Por más que le dan vueltas al Plan de Desarrollo de Casagua en el Tribunal Administrativo del Huila para buscarle lado bueno, no aparece.
La demanda que instauró la oficina jurídica de la Gobernación del Huila, por las evidentes fallas del documento, tiene en calzas prietas a la administración municipal de Neiva, que sigue impedida para poder tramitar proyectos o inversiones hasta que no sea sancionada la hoja de ruta que habilita legalmente las ejecuciones.
Ocho meses después de haber tomado las riendas de la ciudad, aún no se sabe cómo es que van a “recuperar” a Neiva, algo impensado teniendo en cuenta que Casagua estuvo ocho años sentado en el concejo preparando su fórmula salvadora.
Los Magistrados son conscientes que hay errores de forma y de fondo que abiertamente son contrarios al ordenamiento jurídico y que dejarlos pasar, sería abrir la compuerta a la ilegalidad y a la posibilidad de que puedan estallar posteriormente.
Pese a los argumentos de la defensa liderada por el abogado Vladimir Salazar, entre ellos la petición a los Magistrados de “emitir un fallo modulado” (casi implorando misericordia ante la inminente hecatombe), las debilidades encontradas por el Tribunal son sustanciales. Las gestiones diplomáticas no han surtido resultados y remendar el jarrón sobre la marcha es una opción cada vez más lejana.
Las políticas de Paz, bandera del Gobierno Nacional, aparecen como decoración en una ciudad donde debería ser tema estructural, incluso así no lo exigiera la norma. También el incumplimiento del Artículo 21 de la Ley 388/97 es más que claro, en tanto no se cumplió con la armonización del Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. A esto se suma que el Plan carece del componente sobre visión de futuro, pues no proyecta la ciudad más allá del periodo de los cuatro años.
La planeación definitivamente no está dentro de las prioridades, al punto que la administración de Casagua abandonó la programación que había diseñado para avanzar este año en la actualización del POT, lo que agudiza el limbo en materia de ordenamiento del territorio.
La falta de garantías de seguridad jurídica afecta a todos los ciudadanos, incluyendo a los inversionistas o propietarios de los predios, pues todo proyecto urbanístico impacta en el empleo, la economía, el medio ambiente, el espacio público y la vivienda. El divorcio entre el territorio y sus pobladores en Neiva es gravísimo al punto que ni si quiera se puede atender la demanda de servicios públicos con calidad.
La ausencia del instrumento POT actualizado y de su debida articulación o armonización con el PDT, viene generando brechas en salud, economía, educación, sostenibilidad ambiental, finanzas futuras, catastro multipropósito y la planificación adecuada de la ciudad, constituyéndose en caldo de cultivo, no solo para el fracaso en los proyectos, sino también para que políticos y empresarios poderosos aprovechen los huecos normativos para hacer de las suyas con las tierras y el espacio público.