No deja de llamar la atención que la justicia haya tardado más de 20 años para dejar en firme las indemnizaciones por los daños y perjuicios que les dejó a los habitantes del barrio Villa Magdalena, en el norte de Neiva, la explosión de la ‘casa-bomba’ el 14 de febrero de 2003.
Si bien la acción terrorista fue obra intelectual y material de la desaparecida guerrilla de las Farc, a través de la columna Teófilo Forero Castro, que libraba una guerra con el entonces gobierno de Álvaro Uribe, las autoridades establecieron que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional omitieron durante la diligencia de allanamiento las medidas previas necesarias y suficientes, disponiendo el personal y equipo técnico, a fin de proteger tanto a quienes intervenían en la diligencia como a la población civil, dados los indicios que tenían respecto al grupo subversivo y las condiciones como podría presentarse el atentado.
“La Policía y la Fiscalía crearon un riesgo superior para los vecinos, al no adoptar las medidas y medios técnicos que generaran un rango de seguridad respecto a potenciales peligros como el ocurrido”, determinó en uno de los varios fallos sobre el caso Villa Magdalena la jueza administrativa María Nancy Trujillo Avilés. Este argumento fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Huila, soportando otras razones bajo el título de imputación de daño especial, al demostrarse que el daño ocasionado a tales personas causó un desequilibrio en las cargas públicas las cuales no estaban obligadas a soportar.
Lo de Villa Magdalena ha sido una de las peores tragedias ocurridas en la historia de Neiva a causa de la violencia demencial desatada por las Farc. Sin perder de vista eso y que descubierto el plan terrorista no se tomaron las acciones de prevención, es sorprendente la lentitud de la justicia para dejar en firme los fallos de indemnización. 21 años después, las víctimas, por fin, podrán tener en sus manos una reparación económica.
