En medio de una polémica, Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva anunció que replanteará totalmente la construcción de la planta de tratamiento, comenzando por la ubicación. El consorcio Greeley and Hansen marcará la ruta.
RICARDO AREIZA
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La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para contener la incesante contaminación del río Magdalena, quedó de nuevo en un punto muerto.
Las gestiones adelantadas en los últimos 19 años por una orden judicial quedaron en el congelador. Los estudios, las cuatro consultorías, la actualización de los diseños y los informes ambientales contratados durante las últimas seis administraciones quedaron en los anaqueles.
Pero lo más grave: las inversiones ejecutadas desde 2005, superiores a los diez mil millones de pesos, no aseguraron ni permitieron la iniciación del proyecto, como lo dispuso una sentencia.
“Lo lamentable, después de 19 años, volvimos al punto cero. No tenemos definido ni siquiera la ubicación, ni el diseño ni la tecnología adecuada. Estamos en cero”, aseguró el magistrado Jorge Alirio Cortés Soto, encargado de hacer cumplir el fallo judicial que ordenó la construcción de la obra.
“Esto es dolorosamente deplorable. Hoy hasta la ubicación que se había definido está en duda. Esto ha sido un mar de equivocaciones: se han tramitado cuatro consultorías, con un costo de cuatro mil millones de pesos y hoy estamos en cero. Estamos en cero, en cero-negativo porque se han perdido cuatro mil millones de pesos”, remarcó Gustavo Mora Perea, vocero de la Asociación de Usuario de Servicios Públicos, quien instauró la acción popular en el 2004.
“En este tiempo solo hemos visto la huella de la ineficiencia de los gerentes de Empresas Públicas; lo que estamos viendo es que después de 19 años, la gestión ha sido un fracaso”, insistió Mora Perea.
“Considero que la situación sigue siendo la misma de hace un año. La situación no ha variado. A la fecha el proyecto no se encuentra estructurado, no tiene licencia y no se pudo lograr el cierre financiero. Un año después de la audiencia de verificación realizada la conclusión es la misma: Estamos en cero”, afirmó, por su parte, la procuradora judicial Beatriz Eugenia Ríos.
El año pasado, en septiembre de 2023, finalizando la administración de Gorky Muñoz, el fracaso del proyecto era latente. Las medidas judiciales adoptadas en esa fecha no garantizaron la ejecución. Otro año perdido.
“Lo cierto es que después de seis administraciones no había un horizonte claro, nadie sabía con certeza lo que había que hacer”, explicó el gerente de EPN Andrés Charry.
La orden judicial
La obra fue ordenada por un fallo proferido el 27 de junio de 2005 en el trámite de una acción popular. En esa época, hace 19 años, el Tribunal Administrativo del Huila ordenó la construcción de la primera fase de la planta de tratamiento a más tardar en el año 2011. Además, dispuso que antes de finalizar el año 2015, tenían la obligación de garantizar una solución completa al problema de contaminación por aguas residuales que caen al río Magdalena sin ningún tratamiento.
La decisión fue confirmada por el Consejo de Estado el 11 de junio de 2009. Sin embargo, la orden judicial sigue estancada. Es más, los avances que se habían alcanzado en todos estos años fueron borrados del mapa.
Puntos muertos
Por no cumplir con los requisitos mínimos requeridos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) archivó el 9 de junio de 2022 el trámite administrativo para la aprobación de la licencia ambiental (Auto No. 04357 de 2022).
La información aportada para su trámite era insuficiente, generaba incertidumbre, y presentaba enormes falencias técnicas y ambientales, no subsanadas” explicó Rodrigo Suárez Castaño, director general de la entidad.
Dos meses después, el 22 de agosto de 2022 durante el gobierno de Iván Duque, el Ministerio de Vivienda devolvió el proyecto ante la imposibilidad de lograr el cierre financiero. El estruendoso fracaso se produjo durante la alcaldía de Gorky Muñoz.
Todos los avances quedaron en cero y habrá que comenzar de nuevo. El gerente de Empresas Públicas, Andrés Eduardo Charry Guilombo, anunció una nueva hoja de ruta. Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025 se reanudarán los trámites para el licenciamiento y cofinanciación.
Partiendo de esta realidad la administración de German Casagua decidió borrón y cuenta nueva. ¿Retroceso?
¿Y las inversiones?
No solo se perdió tiempo. También recursos significativos superiores a los diez mil millones de pesos, hoy en el aire.
La inversión se ejecutó en cinco consultorías (Consorcio Neiva 2009 – abril del 2011 e Hidrosan SAS en agosto 2017). Otra con Acodal en 2016. En 2019 con H20 Consulting SAS y otra con Cenigaa en 2019 para actualización de estudios. Hoy quedaron en el rincón de San Alejo.
Además, se hicieron inversiones por 6.124 millones (hoy en el aire) en la adquisición de tres lotes, localizados en zona de reserva ambiental y en actualización de los diseños.
El primer predio, a un lado del puente Santander, fue adquirido en el 2013 por un valor de 2.664 millones de pesos aportados por la Gobernación (1.200 millones) y 1.464 millones correspondiente a recursos propios, lo que representó el primer avance. El tercer predio, diseñado para la construcción de un jarillón fue adquirido este año por 234 millones de pesos.
El 21 de febrero de 2019 Empresas Públicas contrató la actualización de los estudios de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental que tampoco sirvió.
La actualización tuvo un costo de 429 millones de pesos. Asimismo, se contrató un estudio de arqueología exigido por el Instituto Colombiano de Antropología con un costo de 39,87 millones de pesos.
Empresas Públicas invirtió en esos estudios 468,95 millones de pesos. La preinversión ascendió a 5.324 millones de pesos de los cuales 2.837 millones corresponden a recursos de EPN ejecutados entre 2013 y 2019.
Según el funcionario, la PTAR fue incorporada en el Plan de Desarrollo como uno de los tres proyectos estratégicos prioritarios, lo que significa el punto de partida.
El secretario de Hacienda Óscar Iván Leiva Bocanegra explicó que bajo el principio de legalidad del gasto público se asignó una partida de 120.000 millones de pesos para la cofinanciación del proyecto.
En veremos
La obra, según el proyecto original, sería ejecutada en dos fases y demandaría una inversión de 215 mil millones de pesos, según el cierre financiero de 2019. No obstante, el sistema, según el DNP, costaba en octubre de 2021 bajo el esquema de APP, alrededor de 450.000 millones de pesos.
La última cifra reportada en el 2023 por EPN ascendía a 553 mil millones de pesos. Esas cifras también quedaron en el congelador. Los esquemas planteados no dieron resultados y la obra quedó en ceros.
Nueva consultoría
Partiendo de esa realidad, Empresas Públicas decidió borrón y cuenta nueva. Arrancar de cero.
El gerente de la entidad, Andrés Charry Guilombo, anunció una nueva hoja de ruta que comenzará con la actualización de los estudios y diseños de la PTAR que permita el replanteamiento total del proyecto para garantizar la viabilidad técnica, ambiental y financiera.
“En efecto, el trámite contractual ya se hizo. Ya contratamos la consultoría que nos permitirá definir la nueva hoja de ruta. El estudio lo hará el consorcio Greeley and Hansen y tendrá un costo de 389 millones de pesos”, confirmó el gerente de Las Ceibas.
El nuevo estudio de prefactibilidad, incluye selección de la tecnología y ubicación del proyecto. Se realizará en 20 semanas y se entregará en diciembre de este año.
El estudio de factibilidad y diseño, incluyendo ingeniería de detalle y estudio de impacto ambiental se ejecutará en un año con un plazo de 40 semanas y deberá entregarse en octubre de 2025.
La meta, según el gerente de Las Ceibas, es presentar el proyecto ante el Ministerio de Vivienda y ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en diciembre del próximo año. Con esta viabilidad se buscará la cofinanciación del Gobierno Nacional.
Cronograma
El estudio de factibilidad se adelantará en 40 semanas a partir de enero próximo. Incluye ingeniería de detalle y estudio de impacto ambiental gestiones. Deberá entregarse en octubre de 2025.
Según la hoja de ruta, el proyecto para la obtención de la licencia y la financiación será presentado con los estudios entre noviembre y diciembre del próximo año.
Aun así, pese a la incertidumbre, Las Ceibas adquirió el tercer lote (3.885 metros cuadrados) destinado para la construcción de un jarillón (descalificado por expertos). Costó 234 millones.
Además, contrató el servicio de vigilancia privada y se actualizó la proyección poblacional hacia 2051. Además, se definen medidas para frenar la expansión urbana en ese sector.
“Se actualizó un estudio sobre la carga contaminante ya que las aguas residuales no se descargan solo en ese punto. El plan de saneamiento y manejo de vertimientos, contempla 16 puntos con un total de carga contaminante de 1.810,20 kilogramos día hasta 2023”, anticipó.
Tecnología
Con el apoyo del programa Inspiragua, promovido por las autoridades holandesas del agua Dutch Water Authorities (DWA), se realizará un estudio final para determinar el tipo de solución tecnológica para el tratamiento de las aguas residuales que se vierten al río Magdalena. El estudio no tuvo costos económicos. La propuesta final será el resultado de los análisis sobre calidad del agua, proyección poblacional, costos del tratamiento y condiciones ambientales.
Por etapas
El esquema de Alianza Público Privada (APP) quedó al parecer descartada por los costos que podría representar para los usuarios.
“Se va a estructurar el proyecto, no de manera integral, sino que se va a construir en cuatro fases. Cada una de estas fases va a tener un valor. Vamos a tratar de lograr cierres financieros en cada una de las fases con los presupuestos que tenemos en las entidades públicas vinculadas en la financiación”, afirmó.
“Tenemos un compromiso de 35 mil millones de pesos, por parte de las distintas entidades para lograr el cierre financiero de la primera fase. Ya no vamos a buscar 300 mil millones, sino que vamos a buscar el primer cierre financiero de 15 mil millones o 20 mil millones”, reportó Charry Guilombo.
Concurrencia
La Gobernación del Huila volvió a pasar de agache. Aunque reiteró su participación, condicionó su concurrencia. El Departamento Jurídico insistió en que la responsabilidad en el manejo de las aguas residuales, la implementación y operación de la solución por competencia lo debe garantizar el municipio y la empresa de servicios públicos.
“Las gestiones para la consecución de los recursos, la forma de solventar y dar solución de la necesidad ordenada por la sentencia, la aplicación y trámites en la gestión de apoyos institucionales, financieros, técnicos están bajo a cargo de las entidades y empresas del orden municipal”, aseguró la jefe jurídica Yulieth Cristina Cortés.
Cormagdalena también se lavó las manos. Aunque es la entidad que le compete la recuperación del río Magdalena, se retractó de los aportes iniciales, según lo notificó la abogada Karla Karina Peralta y solo ofreció apoyo técnico y acompañamiento, lo que desató protestas.
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) reiteró un aporte de diez mil millones de pesos, acordado en el pacto de cumplimiento. El reporte lo entregó la subdirectora de gestión ambiental Deicy Martina Cabrera.
Los recursos fueron autorizados por el consejo directivo (Acuerdo 002 de 2022). De estos 7.000 millones provenientes de un crédito respaldado con el recaudo esperado de la renta Tasas Retributivas de los diez años posteriores a la consecución del empréstito. Sin embargo, quedaron condicionados a que Empresas Públicas adquiera los terrenos, obtenga la viabilidad técnica y la licencia ambiental.
“Los 3.000 millones de pesos restantes fueron transferidos al Patrimonio Autónomo (FIA), recursos que se encuentran disponibles y libres de toda afectación”, certificó el subdirector administrativo y financiero Vitelio Barrera Álvarez.
Polémica
La posición de las partes comprometidas en la cofinanciación desató polémica en medio de los incumplimientos que podrían desatar nuevas sanciones por desacato.
“En este aspecto nos están engañando: Cormagdalena anunció que aportaría cinco mil millones, ahora la representante jurídica nos dice que solo ofrece apoyo técnico, cuando esta entidad es la responsable de la inversión y debería ser una de las principales aportantes”, anotó Gustavo Mora Perea.
“La Gobernación ofreció diez mil millones, pero ahora su representante nos dice que hasta tanto no le presenten el proyecto no aportarán un solo peso, en eso estamos, en nada, en ceros”, explicó el veedor ciudadano.
“Ahora nos dicen que no habrá un solo cierre financiero, que se pueda presentar al gobierno nacional para la cofinanciación, sino que serán varios cierres, vamos por puchos, vamos es por puchitos, quien sabe en cuánto tiempo se hará el otro cierre financiero.
“Volvimos al punto cero. Solo tenemos unos predios, que no tenemos la seguridad que sean los adecuados para la PTAR. No sabemos si esa es la ubicación ideal, si la tecnología es la adecuada, no tenemos diseños. Yo percibo que EPN se quedó sola en este trabajo”, anotó Cortés Soto.
Orden perentoria
“La sentencia dice que las obligaciones son de todas las entidades en el marco de sus competencias, se trata de un mismo Estado, todas las entidades del estado deben contribuir armónicamente. La PTAR es un problema del Estado, no solo del Municipio de Neiva”, afirmó el magistrado al realizar el seguimiento.
“Por lo tanto, la CAM, Cormagdalena y la Gobernación están obligados a trabajar mancomunadamente en la formulación de los proyectos que se requieren para que la PTAR pueda salir adelante”.
“En conclusión, dentro de los tres meses siguientes, en lo que resta de este año, todas las entidades deben realizar una mesa de trabajo donde tendrán que definir su participación concreta en los diseños, en los aportes y en la definición de un cronograma de actividades”. ¿Resucitará?