esta acción de reparación.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, también demandando, estimó que en este caso la responsabilidad es de los propios ahorradores.
“Si los demandantes entregaron un capital a esta organización que no contaba con las autorizaciones y permisos de ley para la captación de dineros del público, en caso de existir un daño, no es dable que el Estado sea condenado a indemnizar esos perjuicios, pues fueron iniciados bajo la propia responsabilidad de los particulares”, respondió la entidad.
Fallida reparación
La demanda fue rechazada el 30 de noviembre de 2013 en primera instancia. El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva negó las pretensiones de la demanda argumentando que los incautos ahorradores pasaron por alto las advertencias sobre estas actividades ilícitas.
La causa del daño alegado por los demandantes, cuya indemnización se pretende, tuvo como causa su propio actuar, pues los aquí demandantes con el fin de obtener grandes ganancias, acudieron a participar de un negocio abiertamente ilegal”, afirmó el togado.
Y más aún cuando las captadoras, dejaban en evidencia las graves irregularidades sobre su funcionamiento. El caso, apelado en oportunidad, se confirmó en segunda instancia. Varios fueron los argumentos para frenar la demanda que esgrimió el Tribunal Administrativo del Huila.
“Pese a que está acreditado que DMG poseía inscripción en la cámara de comercio, tenía RUT, pagaba impuestos, tenía locales y establecimientos comerciales abiertos al público, estos hechos no cimientan la vulneración al principio de confianza legítima para los ciudadanos”, argumentó el magistrado José Miller Lugo.
El sistema financiero colombiano, en ninguna época de su historia había ofrecido tan exagerados rendimientos financieros a lo pagados por DMG a sus usuarios. Tampoco existían antecedentes de que entidades de la banca formal entregaran tarjetas prepago a los ahorradores que podían cambiar por artículos como parte de los rendimientos financieros.
“Por esta razón-dijo- no se puede afirmar que el Estado propició, la captación ilegal, al contrario, las actuaciones de DMG abiertamente contrariaban la política financiera colombiana”. “La conducta desplegada por cada uno de los actores fue la causante y determinante del daño padecido”, concluyó.
“Entregar de manera voluntaria y sin ningún tipo de apremio, sumas de dinero a una captadora con promesas de rendimientos financieros exagerados, sin ningún soporte legal que sustentará los prometidos rendimientos, es una conducta ostensiblemente negligente y a todas luces imprudente”, sentenció.
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