En el 2008, la corte constitucional expidió la sentencia T-760, con varias órdenes al Gobierno Nacional sobre el derecho a la salud y el funcionamiento del sistema general de seguridad social en salud. Desde ese año existe una sala de seguimiento que vigila el cumplimiento de la sentencia, expidiendo autos que como órdenes judiciales son de obligatorio cumplimiento.
Según el boletín del 2 de febrero pasado, la corte ordenó al Gobierno Nacional llevar a cabo lo siguiente, con relación a los presupuestos máximos o techos: pagar a las EPS lo que debe de 2021; reconocer y pagar lo del 2022; reconocer la deuda de octubre, noviembre y diciembre de 2023; definir y reconocer los ajustes del 2023; crear una metodología unificada para reajustarlos de manera permanente.
Expedida la orden, el gobierno nacional, sin reparo alguno, gestionó su cumplimiento; extraña rapidez porque antes había negado la deuda, afirmando tajantemente que se encontraba al día con las EPS. Aún más raro, la Contraloría General de la Nación (CGN) aseguró hace unos meses que el gobierno no debía nada a las EPS, pero en un informe, de amplia difusión en una importante revista digital, asegura que la gran mayoría de las EPS no cuentan con las reservas técnicas necesarias.
En otras palabras, a dichas entidades el gobierno no les paga lo que les debe, la Contraloría asegura que no hay deuda y cuando la corte ordena pagarles, la CGN cuestiona que la plata que el propio gobierno les debe, no se encuentre en papeles financieros o cuentas bancarias para garantizar el pago de los servicios de salud.
Vamos entendiendo porque la caquistocracia que nos gobierna está cómoda con la interinidad en la CGN, el funcionario encargado es su gran aliado y los respalda en las situaciones contradictorias que antes se mencionaron.
Al comenzar este gobierno, la inefable ministra Corcho aseguró que era necesario generar una crisis en el sector salud para ambientar la reforma, para eso han contado con la aquiescencia de la CGN, pero se han tropezado con la corte constitucional que desde 2008 realiza un seguimiento estricto al funcionamiento del sistema de salud y la garantía del derecho fundamental.
Gracias al estado de derecho y la separación de poderes les va a quedar difícil acabar con el sistema de salud como lo tienen planeado, la reforma a la salud, si logran aprobarla en el senado a punta de mermelada, terminará bajo el escrutinio de la corte constitucional, que no le tiembla el pulso para defender el sistema y garantizar el cumplimiento del derecho fundamental a la salud.
