La Nación
La nueva Defensora del Pueblo.
EDITORIAL

La nueva Defensora del Pueblo

Desde el próximo primero de septiembre, una mujer, Iris Marín Ortíz, estará por primera vez al frente de la Defensoría del Pueblo, la entidad encargada de defender, promocionar, proteger y divulgar los derechos humanos, las garantías y libertades de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos residentes en el exterior, frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. Junto con la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo hace parte del Ministerio Público.

La nueva defensora del Pueblo, elegida con 170 votos a favor por parte de la Cámara de Representantes, es bogotana, abogada de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, con un recorrido importante por la Comisión Colombiana de Juristas; la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; el Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia;  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes; y la Corte Constitucional. También ha sido consultora de organismos como las Naciones Unidas, entre otros entes.

Es plausible que una mujer esté ahora al frente de la Defensoría, como también de destacar el compromiso que ella ha hecho públicamente: “Todas las personas que trabajarán en la Defensoría del Pueblo no solo serán personas con formación académica sino que tendrán el corazón puesto en los derechos humanos. Los derechos humanos son diversos, universales, apolíticos y solo reconocen la dignidad humana”.

Iris Marín Ortíz llega a la Defensoría del Pueblo en un momento difícil por el que atraviesa el país producto de las permanentes violaciones de derechos humanos causadas por las disidencias de las Farc y otros grupos ilegalmente armados en varias regiones de Colombia. Como experta en justicia transicional, víctimas y paz, ella sabe bien de sobra que la Defensoría no puede ser una ‘convidada de piedra’ a la hora de visibilizar las problemáticas de los más indefensos.