Juan Manuel Galán P.
Tensa calma es la que sentimos los colombianos ad portas de terminar el 2017. La implementación de los acuerdos de paz con las Farc, ha dejado un sabor agridulce. Luego de un año de vigencia del procedimiento legislativo especial “fast track”, el balance que encontramos es que de 67 iniciativas legislativas que necesitaban trámite, el Gobierno Nacional solo presentó 24 y el Congreso aprobó solo cinco actos legislativos y cinco leyes ordinarias, quedando pendientes temas claves para la paz. Del paquete de proyectos necesarios para cumplir el acuerdo de paz, solo se abarcó y a medias, lo relacionado con la participación política y la reintegración de miembros de las Farc, la creación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el blindaje jurídico de los acuerdos y la modificación al Sistema General de Regalías. Así, temas fundamentales para las víctimas como los proyectos relacionados con la política de desarrollo agrario integral y la solución al problema de las drogas ilícitas, quedaron pendientes y sin certeza de cuál será el paso a seguir para su aprobación. El Gobierno no da luces de cuál será el procedimiento para la ejecución de los proyectos pendientes. Ni que decir de los proyectos sobre espacios de toma de decisiones que merecían las víctimas. Con la más cínica actitud, este Congreso les negó absurdamente la posibilidad de participar en política a través de las circunscripciones transitorias de paz y hoy, ellas están casi peor que al comienzo, sin reparación y sin ser tenidas en cuenta en la elaboración de leyes y políticas públicas. Por su parte, los casi 5.000 ex guerrilleros que se encuentran en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (antes Zonas Veredales Transitorias de Normalización) están en medio de la nada. No tienen definida su situación jurídica (deberán esperar a que la JEP entre en funcionamiento), y tampoco cuentan con apoyo económico para sus proyectos productivos (porque no se ha aprobado ningún proyecto que reglamente y viabilice la asignación presupuestal). Es decir, les estamos proponiendo que se reincorporen a la vida civil, pero sin brindarles las garantías necesarias para lograrlo. Así las cosas, nos encontramos ante un panorama poco alentador, de cara a un nuevo año electoral. Con el país dividido, polarizado y con los partidos políticos tradicionales fragmentados, los acuerdos de paz tienen muy pocas garantías para cumplirse y permitir la reinserción de los miembros de las FARC y la reparación de las más de 8 millones de víctimas. Esperemos que el 2018 traiga nuevos y mejores vientos, para consolidar esta paz tan anhelada.
