“La pepa” por: William Alvis Pinzón

Presencié el quinto debate (de los ocho que debe surtir) la reforma de la justicia para convertirse en un acto legislativo que se incorpore a la Constitución. Presencié el quinto debate (de los ocho que debe surtir) la reforma de la justicia para convertirse en un acto legislativo que se incorpore a la Constitución.  Al abrirse la discusión del proyecto de reforma al artículo 116 de la Carta, el Ministro Esguerra Portocarrero pidió el uso de la palabra para afirmar que ese artículo era “la pepa” de la reforma, el meollo del asunto como dicen algunos. El artículo 116 define quiénes administran justicia en Colombia, y el gobierno en el proyecto de reforma pretende ampliar el espectro de la prestación del servicio con el objeto aumentar la oferta de justicia, lo cual no solo es necesario sino loable.  Lo problemático del asunto, es que la estrategia de ampliación de cobertura está basada fundamentalmente en aumentar las facultades jurisdiccionales de servidores administrativos, particulares y notarios.  Ciertamente, todos queremos una justicia más rápida y efectiva, pero no por ello tenemos que correr a entregar esa sagrada función, confiada a los jueces, a personas o entidades que no solo no tienen la preparación, sino y lo más grave, carecen de la autonomía e independencia que exige la imparcialidad de los falladores.  Los colombianos tenemos derecho a más y mejor justicia, lo cual se consigue fortaleciendo la rama judicial en vez de andar quitándole la competencia para entregársela a otros, con el agravante, de que eso no va a ser gratis y que el deterioro de la independencia va a ir acompañado de costos notariales, arbitrales, de conciliación  y de abogados particulares convertidos en jueces, con lo cual ya no solo la justicia será para los de ruana (en materia penal) sino para los de corbata, pero en tratándose de conflictos civiles y comerciales. Si queremos una justicia mas rápida y eficaz hay que fortalecer el presupuesto de la rama y los indicadores de gestión en los despachos judiciales; hay que introducir las tecnologías de la información donde no existen; hay que reformar los procedimientos engorrosos y dilatorios; hay que organizar planes de descongestión y crear o redistribuir despachos donde se necesiten; hay que fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos y castigar en las costas procesales la litigiosidad excesiva .  En fin, existen instrumentos que se vienen implementando con relativo éxito, que pueden ser perfeccionados en vez de correr a entregar la administración de justicia a personas que no hacen parte de la rama judicial.  Desde Montesquieu, la rama judicial como organización encargada de administrar justicia está separada de los otros poderes púbicos para salvaguardar su independencia.  El proyecto del gobierno, so pretexto de mejorar su eficiencia, pretende, peligrosamente, superar esos limites esenciales.