Es profundamente indignante lo que está haciendo la guerrilla del Eln con el país: emprender una escalada de violencia y de terror para ‘presionar’ al Gobierno de Gustavo Petro en la mesa de negociaciones de paz.
No es posible que varios departamentos del país como Arauca, Norte de Santander y Antioquia se encuentren en zozobra por las permanentes alteraciones del orden público protagonizada por reductos ‘elenos’.
Los colombianos han sido testigos, entre otras cosas, de cómo el Eln triplicó los atentados contra la infraestructura de petróleo y gas del país: durante el último mes se han registrado 7 ataques, cuatro de ellos contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Y no ha sido sólo eso. La guerrilla del Eln también ha perpetrado otros hechos de violencia como el asesinato a mansalva de militares y la quema de vehículos.
A esto hay que sumarle la alerta bajo la cual están diferentes unidades policiales y militares del país por la posibilidad de que el Eln esté fraguando un atentado terrorista de gran magnitud. A la ciudad de Neiva, incluso, se ha extendido esta amenaza.
Lamentablemente, el Eln no es el primer grupo armado que con violencia presiona al Gobierno Petro. Es oportuno recordar cómo semanas después de que Petro llegara a la Casa de Nariño, las disidencias de las Farc al mando total en ese momento de alias ‘Iván Mordisco’ cometieron la masacre de 7 policías en San Luis, zona rural de Neiva, para llegar fortalecidas a la mesa de diálogos de paz. Muchos callaron en esa oportunidad y le restaron importancia al episodio, que significó durante todo el 2023 el fortalecimiento y expansión de esta agrupación ilegal.
El comisionado de Paz, Otty Patiño, ha advertido que se están “agotando las posibilidades de paz con el Eln”. Mientras el Gobierno se decide, las autoridades deben emprender un plan para contener la violencia propiciada por el Eln, que incluya no permitir que el suministro de combustible esté en riesgo.