Finalmente se abrió paso en la Cámara de Representantes el proyecto de reforma laboral. Para su aprobación el Gobierno aceptó sacrificar todo el expediente de reformas que había comprometido con el sector sindical. Del texto original desaparecieron las huelgas sin ninguna limitación, incluidos los servicios esenciales, desaparecieron también la negociación por industria, la coadministración de las empresas por los sindicatos y muchos otros “beneficios” y gabelas para las organizaciones sindicales y su privilegiada dirigencia.
Yo celebro que todo esto se haya retirado del texto. La única explicación a esta decisión, que traiciona la confianza depositada en Petro por el sindicalismo, es la existencia de un acuerdo con el Gobierno para expedir todos estos temas por la vía de decretos reglamentarios. Así lo están exigiendo. Otros piensan que todo lo relacionado con la huelga y la negociación colectiva se introducirá cuando se inicie la discusión del proyecto en el Senado. Todo es posible.
Si resulta cierta la tesis de que les pusieron conejo a los aliados del sindicalismo, lo más probable es que la reforma se hunda, no por cuenta de la oposición sino de las propias fuerzas políticas que acompañan al Gobierno. Cualquiera sea la razón, esta reforma llega en el peor momento. Encontrará una economía estancada, más bien postrada, y una tasa de desempleo que lejos de ceder superará, antes de finalizar el año, los dos dígitos.
Se estima que esta reforma encarecerá los costos laborales en más de un 8 %, lo cual en nada contribuirá a crear nuevos empleos y, muy por el contrario, podría ser responsable de la pérdida de 780.000 plazas formales. No lo digo yo, lo dicen serios estudios de analistas y gremios de la producción. Una tragedia social que el Senado no debería permitir y, para ser francos, mucho menos los sindicatos y los partidos progresistas.
Los rubros que más impactarán el encarecimiento del empleo son, entre otros, el aumento de la remuneración por el recargo nocturno y los dominicales. La jornada nocturna comenzará a las 7 p. m. y tendrá un recargo del 35 %, y los dominicales tendrán un recargo del 100 %. Ninguna realidad de un sector o industria ha sido tenida en consideración, en particular las del turismo, el comercio y la industria con turnos de 24 horas.
Otro aspecto muy perjudicial es la nueva regulación del contrato de aprendizaje, pues desincentiva la contratación de aprendices y más parece la búsqueda de una nueva fuente de recursos para el Sena, a través de la monetización de la cuota de aprendizaje. Convertir el contrato de aprendizaje en un contrato laboral acabará con la modalidad, pues implica el pago de prestaciones sociales legales (17,66 %) además de las extralegales que tenga la empresa, el 100 % del salario mínimo, los aportes parafiscales (9 %), entre otros. Queriendo seguramente mejorar la vida de los aprendices los van a acabar.
Aumentar a 4 semanas la licencia de paternidad, la más alta en Latinoamérica, también incrementa costos y crea más cargas para un sistema de salud quebrado. Más días de ausentismo que se suman a nuevas licencias por matrimonio y otros permisos, todos remunerados por el empleador.
El contrato laboral a término indefinido se convierte en la regla general, contraviniendo todas las tendencias mundiales en esta materia, que abogan por una mayor flexibilidad y adaptación a las condiciones y exigencias de las empresas.
Otras perlas de la reforma aprobada: el trabajador puede renunciar cuando quiera y no se puede acordar una sanción por no respetar un preaviso y el refuerzo de la estabilidad laboral para trabajadores en situaciones de vulnerabilidad, además de las facultades al Ministerio de Educación para formalizar el trabajo migrante dejan muchas inquietudes.
Como resultado de todas estas “conquistas” la informalidad, que hoy se ubica en 56 %, podría tener un incremento de entre 7 y 12 puntos y un aumento de los costos laborales entre 3,9 y 7,8 puntos porcentuales, impactando la tasa de desempleo, que hoy se ubica sobre el 10 %. Esta reforma no tiene un solo artículo que apunte a resolver el problema de la informalidad y muchos menos a generar un solo puesto de trabajo. Está diseñada para favorecer a una pequeñísima minoría defendida por otra minoría de privilegiados y mezquinos dirigentes sindicales. Beneficios para pocos e informalidad para muchos.
Ahora el Senado tiene la palabra, y el país, la obligación de hacerse escuchar. Estamos a tiempo de evitar un tsunami laboral.
