Se hizo justicia. Después una extensa lucha jurídica, los familiares de cuatro braceros presentados como guerrilleros abatidos en Pitalito, serán indemnizados. La condena fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Huila.
RICARDO AREIZA
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Sin saber que ese sería su último trabajo, cuatro humildes estibadores de la plaza de mercado de Pitalito salieron a ganarse la vida y terminaron muertos.
Un hombre “con aspecto de militar” que vestía de civil, llegó hasta sus viviendas en una motocicleta sin placas, solicitando su servicio para cargar un camión en Timaná.
El desconocido llevó a uno los braceros en una motocicleta. Los demás consiguieron una moto prestada y se dirigieron al sitio convenido.
Al día siguiente, aparecieron muertos, como supuestos guerrilleros abatidos en combate. Un destacamento militar de las fuerzas antiterroristas urbanas, altamente especializado, los estaba esperando en una zona espesa, al borde de la carretera, para darles la bienvenida.
La bienvenida
Hacia las diez de la noche se escucharon los disparos repetidos. Luego una explosión sorda y luego otra ráfaga de fusilería.
Al día siguiente, en una zona llena de arbustos aparecieron los cuerpos sin vida de Ángel María Petevi, Osmidio Flor Ortiz y los hermanos Franklin Eidelber Satiaca Muñoz y Jhon Vilmer Satiaca Muñoz a su lado aparecieron las armas, entre ellas una vieja escopeta inservible, una mini Uzi, un revolver y varias granadas.
El Batallón Magdalena los reportó como bajas en un supuesto combate, en la región de Naranjal, en jurisdicción de Timaná.
Trampa mortal
“Ellos fueron engañados y llevados al lugar donde fueron acribillados y masacrados, luego les pusieron las armas, para justificar sus muertes”, relataron sus parientes.
El administrador de la plaza de mercado minorista confirmó que laboraban como “braceros” desde hacía cuatro años.
“Ellos aceptaron el trabajo. A mí también me convidaron a cargar un camión para que nos ganáramos esos pesitos. Pero estaba cansado, realmente había llegado cansado del trabajo. Otro amigo lo apoyó para que fueran a ganarse esa platica”, relató Nelson Flor Ortiz, hermano de Osmidio, una de las víctimas.
Su hermano nunca regresó. “El celular timbraba y timbraba y no contestaba nadie hasta que Willi, el de la funeraria, me informó que mi hermano estaba muerto”, relató.
“Lo único que supe es que lo cargaron con armas y dijeron que era guerrillero, con granadas y una ametralladora corta. A todos los cargaron con armamento”, recordó Nelson Flor.
Estafana Martínez Cuéllar, compañera de Osmidio, corroboró la versión. Aseguró que un hombre que no conocía, llegó a la vivienda a contratarlo para cargar un camión de maíz en la vereda Naranjal. Al día siguiente se enteró que estaba muerto.
Versión oficial
El enfrentamiento, según el parte militar, se produjo en desarrollo de la misión ordenada por el mando militar para neutralizar a la insurgencia.
Los soldados que participaron en el hecho aseguraron que el combate se prolongó durante 15 minutos a unos seis metros de distancia, lo que carece de lógica, según el análisis forense que fundamentó una demanda de reparación instaurada por los familiares de las víctimas.
La orden de operaciones “Mineral” fue impartida por el alto mando regional, el 12 de julio de 2008. Según el reporte militar, “se logró establecer la ubicación de una comisión de cinco terroristas pertenecientes a la compañía Yesid Ortiz de la ONT Farc la cuales realizan desplazamiento sobre las veredas La Montañita, jurisdicción del municipio de Timaná”. Sin embargo, otra fue la historia,
La otra historia
“La cercanía presentada entre unos y otros haría irrisorio un enfrentamiento de este tipo, máxime cuando los presuntos extorsionistas se encontraban rodeados por los militares, quienes los esperaban camuflados en la zona”, precisó el juez Segundo Administrativo de Neiva.
En el sitio los supuestos atacantes abrieron fuego contra un comando de las fuerzas urbanas antiterroristas y luego activaron una granada de fragmentación sin que provocara heridos, lo que también resulta ilógico.
“Pese a la presencia de cinco civiles y alrededor de ocho (miembros del Ejército Nacional, a escasos diez metros de distancia, ninguno de estas personas resultó herida con las esquirlas arrojadas”, observó el juez.
Según la experticia, la granada fue activada después de la muerte de los braceros.
Los protocolos de necropsia presentaban falencias y no pudo establecerse la trayectoria de los disparos que impactaron a las víctimas.
Y otra particularidad: Ninguno de los coteros prestó servicio militar y por lo tanto, carecían de conocimientos en el manejo de armas de fuego.
El informe de laboratorio de criminalística (FPL-13) dictaminó que una de las cuatro armas incautadas no estaba en condiciones óptimas para ser utilizada.
Adicionalmente, según el estudio de balística, los disparos se efectuaron a corta distancia y se probó que las víctimas no dispararon armas de fuego. Además, en las prendas de vestir no aparecen marcados los orificios de los impactos.
“La existencia de tatuajes en el cuerpo de los occisos, pone en evidencia que el arma fue accionada a una distancia menor a la declarada por los militares”, reveló un informe de campo realizados por expertos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía.
“Una herida que presentaba el cadáver del señor John Vilmer Satiaca Muñoz, indica que el disparo se realizó a corta distancia no mayor a 30 centímetros”, reseña el documento.
Además, la persona encargada de contactar a los occisos, extrañamente, fue el único de los sujetos que logró escapar, ileso. El reclutador quedó en el misterio.
“El número de efectivos que participaron en el operativo (ocho en total), era más que suficiente para que, de haber sido necesario, efectuaran la retención o captura de las personas que arribaron al lugar en el que se encontraban esperándolos los uniformados”, explicó el juez.
“Ello no fue así, por el contrario, la entidad desplegó la fuerza que tenía a su disposición, no para capturar a los sujetos que llegaron a pie, sino para propinar su muerte en hechos en los que a todas luces se observa un uso desproporcionado de la fuerza pública”, concluyó el juez al proferir la sentencia de primera instancia.
“La fuerza pública contaba con el elemento sorpresa, en un operativo que se adelantaba de noche, en vía pública, despoblada, terreno montañoso, vegetación abundante, que la colocaba en condiciones de favorabilidad frente a quienes, según lo afirman los soldados involucrados en los hechos, fueron sus atacantes”, insistió.
“El uso de la fuerza por parte de miembros del Ejército Nacional no fue proporcional, ni razonable, sino que por el contrario fue excesiva, desproporcionada e imprudente”, confirmó el Tribunal Administrativo del Huila, en un reciente fallo que confirmó la responsabilidad administrativa del Ministerio de Defensa y ordenó la indemnización a los familiares de las víctimas fatales.
Réplica
Las ‘bajas’ se produjeron, según el mando militar, “como resultado de la reacción armada de personal militar al ataque perpetrado por aquello cuando se encontraban desarrollando actividades delictivas y portaban material de guerra, por lo tanto, no puede deducirse una acción u omisión generadora de responsabilidad del Estado, mucho menos la causación de los perjuicios cuya indemnización se reclama”.
Asimismo le restó credibilidad al examen de absorción atómica para probar que no dispararon armas.
“Si bien es cierto los análisis de disparo en mano practicados a los occisos arrojaron resultados negativos, no lo es menos que para otorgarle algún grado de certeza a dichos exámenes, deben analizarse detenidamente todas las circunstancias que rodearon y antecedieron la toma del muestreo y relacionadas con la exposición de los cadáveres en el medio en que se encontraban, tales como el clima, condiciones de terreno, tiempo transcurrido desde que ocurrió la muerte, entre otros, que muy seguramente pudieron haber alterado dicho resultado”, resaltó el vocero militar.
El falso operativo fue realizado por el Tercer Destacamento de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 de las Fuerzas Militares (Afeur 11) al mando del teniente Felipe Andrés Ramírez Gómez
La unidad conformada por ocho militares estaba al mando teniente Felipe Andrés Ramírez Gómez
El oficial resultó comprometido en otro falso positivo, ocurrido meses antes en la vereda Potreritos, zona rural del municipio de Íquira, en la noche del primero de febrero de 2008. Esta vez, la víctima fue Juan Carlos Aguirre Macías. El occiso fue sacado de su vivienda en el barrio Santa Inés (Neiva). Luego apareció muerto como extorsionista en un enfrentamiento armado.
Medicina Legal confirmó que el occiso tenía una discapacidad que le impedía mover las manos, producto de un ataque con machete que del que fue víctima en 1998.
El 5 de junio de 2018 el teniente Ramírez Gómez elevó petición de sometimiento ante la JEP. El L 3 de julio de 2019 suscribió el acta de sometimiento ante la JEP.
