El estudio del Banco de la República analizado por El Tiempo el domingo pasado sobre la informalidad nos tiene que poner a reflexionar y buscar soluciones prácticas y efectivas. Según dicho estudio, seis de cada 10 colombianos que trabajan lo hacen informalmente. Vale anotar que, contrario al DANE, el estudio considera como informal a una persona que no aporta ni a pensión ni a salud o lo hace a solo una de las dos. Así, la informalidad en Neiva, según el Dane a comienzos de año, cercana a 40%, en el estudio alcanza 67.72%. A nivel Nacional, 62.32% no cotiza a salud ni pensión, es decir, Neiva está a más de cinco puntos porcentuales del promedio nacional de las 23 ciudades analizadas. Quibdó presenta el mayor dato de informalidad según Banrepública con 84,14% al tiempo que Medellín muestra la menor cifra con 50.09%. Pero hay otras cifras igualmente preocupantes: en las 23 ciudades 88.53% no reciben primas semestrales; 67.32% no tienen vacaciones pagadas; 65.36% no reciben cesantías; 61.87% no tienen contrato escrito de trabajo. Estos datos dicen muchas otras cosas: No solo en la calle hay informales. También están en las empresas con una vinculación por fuera de la Ley, razón por la que las cifras de este estudio con las del Dane son mayores. También, que la bonanza de la economía nacional se debe a la minería (incluidos los hidrocarburos) que es un sector intensivo en capital y no en mano de obra y que resulta incapaz de absorber el desempleo que contribuya a la reducción de la tasa correspondiente. Adicionalmente, que el mejoramiento social proviene de la acción del Estado (asistencialismo e inversión pública) antes que la inversión privada en sectores distintos a las locomotoras, con la excepción de la construcción que aporta mucho a la informalidad por la temporalidad de su empleo. La lectura puede ser mayor pero al final se llega al mismo llano: Hay que alentar la iniciativa privada en sectores clave para el desarrollo regional e insertar al país al mundo globalizado. Ahora que los entes territoriales están estructurando sus planes de desarrollo este estudio arroja luces hacia donde tienen que mirar antes que insistir en el asistencialismo inconveniente. Salarios dignos y dentro de la legalidad es la mejor política social.