La dolorosa y cruel guerra que se vive intensamente en Balsillas (Caquetá), irrumpió en la institución educativa Guillermo Ríos Mejía y alejó de las aulas a cerca de 250 estudiantes huilenses y caqueteños. La dolorosa y cruel guerra que se vive intensamente en Balsillas (Caquetá), irrumpió en la institución educativa Guillermo Ríos Mejía y alejó de las aulas a cerca de 250 estudiantes huilenses y caqueteños. La guerrilla había amenazado con volar el albergue escolar que construyó el Ejército Nacional. Y lo hizo. Los niños tienen miedo de volver a estudiar. En silencio, sus padres trabajan arduamente junto a sus profesores en la adecuación de la infraestructura escolar. Radiografía del conflicto. GINNA TATIANA PIRAGAUTA G. LA NACIÓN, NEIVA Una fuerte detonación se escuchó en la institución educativa Guillermo Ríos Mejía de Balsillas (Caquetá), el viernes 
primero de febrero de 2013. Eran cerca de las 9:20 p.m. y las familias se encontraban en sus hogares, dispuestas a descansar. El pánico y la incertidumbre se apoderaron de los pobladores, campesinos y ganaderos laboriosos, quienes han soportado con entereza el rigor del conflicto armado colombiano desde que tienen memoria. “Yo vivo a escasos 60 metros del colegio, por la misma calle, junto a mi esposo y mis dos hijas. Alrededor de las 9:00 p.m. o 9:20 p.m., sentimos por un segundo como si estuviera temblando, luego sentimos la explosión. Fue horrible”, manifestó Abemain Gutiérrez, rectora de la Institución Educativa. “Esa noche pensamos que habían tumbado el colegio porque salía mucho humo, pero nadie salió a mirar hasta allá. Nosotros tampoco. La mayoría de las personas estuvo como 10 o 15 minutos esperando a que algo sonara de nuevo. Tal vez, porque es la característica de la zona. No pasó nada más y como a los diez minutos, a mí me atacaron los nervios”, dijo la rectora. “A escasos diez metros de la escuela está la primera casita, donde vive una compañera docente, ella estaba con su esposo, también profesor, y con su pequeña hija. Yo me preocupé mucho por ellos”, aseguró Abemain. Esta profesora fue la única persona lesionada por el atentado terrorista. Aunque no sufrió heridas que 
comprometieran su vida, una esquirla se alojó en su ojo y al otro día fue trasladada a Florencia, capital del Caquetá, en donde recibió la atención médica especializada que requería. Con temor, los pobladores observaron el humo que salía de la institución educativa. Sin embargo, no inspeccionaron el lugar. Preguntaron entre los vecinos cómo se encontraban, verificaron que nadie estuviera herido, regresaron a sus viviendas y trataron de dormir. Con la luz de la mañana se desnudó la tragedia. El albergue para los niños que viven en la zona rural, el que nunca fue estrenado, estaba completamente destruido. Los camarotes, sábanas, cobijas y demás elementos de dotación resultaron calcinados, así como los equipos de panadería, cárnicos y modistería. La planta física de la institución educativa resultó seriamente afectada. Múltiples ventanas, puertas, chapas, equipos de cómputo e instalaciones eléctricas, quedaron inservibles. La preocupación, el desconsuelo, el temor y la impotencia fueron los sentimientos predominantes en el lugar. Sin embargo, para los pobladores de Balsillas, esta era una tragedia anunciada. El albergue 
A mediados del año 2011, fue inaugurado en la institución educativa por el Gobierno Departamental un albergue con capacidad para 60 estudiantes que viven en el área rural y que normalmente tienen que desplazarse por largos trayectos para ir estudiar. Sin embargo, a la inauguración de las obras no asistió la comunidad. En el colegio ni siquiera reposa un acta de entrega de las instalaciones. ¿La razón? La columna Teófilo Forero de las Farc, que tiene presencia en la región, había declarado la estructura escolar como un objetivo militar, porque la financiación de las obras procedía de recursos del Ejército Nacional y de la embajada de Estados Unidos. “Primero hubo sentimientos de impotencia, pero después hicimos un análisis local, regional y nacional. Concluimos que las entidades territoriales tienen que fijarse muy bien en qué territorios invierten y con qué dineros”, expresó la rectora. 
“Si esto es una zona de conflicto armado, que para nadie es un secreto, ¿cómo se les ocurre, de por Dios, invertir dineros de Norteamérica y de las Fuerzas Militares en la escuela, teniendo el Sistema Nacional de Participación y las regalías de San Vicente del Caguán?”, dijo Gutiérrez. “Nosotros creemos que esta financiación fue un error supremamente grande de la alcaldía anterior y mire todo el costo”, expresó con desesperanza la directiva docente. Los campesinos sabían que en cualquier momento las amenazas de la guerrilla se materializarían. Por esta razón, el albergue, una urgente necesidad para los estudiantes rurales, nunca pudo ser estrenado. Los niños y jóvenes procedentes del campo se instalaron en casas vecinas de lunes a viernes, mientras el polvo y la soledad habitan en su internado. “Coincidencialmente el mes pasado trajimos del colegio antiguo unos equipos y algunos elementos que estaban sin estrenar. Todo quedó en los escombros. De ahí no se puede recuperar nada. Los guardamos en el internado mientras desbaratábamos unos quiscos para unos salones que se van a construir, esperamos que con esto que pasó no se detengan las obras”, expresó con preocupación Abemain Gutiérrez. Reconstrucción 
Los pobladores de Balsillas, junto a los profesores de la institución educativa, decidieron trabajar comunitariamente para habilitar rápidamente el colegio e impedir que el atentado terrorista alejara a los niños y los jóvenes de las aulas. “Después de que todo lo que ocurrió, yo le informé a mi jefe inmediato, que es la Secretaría de Educación, al alcalde de San Vicente del Caguán, al Personero y al Defensor del pueblo”, expresó la rectora. “También me comuniqué con la emisora HJ Doble K, que es la que más se escucha en la región, para que les informara a los estudiantes que no había clases. Nosotros aquí tenemos niños internos, pero no viven acá sino en casas vecinas y nosotros les damos los alimentos. Les dijimos a los niños que no vinieran el domingo, porque ¿a qué iban a venir?”, dijo Abemain. Trabajo comunitario Los pobladores de Balsillas se organizaron en bloques de trabajo. Cada día trabaja un grupo diferente en las destruidas instalaciones del albergue, con la esperanza de retirar todos los escombros y reestablecer lo más pronto posible el colegio. 
Sin embargo, esperan un apoyo más efectivo de la administración municipal y departamental en este proceso. Con dedicación y en largos turnos, los pobladores del sector trabajan en labores de demolición y remoción, pero los muros son muy grandes y se requiere un tractor para sacarlos. “Que nos colaboran así sea con la gasolina para la maquina”, dijo un campesino que aportaba su trabajo en la escuela. La alcaldía de San Vicente del Caguán visitó la institución educativa. El Departamento de Planeación hizo los estudios y la Secretaría de Educación espera el informe final de afectaciones, por parte de la rectora de la Institución Educativa. “Ellos se comprometieron a hacer los trámites legales para que se realicen rápidamente los arreglos de las aulas escolares, porque es lo que más urgentemente necesitamos. Planeación valoró y autorizó la demolición del internado”, dijo Gutiérrez. Los campesinos expresaron la urgente necesidad de un internado escolar para la población rural, procedente del Huila y Caquetá. Sin embargo, insistieron en que la financiación proceda del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación o de una dependencia no militar, para que las obras no queden de nuevo en medio del conflicto armado que se vive tan fuertemente en la región. “Nosotros sabemos que eso tiene unos trámites y no va a hacer de la noche a la mañana, pero esperamos que se vea y que sea cierto. Ojala no se vuelvan a cometer los mismos errores administrativos con el origen de los recursos, porque eso no contribuyen a la paz en la región, sino que se involucran a los niños y niñas en ese conflicto”, dijo la rectora. Consecuencias 
Además de los daños materiales, las consecuencias de este atentado que se configura como una grave infracción al Derecho Internación Humanitario, por ser en un bien civil protegido; recaen sobre la población civil. “Creo que se va a generar alguna deserción escolar porque muchos padres no ven el clima o la confianza, para mandar a sus hijos a estudiar. Sin embargo, la comunidad es consciente de lo que pasa y ha estado con nosotros desde el primer momento, ayudándonos a recoger todo”, dijo la rectora. “Necesitamos que nos saquen del conflicto. Nuestra área de formación es empresarial. Aquí necesitamos aulas especializadas para el procesamiento de alimentos, los muchachos tienen muchos conocimientos teóricos en lácteos, truchas, cárnicos, modistería, panadería; pero no tenemos la infraestructura suficiente”, reiteró la rectora. Cobertura escolar La institución educativa Guillermo Ríos Mejía ofrece desde preescolar hasta el grado once. Matriculados en el Simat hay 225 estudiantes, pero están asistiendo a clase 248 alumnos. En la escuela se cuenta con un programa de alimentación para 28 niños internos, subsidiados por la Gobernación. “Hay otro grupo de 21 estudiantes subsidiados por Bienestar Familiar, pero desafortunadamente ese apoyo solo lo brindaron hasta el año pasado. En total, son 49 niños del programa de internos y semi-internos. Hasta el año pasado el colegio asumió su hospedaje. Este año no están durmiendo aquí porque por la parte administra y disciplinaria no sirvió tener a los niños separados en diferentes casas del pueblo, porque como no estaban dentro de la institución”, dijo la rectora de la institución educativa. “Les ofrecemos la alimentación porque la gobernación la está brindando, pero a pesar de que aquí no tenemos internado, a los padres les gusta la educación para sus hijos y como sea, los traen, hasta de regiones muy apartadas”, aseguró Abemain Gutiérrez. “Los niños que vienen desde el Huila viven antes del derrumbe y pasan por encima el alud para venir a estudiar. Ellos llegan los lunes y se devuelven los viernes. Por el lado del Playón, vienen muchos jóvenes a hacer el bachillerato porque allá tenemos varias escuelas”, puntualizó la directiva docente. Recuadro: ¡Sáquennos del conflicto! Yesica Fernanda Córdoba Gutiérrez es una estudiante del grado séptimo de la institución educativa Guillermo Ríos Mejía, tiene 12 años de edad y una infinita tristeza en su mirada. La pequeña acompañó a sus papás a trabajar en la adecuación de su escuela y de los escombros, trataba de rescatar los útiles para su educación y la de sus compañeros. “Mi mamá está ayudando en la cocina y mi papá está sacando lo que quedó del internado. Esa noche nosotros escuchamos la bomba, pero mi hermana pensó que era un relámpago. Al otro día no sabíamos lo que había pasado hasta que vinimos donde mi tía, aquí en Balsillas y vimos la escuela. Todo estaba destruido”, expresó la pequeña. “Yo venía todos los días a la escuela. Es una lástima que esté así: destruido. A nosotros, los niños que estamos estudiando, no nos deberían hacer esto. Nosotros pedimos unas aulas nuevas porque esto quedó desastroso. A mis compañeros les da miedo volver, ellos sí quieren estudiar, pero que no se así de tenebroso”, manifestó. Recuadro: ‘Hay temor en la zona’ Carlos Alberto Cuenca Almario, personero de San Vicente del Caguán, atendió la llamada de la rectora de la institución educativa y acompañó las labores de remoción de escombros. “El internado nunca fue utilizado por la comunidad académica, porque la construcción se realizó por parte del Ejército Nacional con recursos provenientes de la embajada de Estados Unidos. Este hecho era visto por parte del grupo armado ilegal, presente en la zona, Farc – EP columna móvil Teófilo Forero, como una acción de tipo militar que vinculaba a la población civil y por lo tanto fue amenazada”, expresó el delegado del Ministerio Público. “En su momento, la Defensoría del Pueblo se pronunció junto a algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, frente a la financiación de las obras, porque se consideraba que afectaba a la comunidad escolar y se ponía en riesgo”, reitero Cuenca Almario. Según el personero, apenas se inauguró la obra, la columna Teófilo Forero emitió un comunicado público en el que le indicó a la comunidad de Balsillas que no podían usar el internado. “El viernes primero de febrero de 2013, la guerrilla colocó varias cargas explosivas y voló el internado. Con el acto terrorista se afectaron diferentes viviendas de Balsillas y bienes muebles de la comunidad. Hemos recibido alrededor de doce declaraciones de personas a las que se les dañaron las paredes, se les quebraron los vidrios, se les dañaron las puertas o el techo.” “La mayoría de las instalaciones del colegio fueron afectadas. Se dañaron los vidrios, instalaciones eléctricas, puertas, parte del material audiovisual y los computadores”. La Personería en compañía de la Defensoría del Pueblo de San Vicente del Caguán, realizó un registro para identificar a la población civil afectada por el hecho e iniciar los trámites de la indemnización por el atentado terrorista. “Hay un temor generalizado de la comunidad por algunas declaraciones del Gobierno Nacional, en las que manifiestan que nuevamente se va a construir el internado por parte del Ejército Nacional. Hay preocupación porque la necesidad del albergue existe, pero si lo construyen nuevamente las fuerzas militares, los niños no lo van a poder utilizar”, señaló el funcionario. “También hay temor porque se está programando una jornada cívico-militar, por parte de las autoridades, en respuesta a los perjuicios que sufrieron. Sin embargo, en esta zona, en donde el conflicto se vive de forma directa, el vincular a la población civil con un actor armado, sea legal o ilegal, es generar un riesgo inminente. Carlos Alberto Cuenca aseguró que la administración de San Vicente del Caguán ejecutará en los próximos días un contrato para la construcción de otras aulas de clase en la institución educativa. Asimismo manifestó que se registraron los daños que sufrió el colegio para su correspondiente arreglo. Ante el silencio sepulcral de muchos pobladores frente al atentado, el funcionario aseguró que la comunidad es muy prudente porque viven en medio de los dos actores armados. “Como Personería Municipal rechazamos este tipo de actos de la guerrilla, porque generan un riesgo hacia la población civil y múltiples afectaciones. El Gobierno Nacional tiene que ser mucho más responsable en la forma en que toman sus decisiones frente a la inversión social y debe procurar en lo posible no involucrar a las fuerzas militares con funciones de tipo civil”, finalizó.
