Dentro de las ofertas de descentralización que este Gobierno les ha prometido a los colombianos está la Reforma del Sistema General de Participaciones para aumentar del 23.8 al 39.5 por ciento los recursos que anualmente el Gobierno central les gira a los departamentos y municipios. Esta reforma sería muy benéfica para el desarrollo regional si no fuera porque no se sabe de dónde van a salir esos recursos ni la forma como pretenden aplicarse.
Dotar a las regiones de más recursos implica que buena parte de la toma de decisiones del Gobierno central se deben ceder a los departamentos y municipios, lo cual quiere decir que se disminuyen sus competencias administrativas y económicas, y se aumentan la de los gobiernos regionales. Sin embargo, las ciencias administrativas nos enseñan que este no es el camino para descentralizar el régimen político-administrativo y económico de un país, sino que es a través, primero, de la reestructuración de las competencias de la Nación a favor de los departamentos y municipios como entes del Estado, y segundo, con base en estas, redistribuir los recursos fiscales nacionales.
Pero ahora lo que busca hacer el Gobierno central es empezar por lo segundo y no por lo primero. Lo lógico es que una vez sean reestructuradas las competencias, se proceda a determinar el monto de los recursos del Sistema General de Participaciones que sean indispensables para que los entes regionales puedan cumplir con sus nuevas responsabilidades.
Francia hasta finales de la década de los años 60 del siglo pasado era un país centralista. Los departamentos y municipios, con excepción del entorno de París, recibían pocos recursos del Gobierno central y por eso existía el slogan “París y el desierto francés”. Para cambiar esa realidad, el Estado francés comenzó por aprobar la ley que reestructuraba y cedía competencias administrativas del Gobierno central a los departamentos y municipios.
No se procedió simplemente a entregar más fondos a las regiones, como se quiere hacer ahora aquí, sino que después de definir sus competencias administrativas, se aprobaron los recursos necesarios para que el proceso de descentralización fuera una realidad, entendiendo que, al hacerlo, simultáneamente se disminuían las competencias del Gobierno central y por consiguiente su estructura burocrática.
En Colombia parece que se busca proceder al revés, solo con la finalidad de que, al descentralizar recursos, el Gobierno central conserve todas sus competencias que tiene para mantener su inmensa burocracia. Así entonces, la descentralización político-administrativa y económica que requiere el país sería una frustración, como muchas otras en un Gobierno que, al ofrecer el cambio, lo vemos según las ambiciones presidenciales de perpetuarse Petro en el poder.
