Llegó ayer a su fin el paro de transportadores de carga que durante esta semana puso en ‘jaque’ no solo al Gobierno de Gustavo Petro sino a la ciudadanía que se vio afectada por las movilizaciones y bloqueos en varias regiones del país.
La protesta se desató el fin de semana anterior, luego que el Gobierno decretara un incremento en el valor del ACPM de 1.904 pesos, como parte de las acciones para mitigar el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Primero, fueron los aumentos permanentes en el precio de la gasolina, en medio de las consecuencias inflacionarias y el inconformismo popular, y ahora el turno fue para el diésel.
Los camioneros mostraron su inconformidad de inmediato ante el incremento y bloquearon numerosas vías, arrinconando prácticamente a todo el país. Las autoridades alcanzaron a contabilizar más de 200 actividades de protesta, más de la mitad de ellas relacionadas con bloqueos traumáticos. Esto ocasionó afectaciones de toda índole.
Mientras los bloqueos avanzaban, el Gobierno y los representantes de los camioneros llevaban a cabo conversaciones, que vinieron a dar fruto en la madrugada de ayer, cuando se alcanzó un acuerdo, el cual tuvo como base principal que el ajuste no fuera de $1.904 sino de $800, aplicado en dos partes.
El país no aguantaba un día más de paro ante los efectos dañinos que estaba ocasionando en la economía. Y esta es la principal lección que deja el paro y que pareciéramos no aprender: las vías de hecho no deben ser bienvenidas y no deben utilizarse como mecanismo de negociación. Lamentablemente, en este caso, el Gobierno terminó cediendo cuando se vio ‘contra las cuerdas’, sin enviar un mensaje claro de rechazo contra los bloqueos que afectan la libre movilización de la ciudadanía y la circulación de bienes y mercancías.