Abogados y Asociados no ejecutó la totalidad del contrato otorgado por la Gobernación del Huila porque no le suministraron una información, pero cobró y le pagaron los 523 millones pactados. Eso lo ‘desnuda’ la Contraloría Departamental, mientras el Secretario de Hacienda Luis Eduardo Serrano dice que no es cierto. ¿Quién tiene la razón?
Es un millonario contrato que se ha celebrado en todas las administraciones departamentales, en todos los gobiernos. Hablar de él en los pasillos de la Gobernación del Huila es más que normal. Sin embargo, ahora lo hizo la Contraloría Departamental del Huila en un informe auditor donde evalúo el primer año de gobierno de Carlos Mauricio Iriarte (2013), y donde quedó evidenciado que el contrato dejó uno de los hallazgos que más preocupa al organismo fiscal y es que se pagó al contratista, sin ejecutar la totalidad del objeto porque otro contratista que debía suministrar una información específica, no lo hizo, según la Contraloría Departamental.
Lo curioso es que Abogados y Asociados se disolvió. Al menos, Carlos Francisco Sandino Cabrera, uno de los socios, se ganó un nuevo contrato en 2014, pese a que el consorcio del que hizo parte, no cumplió en su totalidad, según la Contraloría. El nuevo monto del contrato es: 529 millones, fue adjudicado por contratación directa y deberá hacer lo mismo.
El contrato que examinó la Contraloría es el 0207 de 2013. Es de prestación de servicios profesionales celebrado entre el Departamento- Secretaría de Hacienda y Consorcio Abogados y Asociados.
El objeto “era apoyar y proyectar los actos administrativos que se requieran en el desarrollo de la jurisdicción coactivas en las etapas persuasiva y coactiva de cobro de las obligaciones vencidas de los contribuyentes morosos del Departamento por el impuesto de vehículo automotor, conforme a los listados de contribuyentes que para el fin le proporcione la Secretaría de Hacienda Departamental y desarrollando el debido proceso a los expedientes que se encuentran vigentes y dar el acompañamiento jurídico que sea necesario”.
Valor: 380 millones de pesos. Representante Legal: Ricardo Moncaleano Perdomo quien lo firmó el 15 de febrero de 2013 con el entonces director Administrativo de Contratación de la Gobernación José Nelson Polanía Tamayo.
Sin embargo, en diciembre del mismo año, cuando ya no estaba Polanía y el Gobierno Departamental había cambiado, le adicionaron otros 154 millones de pesos. Es decir, quedó en 534 millones.
Lo cierto, es que el informe auditor de la Contraloría Departamental deja claro que el contratista –Consorcio Abogados y Asociados- “no cumplió en todos los casos con la totalidad del objeto porque la Gobernación del Huila no suministró la información o base de datos del parque automotor. En cambio, sí canceló en su totalidad el contrato, que en últimas no cumplió a cabalidad con los fines propuestos”, dice textualmente el documento que tiene en su poder LA NACIÓN.
En ese orden de ideas, el equipo auditor de la Contraloría Departamental estimó un presunto detrimento patrimonial de 523 millones de pesos (que corresponde al valor total del contrato), menos un saldo que Abogados y Asociados devolvió al Departamento (11 millones de pesos).
“El detrimento surge porque no se tomaron las medidas necesarias para lograr el cumplimiento efectivo del objeto del contrato”, dice el organismo fiscal.
LA NACIÓN conoció que en los informes de ejecución de 2013, el contratista le informó al Gobierno Departamental que tenía dificultades para dar cumplimiento al objeto contractual, entre ellas, la actualización y depuración de la base de datos.
En el décimo informe presentado por la supervisora del contrato, se advierte “que debe hacerse el ejercicio de sustanciación de los procesos con mayor dinámica, dado a que a esta fecha, y faltando ocho días para culminar el contrato (de 523 millones de pesos), el avance evidenciado era mínimo”.
Sin embargo, lo que resultó extraño para la Contraloría Departamental es que la interventoría del contrato 0207 de 2013 haya hecho las respectivas críticas de los avances mínimos de la ejecución del contrato, pero después, al final, firmó, avaló y autorizó para que el secretario de Hacienda Departamental Luis Eduardo Serrano autorizara el pago de los 523 millones a Abogados y Asociados sin haber culminado la totalidad del objeto.
La realidad, es que LA NACIÓN conoció- basado en el informe auditor- que Abogados y Asociados no cumplió con el objeto total de lo pactado en el contrato 0207 durante la vigencia 2013 porque Informática y Tributo, quien tiene un contrato con el Departamento (0773 de 2012), y quien tenía la obligación de entregar, a través de un software, información oficial y detallada a la Gobernación del Huila sobre deudores morosos de impuesto de vehículo, también tuvo dificultades a la hora de cumplir con el objeto del contrato. Y sin información de los conductores morosos, la empresa Abogados y Asociados tampoco pudo trabajar. Conclusión: dos contratistas no cumplieron con el objeto contratado y así les autorizaron sus pagos, según la auditoría.
¿Quién responde? La Contraloría Departamental del Huila, para analizar en detalle lo ocurrido, adelantará una auditoría especial al contrato de Informática y Tributo “porque al parecer por su incumplimiento del objeto del contrato 0772 de 2012 se generó el incumplimiento del contrato 0207 de 2013”.
En 2014 la Gobernación del Huila adjudicó de nuevo el contrato para lo mismo, pese a que ya se sabía que no podía ejecutarse a cabalidad porque otro contratista- de 2012- tampoco cumplía en sus obligaciones y no le estaba suministrando la información para trabajar.
El contrato se lo otorgaron a Carlos Francisco Sandino Cabrera, es por 529 millones de pesos, y él hizo parte de Abogados y Asociados, así como también lo fue la abogada Esperanza Andrade de Oso, candidata a la Gobernación del Huila, quien hasta 2010, después de tener dicho contrato por más de seis años, desistió de que su nombre apareciera en mención, pero quien al parecer, estaría detrás del mismo. Luis Eduardo Serrano, secretario de Hacienda, reconoció a LA NACIÓN que Andrade de Oso- su prima- hizo parte del consorcio en una época, pero un día después, el funcionario aclaró a este mismo medio que se había equivocado.
“No estoy de acuerdo con el informe de la Contraloría”
Luis Eduardo Serrano, secretario de Hacienda Departamental, se declaró sorprendido con el informe de la Contraloría. Dice que no es cierto que Abogados y Asociados no hayan cumplido, que hicieron su trabajo al ciento por ciento, que apoyaron el proceso de cobro coactivo, aunque los resultados en 2013, no fueron los mejores. Y que ese contrato se mide es en el cuatrienio, no en un año.
Agrega, que los resultados del contrato no se pueden medir por una vigencia, sino por cuatro años, pero extrañamente el contrato cuestionado por la Contraloría es de un año.
¿Qué opina del informe de la Contraloría?
El procedimiento que ha descrito la Contraloría entre los apartes del hallazgo en lo que tiene que ver con el contrato específicamente de Abogados y Asociados, compartimos ciertos apartes del mismo, pero no la totalidad porque desafortunadamente habla acerca de un detrimento patrimonial, el cual yo no comparto, porque el Departamento en ningún momento ha permitido que el contratista Abogados y Asociados deje de cobrar, haya dejado prescribir cartera, que eso sí sería detrimento. Lo que quiero aclarar es que tenemos una meta de Plan de Desarrollo, de cuatrienio, y en una vigencia que es en esta específicamente, donde hay una advertencia de la Contraloría, donde hay un hallazgo, nosotros lo vamos a tomar para hacer el Plan de Ordenamiento acorde a la situación actual del contrato, pero no compartimos el hecho de que se manifieste que nosotros hemos dejado glosar dinero al contratista. En las condiciones como se ha pactado el contrato, que no es de tercerización, sino de apoyo a la gestión del Departamento en el cobro a través del Juez de Ejecuciones Fiscales que es el responsable de seguir el proceso, nosotros no podíamos glosarle en esa instancia, dineros al contratista. Lo que sí vamos a hacer en este Plan de Mejoramiento, es prestarle atención al llamado que ellos hacen, y mirar a ver cómo corregimos y si podemos de alguna forma, jurídicamente, contractualmente, corregir la situación a la luz del nuevo contrato, para ver si podemos hacer copartícipes del pago al contratista para que tenga un mayor esfuerzo con respecto a la cartera, pero tal y como están brindadas las condiciones contractuales del 2013, a todas luces nosotros no vemos que se hubiera podido glosar recursos, porque ellos cumplieron con varias instancias del contrato como son los mandamientos de pago, las medidas cautelares, registradas con bancos, las que no tienen respuesta, las inmovilizaciones, entonces todas esas actividades cumplidas, generaron un recaudo que dentro de la planificación, de pronto quedó faltando poder llegar hasta todo el porcentaje planificado, pero no quiere decir, como la meta es de cuatro años, que por una vigencia yo pueda castigar el contrato. Vamos a revisar el tema para ver si podemos mejorar en ese plan que vamos a desarrollar con la Contraloría y tomar las acciones pertinentes, pero no comparto plenamente que haya detrimento.
Lo que dice la auditoría es que se le autorizó el pago a un contratista que no adelantó todo el objeto del contrato, pese a que la interventoría le había advertido al contratista y al mismo Departamento de que las cosas no se estaban cumpliendo.
La supervisión tiene la responsabilidad de hacer entrever en los informes mensuales cuáles obligaciones se vienen cumpliendo, cuáles no, y hacer las advertencias respectivas para que el contratista se ajuste a las necesidad del Departamento, pero al final del ejercicio, de la vigencia, no tengo yo conocimiento de que la supervisión haya dicho que se incumplió el contrato. Si hubo durante la ejecución requerimiento en donde el interventor le llamaba la atención para que cumpliera con X o Y actividad que estaba faltante, muy seguramente la evaluación final tuvo que haber dado un resultado favorable para haber podido pagar la ejecución completa. No comparto porque si usted mira las cosas parcialmente, puede malinterpretar lo que el supervisor quiso decir y no encuentro yo razones, hablando con el equipo técnico para pensar que el contrato fue incumplido, que la meta de nosotros, que es de cuatro años, por no llegar a lo planificado en una sola vigencia, verdaderamente tiene implicaciones sobre el contratista como dejarle o glosar pago, porque la modalidad con la que le estamos celebrando el contrato y las obligaciones hasta donde se han aplicado, han tenido el cumplimiento debido, tendríamos que entrar analizar si hay que cambiar el esquema, para mirar si ellos sí son copartícipes de coadyudar a la meta y poder glosar a futuro, pero con la vigencia 2013 y tal como está planteado el contrato, no creemos que lo que la Contraloría diga esté siendo acertado.
De 1 a 10, ¿qué hizo el contratista y qué le faltó hacer según lo que ha logrado averiguar?
Yo pensaría que ellos cumplieron con todo, una cosa es que a usted lo apoyen con la gestión, en todo lo alcanzable por el contratista, y otra que los resultados se consigan, y ellos como están orientados, cumplieron con todo el apoyo a la gestión, totalmente, 100 por ciento, que los resultados no le alcanzaron por diferentes razones económicas o de la base de datos que en su momento no estuvo enriquecida como debiera ser, es algo que entraremos a analizar a ver cuáles eran los factores que para el Departamento no tuvieron el alcance suficiente.
En el 2014, pese a que el hallazgo es del 2013, nosotros hemos tomado cartas en el asunto y podemos demostrar que ya a la fecha hemos cumplido la meta de la vigencia 2014, y con lo que nos falta en estos tres meses, vamos a suplir algunas falencias que hayamos tenido sobre el 2013. Entre las cuatro vigencias se tienen que cumplir al 100 por ciento, y cada una el 25, y tenemos resultados: en el 2012 tenemos el 27 por ciento, en el 2013 caemos al 22 y ya a esta fecha de 2014 vamos en 27, lo que nos da un acumulado del 75.18 llevando un cumplimiento bastante favorable sobre la gestión del Plan de Desarrollo.
¿El contrato tiene metas o no tiene metas?
El contrato no tiene metas puntuales sobre recaudo, no las puede tener porque ellos no son tercerizados para recaudar, ellos son apoyo a la Administración en la gestión. Legalmente nosotros no podemos tercerizar contratos, no les podemos dar a ellos la responsabilidad de hacer el cobro coactivo, no podemos, ni con ellos, ni en ninguna firma, esto tendrá que hacerlo el Departamento.
Pero ¿si es justo que se invierta en apoyo 523 millones de pesos, que luego se haga otro contrato por 500 millones de pesos, y los resultados en esa época, al menos en 2013, no hayan sido los favorables?
Pero es que en el 2014 sí, y si usted mira los 10 años hacia atrás, siempre han sido favorables. Usted no puede castigar una gestión por un año en donde hemos hecho cambios en el software y en el sistema para que verdaderamente podamos mejorar mucho más allá, y lo vamos a demostrar en la vigencia 2014 y en la 2015, lo que pasa es que todo cambio tiene traumatismo. Uno de los esfuerzos más grandes que hay en la Secretaría de Hacienda es mejorar sus rentas.
¿Usted lo que me dice a mí se lo dijo a la Contraloría, y si se lo dijo por qué la Contraloría no quedó convencida?
Eso sí nos tiene un poco sorprendidos, sobre todo que nosotros les dijimos a ellos que bajo ningún parámetro se podían medir la meta solamente por una vigencia, porque teníamos una meta que era el cuatrienio, y que esos cambios que le estoy afirmando no podían ser medidos y castigados en la Administración porque estamos haciendo modificaciones para mejorar, pero el primer sorprendido he sido yo, con respecto a que dejen en firme un hallazgo que habla acerca de detrimento.
