El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, define hoja de ruta para investigar y judicializar los delitos electorales y otras conductas que afecten el certamen democrático.
Redacción Web/LN
Con el propósito de mantener la seguridad en época preelectoral, electoral y postelectoral, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, definió la hoja de ruta para investigar y judicializar los delitos que se presenten en este periodo de elecciones.
“Del total de municipios del país, 258 tienen un riesgo alto en delitos electorales; en riesgo medio, 526; y en riesgo bajo, 338 municipios”, reveló el fiscal al indicar que se consolida un mapa de riesgo electoral que será actualizado de acuerdo con los avances en los procesos investigativos.
Según Barbosa, los lineamientos planteados en esta directiva buscan poner en evidencia y actuar contra los determinadores, máximos responsables y beneficiarios de estas prácticas delictivas. De igual manera, identificar y desarticular las estructuras que, en cada territorio, se organizan para afectar la voluntad de los votantes en las urnas.
De igual manera, de acuerdo con el funcionario, estarán en funcionamiento equipos itinerantes de fiscales y policía judicial con capacidad para desplazarse con rapidez a las distintas zonas del país y realizar los actos urgentes u obtención de material de prueba.
Estos grupos se activarán durante los tres meses previos y hasta los 15 días después de las elecciones. Por otro lado, el personal encargado de recibir las denuncias será capacitado sobre las conductas que atentan contra los mecanismos de participación ciudadana. Se garantizará una correcta selección de los hechos que se pongan en conocimiento a través de los canales ordinarios de atención.
Asimismo, se estará al tanto de los reportes originados por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) y de las circunstancias que, por medios abiertos, sean detectadas y puedan constituir un delito.
