Sobre una elección no puede recaer nunca una sospecha, ni la más mínima. Y menos sobre una elección presidencial. Y si hay dudas, estas deben disiparse en el menor tiempo posible con pruebas, mostrando todas las cartas sobre la mesa. Lamentablemente, es lo que no ha ocurrido con las elecciones en Venezuela, cuya autoridad electoral proclamó como presidente a Nicolás Maduro con casi un millón de votos de diferencia respecto a su rival, Edmundo González Urrutia: 51,2% frente al 44,2%.
No solo es el mismo pueblo venezolano sino numerosos miembros de la comunidad internacional los que están plenamente convencidos de que el proceso electoral en el vecino país no ha sido transparente.
A la autoridad electoral venezolana se le está exigiendo que dé a conocer las actas y sus distintos resultados en los centros electorales distribuidos a lo largo y ancho de Venezuela. El requerimiento ha provenido de países como Estados Unidos, Chile, España, Brasil, Colombia y la Unión Europea.
“Para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Venezuela, y la credibilidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, es indispensable que se verifiquen de manera independiente todas las actas, con la participación de oposición y observadores internacionales”, dijo ayer el ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo.
Los señalamientos de fraude o robo de las elecciones en Venezuela están soportados además por hechos como la expulsión de varios observadores internacionales, la no transmisión de datos de preconteo, entre otras irregularidades.
Es triste que ahora mismo producto de estas elecciones Venezuela esté sumida en un campo de batalla. Se supone que cuando una nación vota, lo hace pensando en el bienestar y futuro de sus habitantes. Esta era la ilusión que muchos venezolanos se habían hecho con los comicios del pasado domingo.
Es urgente que haya un escrutinio voto a voto, con auditoría independiente, y que los resultados electorales gocen de total legitimidad.
