De una enorme gravedad es la denuncia que hoy está rondando en las altas Cortes sobre un supuesto plan del Gobierno de Gustavo Petro de presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados, en especial de la Corte Constitucional. Es paradójico que esta denuncia esté aflorando en el gobierno de alguien que en el pasado fue víctima de persecuciones similares.
“Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, fue el mensaje que emitió a sus compañeros uno de los magistrados de esa Corte. De inmediato se prendieron las alarmas, al punto que la semana pasada se llevó a cabo una reunión formal de los magistrados con la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.
La fiscal Camargo, según un comunicado del mismo ente investigador, ordenó iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. “La Fiscal General dispuso todos los recursos al alcance de la entidad, para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada”.
Aunque la denuncia es supremamente delicada, ayer, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de sus redes sociales diciendo: “Desde el primer día de gobierno, la orden del Presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o Cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedique a la persecución del gran crimen. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”.
La fiscal Camargo ha sido puesta a prueba. Esta denuncia requiere que ella demuestre su talante de investigadora, y para tranquilidad de los magistrados y del país, establezca cuanto antes el origen de las supuestas interceptaciones.
El país ya ha pasado por esta clase de episodios oscuros. Las agencias de seguridad del Estado no son para invadir la privacidad o intimidad de los colombianos.
