Rodrigo Villalba Mosquera
Acaba el Congreso de aprobar el Proyecto de Ley de la nueva Reforma Tributaria, conocida como “Inversión Social”, la cual no es la reforma estructural que necesita el país, pero si la posible para mitigar los efectos de la actual crisis, con un valor agregado enorme donde su origen fue la respuesta a la fallida reforma regresiva de Carrasquilla, detonante del estallido social de mayo, concertada con sectores gremiales, sociales y políticos. Nada que ver con la del IVA a la canasta familiar y a los servicios públicos, la que ampliaba la base gravable a personas naturales de clase media y trabajadora.
Es una iniciativa que recauda $15,2 billones aportados por los que más tienen: personas jurídicas, sector financiero con una sobretasa, repatriación de capitales y venta de activos en proceso de extinción de dominio. Como también se preveen mecanismos contra la evasión y medidas de ahorro mediante un plan de austeridad y eficiencia en el gasto público.
Esta Ley tiene el propósito también de enviar un mensaje a las calificadoras de riesgo, necesaria para proteger las tasas de interés y la inversión externa, que ya reaccionó positivamente, como ayudar a detener el déficit fiscal. Pero lo más importante es financiar programas sociales desfinanciados como Ingreso Solidario con un alcance de 3 millones de hogares pobres, contribuir en la financiación del programa Matrícula Cero en las universidades públicas, y apoyar la reactivación económica con el programa de subsidio a la nómina de las empresas que mantengan los empleos PAEF, como apalancar el programa de jóvenes con un subsidio de un 25% del salario a quien emplee personas entre 18 y 28 años.
En el trámite de la Ley aquí analizada, aparecen otros elementos a ciertos sectores de reactivación y saneamiento como el apoyo a los sistemas de transporte masivo, la reducción transitoria de sanciones y de tasas de interés a sujetos de obligaciones administradas por la DIAN, así como respecto a impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial. Líneas de crédito con tasas compensadas a través de Findeter y Bancoldex a empresas y entidades territoriales que busquen invertir en proyectos productivos.
Así de sencilla es la nueva Ley Tributaria, pero con mensaje claro de ser progresiva, gravando a los que más tienen, y como “el palo no está para cucharas” no tocando a los sectores populares en lo que tiene que ver con el gravamen, pero con el destino de éstos facilitan para que el Estado cumpla con la función de orientar la inversión a estos sectores desprotegidos.
Quiera Dios que los programas de austeridad y de ahorro en el sector público prescritos en esta Tributaria, sea el inicio de una política pública orientada achicar gasto y burocracia.
